Ya transcurrieron tres años desde que la ley penaliza la pertenencia a las pandillas, pero esta legislación no ha tenido el impacto esperado por la población en contra de esos grupos ilegales porque, lejos de contar con una serie de engorrosos requisitos para acusar a alguien de ser pandillero, ha quedado en el olvido desde que las pandillas pactaran no agredirse entre sus integrantes.
Fuentes de la Policía aseguraron que el artículo 345 del Código Penal que se refiere a la criminalización de las maras ya no se aplica desde que comenzó la denominada tregua entre las pandillas, pero que el gobierno ha preferido llamarle proceso de pacificación.
Hasta el momento se desconocen los alcances en materia de justicia penal que ha arrojado la penalización por pertenecer a las pandillas.
El único dato que se conoce es el que se refleja en un informe de Fusades sobre los cuatro años del gobierno de Mauricio Funes que señala que 180 personas han sido condenadas por la aplicación de la Ley Antipandillas entre el periodo de junio de 2012 hasta abril de 2013 de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General.
La penalización por pertenecer a pandillas tuvo su origen en octubre de 2010 como una medida emergente del actual gobierno ante la ola de repudio de la población salvadoreña por la quema de un microbús de la ruta 47 en el que murieron 17 personas, entre pasajeros, motorista y cobrador; la noche del 20 de junio de 2010 en Mejicanos.
Las autoridades de Seguridad Pública han calculado que las pandillas están integradas por 60 mil integrantes, sin contar con la base social que podría ascender a más de 200 mil personas que corresponden a familiares y simpatizantes.
El criminólogo y articulista de El Diario de Hoy, Carlos Ponce, señala que “su proposición y aprobación no fueron más que actos políticos que no tuvieron impacto sobre la investigación y persecución de las pandillas”.
Agregó que “este gobierno se ha caracterizado precisamente por solo aparentar que trata de controlar el problema delictual, mientras la realidad es que la situación se ha recrudecido y complicado aún más”.
Por su parte, el exdirector de la Policía, Rodrigo Ávila, denuncia una “clara violación a la ley” porque señala que el artículo 345 del Código Penal declara a las pandillas como grupos criminales y las mismas autoridades han tolerado la presencia de estos grupos hasta en los actos públicos.
“Hay una burla a la ley. Según la ley deberían de meterlos presos de inmediato, es más son hasta confesos, porque públicamente están diciendo que son los cabecillas de las pandillas”, dijo Ávila.
Lo que más critica Ávila es que las mismas autoridades de Seguridad Pública y municipales se sienten junto a los cabecillas de las pandillas en algunos eventos públicos y estos todavía tienen el descaro de decir que llegan en representación de las pandillas MS y 18.
Además, cuestiona que hayan funcionarios de organismos extranjeros que estrechen las manos de estas personas que, según Ávila, son delincuentes porque la misma legislación penal así lo señala.
Sostuvo que “nos estamos haciendo del ojo pacho y veo un incumplimiento de la ley, lo que beneficia a las pandillas” al referirse de que las autoridades ya no les aplican la ley a los pandilleros.
Agregó que “no es lo mismo sentarse a la par de alguien que dice que se quiera salir de las pandillas, que sentarse a la par de alguien que dice representar a las pandillas. La ley dice que las pandillas son ilegales al igual que lo son los narcotraficantes”.
Recordó que cuando se anunció que el ser pandillero iba ser considerado como delincuente, se generaron grandes expectativas no solo entre la población en general sino que también entre los mismos pandilleros al grado que “hubo migración hacia otros países por la expectativa de que el Estado iba a venir con fuerza, pero ¿qué pasó?, el Estado los que le dio fue televisores, prebendas, fiestas y orquestas”.
Ponce señala que desde su gestación, la Ley Antipandillas no es más que otra ley que ha recopilado lo que ya está contemplado en otras normativas penales para combatir a esos grupos.
“No contiene nada novedoso, nada que cambie significativamente la forma en que se investiga y procesa a las pandillas bajo la normativa existente antes de su aprobación”, dijo Ponce.
Ávila sostiene que tal parece que los pandilleros ahora se sienten más orgullosos de ser integrantes de esos grupos porque de esa manera pueden obtener más beneficios.
También cuestionó el hecho de que no se aplica el inciso del artículo 345 que castiga con cárcel a las personas que reclutan a menores para incorporarlos a las pandillas.
Ninguna persona ha sido procesada y mucho menos condenada por reclutar menores, explicó.
En ese sentido, Ávila aseguró que el reclutamiento de menores para incorporarlos a las pandillas se ha incrementado desde el inicio de la tregua. A raíz de esa pasividad que muestran las autoridades de Seguridad Pública al no aplicar la ley que prohíbe la existencia de las pandillas, el Estado mismo es el responsable de estar promoviendo el desarrollo de esos grupos, según Ávila.
Y agrega que en vez de estar fortaleciendo a las pandillas, lo correcto sería erradicarlas, pero con instrumentos legales para combatirlas complementadas con medidas preventivas que eviten el desarrollo de esas agrupaciones.
“Es el mismo Estado el que promueve este tipo de grupos, el Estado es el culpable porque no cumple la ley que el mismo aprueba y esta siendo tolerante con las pandillas”, señala el exdirector de la Policía.
Absorbidos por una subcultura
Otros de los peligros que ve Ávila con el desarrollo de las pandillas en las comunidades y colonias es que sus residentes se vayan acostumbrando a vivir con las normas que les sean impuestas por los mismos pandilleros.
Agregó que el fortalecimiento que han tenido las pandillas con la supuesta tregua es que los residentes de las comunidades y colonias asediadas por los mareros están siendo absorbidos por una subcultura de las pandillas.
“Las maras están cambiando los patrones culturales, sociales y la gente se esta acostumbrando a vivir con eso”, dijo Ávila. Agregó que “desgraciadamente se está promoviendo la creación de una subcultura al interior de la sociedad salvadoreña, una subcultura que ve en las pandillas como algo común, algo del diario vivir, algo con lo que no solamente hay que convivir sino a lo que hay que asimilarse”.
Ávila sostiene que lo peor es que los mismos pandilleros han asegurado que no pueden dejar de extorsionar porque de eso sobreviven y el mismo gobierno ha aceptado la postura de las pandillas, y así de esa forma “se nos esta condenando a que en el futuro nuestra sociedad se divida en dos, la sociedad pandillera y la sociedad con valores tradicionales”.