Las acusaciones en la supuesta corrupción del bulevar Diego de Holguín contra el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, carecen de pruebas, no son objetivas, son imparciales y contradictorias, según su abogado, René Castellón.
Nieto ha sido acusado por el Ministerio Público de haber cometido los delitos de peculado, falsedad documental agravada y falsedad material en la construcción del segundo tramo del referido bulevar cuando fue ministro de Obras Públicas entre 2007 y 2009.
Sin embargo, para Castellón no existe una sola prueba que incrimine a Nieto en las acusaciones que le imputan, donde también están siendo procesados su exviceministro Sigifredo Ocho Gómez y otros funcionarios del MOP, de la empresa Copreca y la supervirosora.
El abogado presentó la semana anterior un recurso de apelación para que se revierta la orden de captura contra Nieto desde la audiencia inicial que se realizó el 17 de septiembre en el Juzgado Quinto de Paz. Nieto se encuentra prófugo aduciendo una persecución política.
La Cámara Segunda de lo Penal revisará la petición y decidirá su futuro legal.
De acuerdo con el documento, la misma Fiscalía aclaró que la solicitud de licitación y adjudicación de la obra y los problemas de la obra la hizo el anterior ministro, (David Gutiérrez).
“En tal sentido, esa situación creada por el anterior ministro (David Gutiérrez) tenía que ser resuelta por Nieto sin que haya sido creada por él. Si existió un dolo, no puede alcanzar a Nieto, ya que lo único que realizó fue un comportamiento apegado a derecho”, relata el recurso.
Agrega que cualquier comportamiento doloso o defraudatorio previo no alcanza al exministro Nieto.
“Las irregularidades que se afirman sucedieron durante el proceso de licitación, no son competencia del licenciado Nieto Menéndez”, afirma el escrito.
El documento aclara a los jueces que la adquisición del derecho de vía que también ha sido cuestionada, tampoco fue competencia en el periodo de Nieto. Además la disolución de las empresas Copreca, S.A. y Linares, S.A. no dependió del exministro Nieto.
El documento detalla que “tampoco fueron de competencia del imputado los pagos efectuados antes de su gestión; sin embargo, se le pretenden responsabilizar de esos pagos”.
“Es absolutamente imposible que se le impute al exministro Nieto la modificación de la obra (de dos a cuatro orejas), ya que fue antes que él fungiera como ministro”, dice la petición.
Para la defensa “no fue de competencia de Nieto que durante el proceso de licitación se haya movido un puente (orejas) y que a causa de esa modificación, este pasara por una zona protegida”.
Dentro de todo la construcción de esa modificación paralizó la obra; sin embargo “fue una situación que en ningún momento incumbió a mi representado”, afirma le documento.
“Todos y cada uno de los retrasos acontecidos durante el inicio de la realización de la obra, no fueron responsabilidad de mi ofendido”, resalta la petición que realizó Castellón a los jueces.
Vulneración al principio de igualdad y objetividad
El recurso establece que en la acusación contra Nieto se ha afectado el principio de igualdad, ya que se ha incumplido el artículo 3 de la Constitución de la República, porque la investigación es “parcializada y selectiva”.
Relata “que no ha incluido inexplicablemente a sujetos que forman parte de los hechos que el actual ministro de Obras Públicas, (Gerson Martínez) puso en conocimiento y por el contrario, le ha dado calidad de imputado a Nieto, quien actúo apegado a la ley y tratando de disminuir los riesgos en los que encontró el Ministerio de Obras Públicas”.
También se vulneró el principio de imparcialidad, ya que se afectaron derechos fundamentales como la inocencia y libertad ambulatoria de todo ciudadano, detalla el documento.
Agrega que no es objetivo, ya que el ente fiscal “no puede cambiar la esencia de los hechos que se ponen en su conocimiento de manera antojadiza, porque de lo contrario incurre en subjetividad y lo peor, corre el riesgo de incurrir en la arbitrariedad”.
“El caso que nos ocupa es una muestra de vulneración a la objetividad, en detrimento total de lo que se regula en el inciso segundo del artículo 74 del CCP”, se lee en el recurso.
Para la defensa el requerimiento del Ministerio Público también vulnera el principio de lesividad, “ya que quienes verdaderamente han lesionado los bienes jurídicos… son los grandes ausentes en el requerimiento de la Fiscalía”.
Por último la petición de la defensa alega que se ha vulnerado el principio de responsabilidad penal. A juicio de Castellón, la responsabilidad penal sólo puede ser atribuida a una persona cuando haya dolo o culpa, “y no desde ningún punto de vista por responsabilidad objetiva, ya se estaría dando una imputación ciega, que no ve más allá de la identificación de un resultado que se considere delictivo”.
En el escrito Castellón establece que “desde ningún punto de vista se le puede imputar la realización de un comportamiento doloso, ni menos descuidado, por cuanto el ámbito en el que se desenvolvió, requería que las decisiones que se iban a tomar, pasaran por el tamiz de distintas opiniones técnicas”.
Castellón presentó a los jueces documentos que demuestran que Nieto ha sido una persona honorable, con arraigo familiar y profesional. Se han anexado toda la documentación donde se comprueba los diferentes cargos que ha tenido.