El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Domingo Méndez, uno de los rostros más visibles en la batalla de la sociedad civil para defender la independencia judicial de El Salvador y quien encabezó la comitiva que este martes acudió a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, habla sobre la persistencia del bloque manejado por el partido en el gobierno para desarticular el máximo tribunal para la justicia constitucional del país.
El abogado habló con El Diario de Hoy luego de la audiencia en la que se enfrentaron a la representación del estado salvadoreño que respondió a la demanda interpuesta ante el organismo hemisférico, ente rector para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los que la justicia es medular.
Según Méndez, por la vía jurídica los resquemores del ejecutivo y el legislativo contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional no tienen defensa, pero el conflicto ha tomado dimensiones políticas que han complicado el panorama con una seria amenaza a la independencia judicial.
Como demandantes, ¿qué puede destacar de la audiencia ante la CIDH luego de escuchar las valoraciones de relatores y de defensa del estado salvadoreño?
Considero que el tema en cuanto a la posición nuestra es muy difícil no aceptar, es la posición como delegación de la sociedad civil de El Salvador. Las actuaciones de violación a los derechos humanos en la vía de la independencia judicial han sido muy claras de parte del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, realmente el problema básicamente no puede defenderlo jurídicamente, lo que pasa es que se ha convertido en un problema político.
¿Qué estarían esperando como parte demandante?
Nosotros esperamos que con la documentación que hemos presentado y los elementos y las intervenciones de mis colegas, estamos confiados y esperanzados en que la Comisión Interamericana nos conceda verdaderamente lo que nosotros pedimos, un informe favorable a la posición de la sociedad civil que hoy representamos, que puedan practicar una especie de inspección al país, para que lo comprueben; además de la cantidad de documentos que le hemos traído y que estamos dispuestos a seguir ampliando cuando más sea necesario.
¿A criterio de esta delegación, persiste entonces la amenaza contra los magistrados?
Están pendientes una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tratando de procurar que se anule la elección de la Sala de lo Constitucional con los cuatro magistrados, hay antejuicios abiertos, denuncias en la Fiscalía, o sea que está latente. La espada de Damocles sigue encima de la Sala de lo Constitucional.