SAN MIGUEL. Al menos una veintena de campesinos llegó el miércoles a la oficina fiscal de esta cabecera, con la idea de pedir que se agilice un proceso denunciado por ellos, en contra de la municipalidad de Nueva Guadalupe, porque los echaron de unas propiedades que les habían sido dadas en comodato.
Pero la respuesta no fue alentadora: “nos dijeron que los documentos de los comodato no fueron inscritos en el Centro Nacional de Registros (CNR), y que por eso no son válidos”, lamentó José Víctor Ulloa, miembro de la directiva de la Asociación de Agricultores de Nueva Guadalupe.
Esta asociación recibió dos propiedades municipales en comodato. Una de 5 manzanas en la zona conocida como La Piscina, cedido para 50 años y otro donde funcionó el Centa, de 2 manzanas, en comodato para 10 años.
Ahí los integrantes de esta asociación sembraban hortalizas y realizaban otras labores agrícolas, hasta que en marzo de este año, el actual edil decidió desalojarlos.
Ulloa sostiene que hace seis meses interpusieron una demanda por el desalojo, pero resintió que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado un proceso para investigar el caso, lo que despierta suspicacia.
Hoy los campesinos agrupados en el asocio buscan que alguien pague las pérdidas que tuvieron luego de ser expulsados de las propiedades.
Elmer Benavides, otro miembro de este asocio, dice que cuando les exigieron el desalojo, calculó una pérdida por 7 mil 500 dólares, que es lo que habían invertido en condicionar las propiedades y lo que habían gastado en la siembra.
“Teníamos chiles, tomates, repollos y varias hortalizas sembradas y desde que nos sacaron hasta ahora, el monto de la pérdida es mayor, porque como nos dejaron sin tierras, no podemos trabajar”, explicó Benavides.
Buscan que les paguen
Pero hay opiniones divididas entre los directivos de este asocio: Benavides dice que tienen que pagarles por las pérdidas, las que en la actualidad dice que podrían rondar los 10 mil dólares, pero además es de la idea de seguir luchando hasta recuperar las tierras y para ello han tratado de inscribir en varias ocasiones las escrituras del comodato, pero no se las aceptaron.
Ulloa dice que si la FGR les asegura que no hay caso qué perseguir, se quedará burlados por el concejo municipal anterior, que fue el que les entregó los falsos comodatos.
El Diario de Hoy buscó la versión de la fiscalía, pero tras varias horas de espera no fue posible entrevistar al jefe fiscal de San Miguel, Gregorio Villareal.
El edil Francisco Benavides señaló que cuando él y su concejo asumieron el cargo, sometieron a estudio jurídico las escrituras del comodato y que fue ahí cuando se percataron que estos no reunían requisitos básicos para ser considerados como legales.
“Ambos comodatos fueron hechos poco antes de las elecciones y la ley prohíbe hacer esto 180 días antes de los comicios y esto ya los hace ilegales; pero además nunca los registraron, porque solo los usaron para engañar a esos pobres campesinos”, argumentó el jefe municipal.
Pero eso no fue lo que provocó que la comuna expulsara a la asociación, sino una resolución de la Corte de Cuentas de la República (CCR), donde les ordenaban recuperar las tierras porque los comodatos tenían vicios de origen.
CCR auditó ambos comodatos por pedido del concejo.
La comuna recuperó las tierras en marzo y expulsó a los campesinos que las ocupaban bajo engaños.
El edil afirma que “en esa asociación solo habían 5 agricultores que se beneficiaban de todo eso y ahora nosotros hemos creado un asocio donde hay 57 campesinos involucrados, y los hay de todos los partidos”, dijo.
Este rotativo buscó versiones de exconcejales, pero nadie quiere hablar del caso.
Del exedil solo se supo que habita en una zona rural de San Vicente, sin ubicación precisa.
Un exconcejal le dijo a EDH, bajo anonimato, que le pidieron al exedil que arregle el asunto, porque nadie del concejo quiere problemas legales, sobre todo porque no les consultaron sobre los comodatos. Se enteraron meses después.