La amenaza permanente contra la independencia judicial del país por el acoso del que son blanco los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo del Estado salvadoreño son el punto medular de la demanda interpuesta por Aliados por la Democracia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
Los demandantes, aglutinados en la coalición cívica, que aglutina a decenas de organizaciones del país, documentaron ante la Comisión 47 casos de altercados para hacer cumplir fallos y las persistentes amenazas contra los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco Y Rodolfo González.
Ante estos hechos, los Aliados por la Democracia pidieron que esa instancia rectora de los derechos humanos emita medidas cautelares para que se respete la integridad de los cuatro constitucionalistas y se dé certeza jurídica en El Salvador.
La comitiva que viajó a Washington para iniciar la querella contra El Salvador estuvo integrada por el abogado José Domingo Méndez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y representante de Concertación Democrática Nacional; la directora del Instituto de Estudios de la Mujer (Cemujer), Ima Guirola; el director de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro De León; el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Federico Hernández, y el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ( ANEP), Arnoldo Jiménez, entre otros que amparan la demanda.
Méndez expuso a la comisión, presidida por la alta representante del CIDH, Rosa María Ortiz, y los relatores Rose Marie Antoine y Rodrigo Escobar Gil, la delicada situación para la justicia salvadoreña con la permanente amenaza contra el máximo tribunal de justicia por parte, según la denuncia, del mismo presidente Mauricio Funes y del partido en el gobierno.
Hizo un recuento cronológico para poner en contexto la demanda que busca la atención del organismo, bajo el argumento que la independencia judicial es parte medular en la garantía y protección de los derechos humanos.
En el formato de la audiencia realizada en el Salón Rubén Darío del edificio administrativo de la OEA, los demandantes y la defensa del Estado, representada por el embajador adjunto de la Misión Permanente de El Salvador ante la OEA, Luis Menéndez; el subsecretario de Inclusión Social de la presidencia, Carlos Urrutia, y dos delegadas más del Ejecutivo salvadoreño, tuvieron que someterse a los tiempos de exposición de sus argumentos.
Petición concreta
Ima Guirola, de Aliados por la Democracia, en su intervención se apuró a pedir las medidas cautelares por parte del CIDH para garantizar la independencia judicial y que se cree una relatoría especial sobre la situación de El Salvador con investigaciones sobre el terreno para verificar los señalamientos.
“Las peticiones que estamos haciendo van en función de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las grandes amenazas probadas y comprobadas contra la independencia judicial en El Salvador y en particular contra la Sala de lo Constitucional”, dijo Guirola.
La representante agregó que piden que “se decreten medidas cautelares en cuanto a la protección e integridad de los magistrados y magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la actualización y una investigación para analizar en profundidad y constatar los hechos acá señalados y preparar nuevos elementos sobre la situación de la independencia judicial en El Salvador, por supuesto que estamos hablando también de un informe especial de la situación en el país con recomendaciones; lo que buscamos es el fortalecimiento institucional”.
La petición incluye también que la CIDH, en el trabajo de la relatoría especial se pronuncie y luego de la investigación in situ, se abra un expediente de denuncia contra el estado salvadoreño, por la situación anómala en el marco de institucionalidad democrática que demanda el país.
Por su parte, Javier Castro De León, en representación de Fusades, urgió a los miembros de la comisión actuar con premura para frenar lo que consideró una secuencia de ataques que se han dado contra el máximo tribunal de justicia del país desde 2010. “Estos ataques que vienen sucediendo contra la independencia judicial en El Salvador son conflictos que en apariencia son jurídicos, pero en el fondo son conflictos políticos orientados a debilitar a la Sala de lo Constitucional, se pretende controlar al principal control efectivo del poder que existe en el país”, expuso Castro De León.
Relatores preocupados
Tanto la presidenta de la CIDH, Rosa María Ortiz, como los relatores mostraron su preocupación ante lo expuesto por los peticionarios, por considerar que cualquier obstáculo para el fiel cumplimiento y cumplimiento óptimo de la justicia pone en aprietos el estado de derecho, amenaza la democracia y más importante aún el principio elemental de protección de derechos humanos que es el objetivo principal de la CIDH.
El relator Rodrigo Escobar Gil enumeró una serie de factores, dando la razón a la parte demandante sobre los riesgos que corre la independencia judicial y la erosión al estado democrático y de derecho cuando hay amenazas para no cumplir las sentencias.
“El tema que se plantea en la presente audiencia es de sumo interés para la Comisión Interamericana, al punto de que recientemente se reformó el reglamento de la CIDH, y uno de los criterios es la falta de independencia judicial, un elemento esencial en un estado democrático de derecho. Sin el poder judicial independiente es imposible la garantía y la protección de los derechos humanos”, expuso.
Agregó que el cambio de mayorías, orquestado desde un Legislativo, puede representar un claro ataque a la independencia judicial, al referirse al intento del fallido decreto 743, que exigía que los fallos del tribunal constitucional tuvieran efecto por unanimidad.
“Que el poder Ejecutivo o la Asamblea Legislativa ejerzan presión para la asignación de los jueces o de los operadores de justicia también es un atentado, el que se instauren causas disciplinarias para perseguir a los jueces y magistrados con base a sus decisiones, eso atenta también sensiblemente la independencia judicial; si los fallos de los jueces no se cumplen se está erosionando la democracia y el estado constitucional de derecho”, explicó Escobar Gil.
Defensa: “esta superado”
La representación del estado mantuvo la tesis que los argumentos expuestos y disertados por Aliados no son un problema real que amenace el estado de derecho y la estabilidad democrática del país.
Carlos Urquilla, subsecretario de inclusión social de la presidencia, explicó que todos los puntos señalados en la demanda han sido superados por el Ejecutivo y el Legislativo, pues se han cumplido las sentencias de la Sala y podían capitularse como el pasado.
A la pregunta de la presidenta de la comisión sobre por qué el Diario Oficial se había negado a publicar algunos fallos, Urrutia dijo que en muchos casos el Diario Oficial tiene un retraso por acumulación de trabajo y que de ahí dependen las demoras.