Pese a que los presupuestos de la Nación aprobados en 2011, 2012 y 2013, así como lo proyectado para 2014, reflejan un incremento, lo asignado para inversión pública es menor, según el desglose de los rubros.
A esto se suma que la constante ha sido el retraso en la ejecución de dichos fondos al final de cada ejercicio fiscal. Solo 2012 reflejó una asignación para inversión pública mayor que la proyectada incluso para 2013, esto pese a que el presupuesto aprobado ese año fue menor en comparación con 2011.
Sin embargo, la partida que crece casi al mismo ritmo que el presupuesto general es la del gasto corriente en los rubros de remuneraciones, bienes y servicios, gastos financieros y otros, así como las transferencias corrientes.
En 2011 el Estado presupuestó $4,503.5 millones. El dinero aprobado ese año para inversión pública fue de $396.6 millones. Esa cantidad representó en ese entonces el 8.8 % del monto total del presupuesto de ese año, y tan solo $86.9 millones más que lo asignado a la adquisición de bienes y servicios, que fue de $309.7 millones.
El monto anterior estaba incluido en la suma establecida para gastos corrientes, con un total de $2,735.5 millones, es decir, el 60.7 % de la suma general del presupuesto aprobado para 2011.
De este saldo se orientaron $1,385.6 millones para remuneraciones, es decir, el 30.8 % del presupuesto total.
En 2012 la cantidad fue menor en comparación con el año anterior a ese. Hacienda estableció el presupuesto en $4,203.4 millones, es decir, $300.1 millones menos con respecto al que la Asamblea Legislativa votó en 2011.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, justificó en ese entonces que aún así era mayor en 9.2 % porque no estaban considerando los Eurobonos.
La inversión pública de 2012 fue de $926.2 millones, comparada con 2011 representó un alza de $529.6 millones; sin embargo, según la oposición, el gobierno no cumplió ese año con la totalidad de sus compromisos, tales como el subsidio al transporte público, el bono para la alimentación de los policías y una parte de los fondos que corresponde a las alcaldías a través del Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fodes).
La diputada Mariella Peña Pinto, de ARENA, criticó en ese entonces que el gobierno heredó para 2012 una deuda de $44.9 millones.
De ese monto, $19 millones eran para la compensación del sector transporte público, otros $24 millones para las municipalidades, y $1.9 millones para el bono alimenticio de los policías.
El gasto corriente para 2012 se cifró en $2,998.1 millones, de los cuales, $2,021.2 millones fueron para remuneraciones y $897.5 millones para bienes y servicios.
La constante de que el presupuesto crece al ritmo del gasto corriente y con menor porcentaje para la inversión pública se mantiene también en el presupuesto aprobado para 2013.
Para ese año la Asamblea avaló un gasto de $4,505.3 millones, lo cual representó $301.9 millones más que el presupuesto asignado para el año previo.
Varios economistas hicieron críticas sobre el incremento ya que al analizar la composición de los ingresos, según los especialistas, el 72.2 % se destinó al gasto corriente, es decir, $3,255.8 millones, de los cuales $1,547.3 millones fueron para remuneraciones y $413.3 millones para la adquisición de bienes y servicios.
Analistas y diversos sectores del país recalcaron sus críticas sobre el gasto corriente de 2013, especialmente en el de la compra de bienes.
Lamentaron que en ese rubro se dedicó más dinero a la compra de vehículos de lujo, viajes, viáticos, laptops y otros bienes suntuosos, llegando a “niveles de despilfarro”, señalaron analistas como Rigoberto Monge.
Mínima inversión
Por si fuera poco en 2013 y pese al aumento en el gasto y en el presupuesto, la asignación para la inversión pública fue de $554.8 millones, 12.3 % del total del presupuesto gastado ese año y $371.4 millones menos que lo destinado para inversión pública en 2012 que fue de $926.2 millones.
“Si me dijeran que los $300 millones (de incremento en el presupuesto 2013) vienen por el aumento de la obra pública, por inversiones en infraestructura, en el patrimonio, no le vería problema, pero si es para gasto corriente, me deja muy preocupado porque estamos haciendo crecer el gasto, que es precisamente lo que tiene maltrechas las finanzas públicas del país”, comentó el año pasado Monge.
El economista Luis Membreño también opinó en esa ocasión que en lugar de aumentar la deuda se debió haber hecho un esfuerzo por reducirla o dejarla con el mismo monto que en 2012.
Para el próximo año la situación no cambia en cuanto a los montos asignados en el presupuesto proyectado para 2014. Este fue conocido ayer por la Asamblea Legislativa y enviado a la comisión de Hacienda para su análisis.
En el anteproyecto presentado por el titular de Hacienda se contempla un presupuesto para 2014 de $4,679.5 millones, es decir, con un aumento de $174.2 millones que el avalado en 2013.
Y al igual que en los años anteriores el rubro del gasto corriente sigue siendo mayor. Para el próximo año Hacienda proyecta gastar $3,328.6 millones, lo que representa el 71.1 % del gasto total.
En el rubro de remuneraciones se destinan $1,594.3 millones y para la adquisición de bienes y servicios $388.2 millones. La partida que no refleja dichos incrementos sigue siendo la de inversión pública. Para 2014 se proyecta gastar en esa área $619.6 millones.
Ese monto refleja apenas $64.8 millones para inversión pública que lo asignado en 2013. En cambio lo destinado para gasto corriente ese año en comparación con lo proyectado para 2014 es de $72.8 millones más.
A esto hay que sumarle que el ministro de Hacienda no incluyó los $24.8 millones para pagar el escalafón de los trabajadores de Salud Pública, Educación y otros contratos colectivos de trabajo como los de Gobernación. Estos últimos han protestado y el mayor impacto para la población ha sido en el área de Salud, ya que 14 hospitales de 30 han reducido la atención médica.
Analizarán presupuesto
El Ejecutivo considera que lo proyectado para 2014 es un presupuesto justo, pero acepta que dejará de pagar prestaciones salariales para no afectar los programas sociales. Así lo han expresado Cáceres y el presidente Mauricio Funes.
Sin embargo, los diputados de la Asamblea Legislativa recibirán el lunes 7 de octubre al ministro de Hacienda para cuestionar los gastos asignados a cada una de las carteras de Estado, entre otras inquietudes, especialmente por la falta de dinero para cumplir con los escalafones salariales.
Según la diputada Lorena Peña, del FMLN, son $35 millones los que el gobierno necesita para solventar el pago de las prestaciones salariales de varias carteras de Estado. La diputada ha dicho que el FMLN ya visualizó de dónde puede salir el dinero, pero se niega a revelar la partida.
En tanto que la diputada Carmen Elena de Escalón, de ARENA, cuestiona que en el presupuesto de 2014 hay “gastos escondidos”, como el del subsidio al gas y para la compra de medicamentos. Ante esto teme que se trate de nuevo de un plan de gastos “desfinanciado”, como en años anteriores, afirmó.
El diputado Mario Ponce, del PCN, explicó que analizarán el presupuesto, pero a su criterio, los diputados no podrán hacer muchos movimientos al mismo, sin antes consultar al Ejecutivo y a Hacienda si es factible trasladar fondos de una partida a otra.
Douglas Avilés, del CD, aseveró que habrá que analizar partidas que presentan un alza como las del gasto corriente en remuneraciones y compra de bienes y servicios.