El padre Pepe Moratalla, director del Polígono Industrial Don Bosco, vivió momentos de tensión, ayer, cuando decenas de inconformes con el cierre de Tutela Legal se concentraron frente a la oficina del Arzobispado de San Salvador y le impidieron salir del lugar a bordo de su vehículo.
La negativa de los representantes de grupos de izquierda era porque alegaron que el sacerdote podía llevarse en su automóvil documentos con casos de violaciones a derechos humanos cometidas en El Salvador durante la guerra de los 80.
Aunque en reiteradas ocasiones el salesiano intentó explicarles que no tenía intención de llevarse ningún archivo y que solo necesitaba sacar su automóvil, los protestantes no accedieron y se colocaron en fila frente al portón para bloquearle el paso.
“El padre Pepe lo que pretendía era sacar su carro, yo lo conozco, y él les decía que tampoco llegaran a esos extremos, pero también aquí manda la mayoría”, dijo uno de los manifestantes.
Tras varios minutos de intentar convencer a los denunciantes, el sacerdote se marchó en el carro de otra persona que llegó a recogerlo.
Los demandantes se quedaron profiriendo insultos contra el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, a quien acusaron de clausurar “irracionalmente” Tutela Legal, que por más de 30 años brindó asistencia jurídica a la población y promovió los derechos humanos.
“En Tutela Legal tenemos muchos casos históricos, como el de las matanzas en el Mozote y el Sumpul, que no son propiedad de la Iglesia Católica ni de un obispo… Monseñor Alas, sepa que lo tenemos en la mira”, advirtió Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de Salud y de Red Acción para la Salud en El Salvador (Apsal).
En la protesta, los asistentes también cerraron la calle, lanzaron huevos al portón del Arzobispado y escribieron consignas contra el prelado.
Antes de marcharse, los manifestantes dijeron que acudirán hoy, a las 9:00 de la mañana, a la Asamblea Legislativa, para pedir a los diputados que se pronuncien sobre el tema y dispongan que los 50 mil archivos que, según ellos, hay en Tutela Legal pasen a manos del Gobierno.
Estado podría recibir archivos
El presidente Mauricio Funes aseguró que tras la clausura que decidió el arzobispo sería idóneo que el Gobierno conserve los documentos.
“Esos archivos son propiedad de Tutela Legal y al dejar de funcionar lo ideal sería que el Estado colabore en la custodia de esos archivos. Nosotros estamos en la posibilidad de hacerlo, pero esa es una decisión que debe tomar el Arzobispado”, dijo Funes, al traer a cuenta de “los miles y miles de archivos de casos que nadie más se atrevió a investigar”.
El presidente agregó que le tomó por sorpresa el cierre de la institución pero aclaró: “No puedo juzgar al arzobispo porque no sé las razones que llevaron a cerrarlo”.
Funes dijo que si la iglesia entrega los archivos al Gobierno habrá que ver legalmente a qué institución (como la Policía, la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia) le correspondería recibirlos.