La Fiscalía General ha comenzado a investigar posibles irregularidades derivadas de la cancelación del contrato entre la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (Cel) y la empresa Astaldi por la inconclusa construcción de la presa El Chaparral.
El Fiscal General, Luis Martínez, confirmó que había ordenado la apertura del expediente de investigación, pero no dio mayores más detalles del caso.
“Ya ordenamos la investigación fiscal en el caso de El Chaparral. Esperemos qué resultados puedan pasar”, dijo Martínez de forma escueta ayer por la mañana.
Argumentando que quería evitar un arbitraje internacional que le costaría más al país, Cel pagó a Astaldi 108.5 millones de dólares, incluyendo 32.5 millones que han sido cuestionados por representantes de la oposición.
En documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy se establece que el presidente de Cel, Leopoldo Samour, propuso el “arreglo directo” a Astaldi.
Según los documentos, la obra fue paralizada debido a “imprevistos imprevisibles” en el terreno, según se argumentó. En su momento se llegó a decir que “la montaña se había movido” tras dos tormentas tropicales.
En un reciente comunicado, Cel se limita a decir que “en la margen derecha de la obra hay inestabilidad geológica” y que los técnicos deben proponer medidas adecuadas.
Ante esto, alegó que lo mejor era “parar, disolver el contrato, reevaluar las variables geológicas de la zona y emprender una licitación” con un contratista diferente.
Por lo mismo, Cel ha dicho que solo tenía dos caminos: ir a un arbitraje o negociar la cancelación del contrato.
Lo cierto es que la construcción de la represa El Chaparral tuvo que haberse completado con un monto de 220 millones de dólares, es decir, el pago de los $108 millones equivale a la mitad del costo total del proyecto.
Tomando en cuenta lo anterior, el diputado Edwin Zamora, quien ha promovido la investigación del caso en la Corte de Cuentas, prevé que la obra podría llegar a costar 300 millones de dólares para los contribuyentes.
Por su parte, Cel dice que “aún no se ha definido qué costo tendrá, finalmente, El Chaparral. Eso es parte de lo que se investiga en la actualidad”.
Recientemente, el presidente Mauricio Funes justificó el pago de los 108.5 millones de dólares. “Si el presidente de Cel no recurre a la negociación directa, inmediatamente Astaldi se va a un arbitraje internacional que le implicaría una erogación mayor al Estado, pérdida de tiempo y parálisis de la obra”, afirmó.
Por su parte, Cel argumentó que de esa forma “se evitaron las nefastas consecuencias de millonarias indemnizaciones…”.
En la documentación se encuentra una carta con fecha del 9 de julio de 2012, que el presidente de Cel le envió a Mario Pieragostini, apoderado legal de Astaldi, para solicitarle iniciar el proceso de “arreglo directo” con el que superarían las diferencias entre ambas partes.