Los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa tendrían que responder económicamente al igual que el presidente del Congreso, Sigfrido Reyes, si el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resuelve de forma definitiva que la Asamblea violó la ley de Transparencia al no entregar la información de asesores legislativos y partidarios.
El comisionado Jaime Campos explicó ayer que han notificado a los 14 integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea que deben responder de forma individual y en el lapso de 8 días si estuvieron de acuerdo o no en negar los datos de los asesores que el Instituto les solicitó en días pasados a raíz de una denuncia ciudadana.
Según Campos, en el expediente enviado por la Asamblea al Instituto no se revela si la decisión de negar la información requerida fue tomada de forma colegiada o hubo algunos directivos que no la compartieron.
“Lo han dicho públicamente, lo que nos interesa más allá públicamente es lo que consta en el expediente, en el expediente sino mal recuerdo no se ha dicho que la decisión fue unánime, sino que se dijo que la Junta Directiva había adoptado la decisión de no entregar la información, pero no se aclaró si fue en forma unánime”, aseveró Campos.
De no hacerlo, los 14 miembros de la Directiva tendrán que pagar una multa de sus bolsillos que podría oscilar en un máximo de $9,000 al igual que el presidente del Congreso, si es que después que haya hecho uso de su derecho de defensa el próximo 13 de septiembre el Instituto resuelve que sus argumentos no son válidos para negar los datos de los asesores.
Según Campos y de acuerdo con lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, aún cuando Reyes en su calidad de titular de la Asamblea lograse desvirtuar que la información a la que se negó brindar es confidencial y que por eso no la otorgó, el Instituto siempre tendrá que multarlo por haber “incumplido una medida del Instituto”.
Y si fuera el caso que se resolviera en su contra, el Instituto lo tendría que obligar a entregar los datos que no brindó, pero ya no al Instituto sino al ciudadano que interpuso la denuncia.
Y en última instancia, según Campos, fuera el caso que Reyes desatendiera la resolución definitiva el Instituto remitiría el caso a la Fiscalía General de la República.
Añadió el funcionario del IAIP que se podrían buscar otras medidas contempladas en la ley que podrían ser incluso la inhabilitación por un periodo de tiempo en su cargo público, en atención al artículo 78 de la normativa que habla de sanciones por reincidencia, dijo.