El desembolso de los $277 millones de la Corporación Reto del Milenio, MCC, por sus siglas en inglés, para el mega- proyecto de infraestructura, logística y desarrollo humano en la zona costera de El Salvador seguirá en discusiones luego del cierre del periodo de observaciones por parte del Congreso de Estados Unidos, que valida el desembolso del fondo.
La aprobación del dinero de la cooperación estadounidense, condicionado a indicadores de desarrollo y facilidades para hacer negocios en el país; además de superar cuestiones de transparencia y buen gobierno, fue aprobado a mediados de septiembre por la junta directiva de la agencia donante, para que diera el visto bueno final el legislativo, y así pasar a la etapa de las transferencias.
Una fuente de la MCC cercana al proceso explicó a El Diario de Hoy que, si bien el período de observaciones al Segundo Compacto por parte del Congreso culminó el 3 de octubre, en seguida se ha comenzado conversaciones informales entre los directivos de la oficina cooperante y las autoridades del gobierno salvadoreño para discutir sobre las dudas y señalamientos hechos por los legisladores.
Dijo que no hay una fecha definitiva para ver la materialización del desembolso que espera El Salvador para iniciar las obras en la franja costera de los departamentos de La Libertad, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión, pues este martes quedarían varadas también las operaciones de la agencia si no hay un acuerdo en el congreso para el presupuesto federal, por el que están parados cerca de 400 mil empleados federales y otra cantidad mayor se sumaría a partir del miércoles 16 si continúa la pugna en el Congreso.
También la fuente agregó, a condición de anonimato, que luego de la aprobación del segundo compacto hay observaciones que superar para llegar a la entrega de los $277 millones avalados al país luego de ser elegible para un segundo desembolso por haber desarrollado con éxito el Fomilenio I en la franja norte de El Salvador con una donación de $460 millones.
El senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont y el congresista Matt Salmón, republicano de Arizona, ambos presidentes de los dos subcomités del Senado y de la Casa de Representantes, que tienen a su cargo proceder con el visto bueno para soltar los fondos de los contribuyentes estadounidenses orientados a donaciones en el exterior, han dejado registro en el Congreso de no estar totalmente de acuerdo con el Fomilenio II.
La noche del 17 de septiembre reciente, días después del voto final al proyecto por parte de la junta directiva de la MCC, el senador Leahy, dejó constancia que todavía había demasiadas dudas que despejar antes de tener un voto para erogar el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos hacia nuestro país.
Este influyente senador de la Cámara Alta adujo entonces que hay problemas de corrupción en el gobierno salvadoreño, ineficacia para combatir el crimen, abuso de poder de funcionarios electos; además de la permanente amenaza que representa para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la venia del grupo de partidos aliados al FMLN que buscan la destitución de los magistrados u obstaculizar su trabajo.
A esto se suma los pocos incentivos para hacer negocios en el país, cuyos indicadores han ido en detrimento, algo que no es compatible con el espíritu de la Ley de Creación de la Corporación para el Reto del Milenio, según han dejado constancia los legisladores en los registros del congreso antes de dar un voto para el Segundo Compacto con El Salvador.
En esa oportunidad el senador Leahy dijo: “En primer lugar hay que reforzar de manera significativa la capacidad de la oficina del Fiscal General y la policía para combatir el lavado de dinero, que es un problema creciente y que está impulsando las formas ilegítimas de hacer negocios.
El presidente Funes anunció recientemente la creación de una unidad policial especial para este propósito y le felicito por ello, pero aún está por verse si tal unidad recibirá los recursos necesarios para ser efectiva, y si no se contamina por los mismos criminales que debe investigar y llevar ante la justicia”.
Además, el senador Leahy ha dejado en claro que hay preocupación en varios de sus colegas de la Cámara Alta y de la Casa de Representantes sobre funcionarios públicos que ocupan cargos importantes, y que valiéndose de su posición han colocado a personas en los estamentos de la policía y de la seguridad pública, cuando no deben estar ahí por existir evidencias de su participación en actividades ilegales.