Funes reclama al Fiscal por investigar caso El Chaparral

Para el mandatario, Martínez no tiene nada que indagar en ese caso porque haber pagado $108.5 millones por la obra inconclusa es legal

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Aspecto del proyecto El Chaparral sobre el río Torola. El gobierno hizo millonario pago por el trabajo inconcluso. Foto EDH/Archivo

Por Mirella Cáceres politica@eldiariodehoy.com

2013-10-05 10:00:00

El presidente Mauricio Funes cuestionó ayer al Fiscal General, Luis Martínez, por haber iniciado una investigación en torno al pago de $108.5 millones que su gobierno hizo vía arreglo directo por la presa hidroeléctrica El Chaparral sin que la obra estuviese terminada.

A juicio del mandatario, el Fiscal pierde su tiempo al abrir un expediente por el acuerdo al que llegó su administración con la empresa Astaldi de interrumpir el contrato para construir la presa y pagarle esa cantidad de dinero, que incluye $32.5 millones adicionales para no ir a un arbitraje internacional y se erogara una cantidad mayor. Ese arreglo fue apegado a ley, dijo.

“Entonces, señor Fiscal, ¿qué tiene que investigar, qué irregularidad hay en esto? Si está claro que si no se termina el contrato por la vía de la negociación directa lo que el Estado salvadoreño hubiera tenido que desembolsar es una suma muy superior a la que resultó de la negociación”, le lanzó el presidente.

Y fue más allá, le dijo que “La novia no está para tafetanes” y que la Fiscalía tiene suficiente trabajo como para perder el tiempo investigando un proyecto estatal en el que dice “No hay nada oscuro” y ninguna irregularidad.

“La Fiscalía General de la República tiene suficiente trabajo como para no estar perdiendo tiempo investigando casos donde públicamente, porque es un caso transparente, se puede ver que no hay ninguna irregularidad”, defendió Funes durante casi quince minutos de su programa sabatino.

La reacción del mandatario viene luego de que el Fiscal Martínez anunciara que el 3 de octubre pasado ordenó iniciar la investigación sobre El Chaparral, una obra cuyo costo global pactado originalmente fue de $220 millones.

Pero la administración Funes, a través del presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), Leopoldo Samour, decidió negociar el fin del contrato, lo que significó erogar casi la mitad del monto global, cuando las obras tenían un avance de 23 %.

No obstante, Funes dijo que según evaluación de peritos el arreglo se hizo sobre un avance de la obra del 38.7 % y con la venia de la Corte de Cuentas. “Allí no hay nada oscuro, allí no hay nada amañado, allí no hay nada que se haya hecho sino apegado a la ley, y en el caso del presidente de Cel, fue autorizado por su junta directiva, incluido el directivo representante de la ANEP”.

Pide celeridad

En ese sentido, le insistió al Fiscal que no hay nada que investigar, aunque le pidió celeridad en esa empresa a fin de dejar claro que no hizo nada ilegal. Asimismo, pidió agilizar la investigación sobre el contrato entre la Cel y Enel, que a su juicio se hizo de una “forma un tanto oscura” y “amañada” durante la presidencia de Francisco Flores, un tema que ha venido resaltando en sus discursos, sus declaraciones a la prensa y en sus programas radiales sabatinos.

“Ojalá que a la brevedad posible el Fiscal nos aclare si desde el punto de la Fiscalía se cometió o no un delito en lo que, como bien recordó el señor Billy Sol en una entrevista, que yo di en llamar la estafa del siglo”, demandó.

Funes le achacó a Martínez que se ha demorado en dar resultados de la investigación del caso Cel/Enel pero sólo tardó horas en abrir investigación sobre El Chaparral “porque la pidió ARENA” , por lo que espera que en la investigación le quede claro a ese partido y a Sol Bang, el expresidente de la Cel, “que se pagó lo que se debía pagar como producto de la negociación, y que esta erogación adicional que tuvo que hacer el Estado tenía una justificación y que no se violentó la ley”.

También le pidió a la Fiscalía que aplique aquello de “O todos en el suelo o todos en la cama” y no vaya a dejar en el archivo una investigación que le ha solicitado el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) sobre un caso de lavado de dinero y defraudación fiscal que ronda los 10 millones de dólares, y que según dijo involucra a exfuncionarios de gobierno y un expresidente de la República, a quienes no identificó.