La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha declarado en rebeldía al exalcalde de Quezaltepeque, Manuel de Jesús Flores, y a ocho de sus concejales, mediante una notificación oficial de la Cámara Segunda de Primera Instancia del ente contralor emitida el 9 de septiembre.
La notificación, a la que tuvo acceso El Diario de Hoy, sostiene que se señala a los exfuncionarios de “rebeldes” porque no respondieron a un pliego de reparos sobre auditorías hechas a la comuna, como lo señala el artículo 68 de la ley de la Corte de Cuentas.
Este emplazamiento, con relación a los expedientes II-IA-35-2013 y II-JC-69-2013, se originó porque los funcionarios bajo investigación no respondieron al requerimiento de la Cámara para que presenten las pruebas pertinentes que desvanezcan los casos de los que son investigados antes de que lleguen a una sentencia en firme.
De acuerdo con el reglamento jurisdiccional de la Corte, el ente contralor está obligado a emitir sentencia definitiva si no reciben las pruebas pertinentes, a más tardar 90 días después de la declaratoria de rebeldía.
El procedimiento, según la ley de la contraloría, indica que si la Cámara de Primera Instancia emite una sentencia, los funcionarios señalados pueden apelar a la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, y si no presentan algún recurso la sentencia queda en firme.
Al final, existe la posibilidad de acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como último recurso.
Según dijo el exalcalde y ahora diputado por el FMLN, se trata de reparos administrativos y patrimoniales de los que no presentaron a tiempo las pruebas para desvanecerlos. No obstante, aseguró que nunca fue notificado de dicha declaratoria.
“¿Dónde está que ya firmé de recibido esta notificación? Hay una cantidad de informes y todos se registran bajo códigos. No tengo esto, no he recibido esto (notificación)”, aseguró Flores.
A su juicio, el término “rebelde” tiene un sentido que puede traer confusiones.
“Si las pruebas no se presentan lo declaran rebelde, eso es todo. No es rebelde en el término penal. Hay que diferenciar, pero algunos (opositores) se contentaron porque me declararon rebelde. La palabra rebelde se presta a muchas interpretaciones”, aseveró el exedil.
Aunque dice no haber recibido la notificación, Flores asegura que los demás funcionarios sí la recibieron y que presentaron los alegatos correspondientes, y alegó que él se encontraba fuera del país cuando las notificaciones fueron entregadas.
Los demás funcionarios declarados rebeldes son los concejales María del Carmen Fuentes Uribe, María Isabel García, Wilfredo Francisco Parada Galán, Gloria Alicia Lemus Sánchez, José Mauricio Iraheta Aquino, Herbert Amilcar Chicas Sánchez, Rafael Antonio Quintanilla Valdez y Fátima Carolina Sánchez Villalta. Esta última es hija del candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén.
Los regidores que no figuran en la notificación de la Corte de Cuentas son los suplentes Juan Francisco Guzmán Escobar, Verónica Jeannette Orozco Acevedo, el propietario Walther Alberto Huezo Maldonado, y el secretario de la comuna Carlos Ernesto Ortiz.
Se intentó consultar sobre el caso al presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, pero éste dijo por medio de su oficina de prensa que no podía dar opinión del caso pues “su condición” de presidente del ente contralor “no me permite ser juez y parte”.
Más reparos
La Corte de Cuentas también tiene otro pliego de 16 reparos contra la comuna correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, dos de los cuales son de carácter patrimonial (disminución del patrimonio de la institución), según el documento en poder de El Diario de Hoy.
El primero de ellos se refiere a la falta de documentación que sustenten gastos en los registros contables por valor de $119,267.33, y el segundo a la utilización no justificada para gastos de viáticos y mantenimientos eléctricos con dinero del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) de las comunas, destinado a obras de desarrollo, cuyo monto asciende a $8,794.
Los demás reparos son de carácter administrativo, por violar algunas disposiciones legales o por el incumplimiento de las atribuciones de los funcionarios señalados. (Leer detalles en recuadro).
En estos casos, de no presentarse las pruebas pertinentes y de declararse la sentencia en firme, los responsables serán sancionados con el pago de una multa, cuyo monto se determinará de acuerdo con la gravedad de la falta y la jerarquía del funcionario, según la ley de la CCR.
Uno de estos casos, el hallazgo No. 5, se refiere a un préstamo realizado a los fondos Fodes que no han sido reintegrados, de acuerdo con los hallazgos de la Corte de Cuentas, los cuales fueron utilizados para el pago de salarios, aguinaldos y dietas.
Se trata de $129,800 para gastos de funcionamiento, de los cuales solo se han reintegrado $4,212.29, señala el documento del juicio de cuentas en mención.
Flores justificó que estos no son casos condenatorios y que pueden ser solventados.
Eso sí, entre sus argumentos está que la administración actual de la comuna no les permite acceder a la documentación, y aseguró que el acta de traspaso sólo fue firmada por él y la Corte de Cuentas, no por el nuevo concejo.
“Los concejales han ido y no les han dado información”, advirtió, y agregó que han respondido como defensa que no tienen acceso a los datos.
Reparo por bicicletas
Otro de los casos que no ha podido desvanecer el concejo que presidía Flores, y que aún se encuentra en proceso de sentencia, es otra auditoría realizada a la comuna entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, donde se establece un reparo con responsabilidad patrimonial.
En el mismo, la Corte cuestiona en el expediente II-IA-74-2012/JC-05-2012 la existencia de un LCD Plasma de 32 pulgadas para el programa “Equipamiento de Despacho Municipal 2010” por un valor de $1,500, la compra de una aspiradora por $500, y la adquisición de 25 bicicletas por un valor $2,014 para un programa de ciclovía para niños del municipio.
Flores, en su defensa, sostuvo que no han tenido acceso a la información en poder del concejo actual porque, aseveró, no le permiten acceder a los mismos.
Por su parte, el edil Carlos Figueroa, de ARENA, señaló que no hay detalle de la existencia de dichos bienes. Al contrario, sostiene que en su despacho hay un televisor, pero que el mismo no corresponde al precio señalado.