Murió esperando indemnización del Estado

El año pasado falleció de insuficiencia renal. La justicia se equivocó con él, condenándolo

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Neftaly, junto a su madre y su hermana, en marzo de 2004 cuando fue declarado inocente.

Por Jorge Beltrán Luna sucesos@eldiariodehoy.com

2013-09-07 7:00:00

Hace poco más de un año, José Neftaly C. falleció de insuficiencia renal. Vivía en un cantón de Tonacatepeque. Murió esperando que se hiciera justicia, que el Estado pagara por haberlo encarcelado injustamente.

Carranza fue condenado a 18 años de cárcel en 2003, luego de que la Fiscalía “le probara” que había violado a una menor de 11 años que además era su pariente. Producto de la violación, la menor quedó embarazada.

Con solo el testimonio de la menor y de la madre de ella, que estaba separada de Neftaly, más algunos peritajes, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso la condena.

Lo enviaron al centro penal La Esperanza, conocido como Mariona. Allí vivió la brutal masacre de más 31 reclusos el 18 de agosto de 2004.

Neftaly suplicó que investigaran a profundidad, pero por más que dijo a los jueces que era inocente, lo condenaron.

Cuando casi cumplía los dos años de estar descontando la sentencia, un abogado que conoció su caso lo ayudó.

Para entonces, la víctima de violación ya había tenido el hijo que ante el Tribunal había dicho que era producto de la violación de su padre.

El convicto no claudicó en su afán de demostrar su inocencia. Ese esfuerzo dio frutos. Logró que lo escucharan y que le hicieran una prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico) al hijo de su pariente.

Aunque la Fiscalía se oponía a que se le practicara esa diligencia, el Tribunal la ordenó.

A mediados de marzo de 2005, en una audiencia especial, el mismo tribunal que lo había condenado lo declaró inocente.

La prueba genética practicada al niño arrojó que éste no era su hijo; los jueces determinaron que la menor había mentido al decir que había quedado embarazada por la violación.

El Estado no le pagó los 10 mil dólares

En esa misma audiencia, el mismo Tribunal aceptó que la víctima los había inducido a un error y que por ello habían condenado a Neftaly. En un intento de resarcir los daños causados, condenaron al Estado salvadoreño a que le pagara 10 mil dólares por los 768 días que había pasado encarcelado de forma injusta.

Neftaly recuperó su libertad, pero su vida quedó marcada por la injusticia. No pudo recuperar su empleo en la alcaldía de Tonacatepeque donde trabajaba en el servicio de recolección de basura.

Con el tiempo, Neftaly formó un nuevo hogar. Sin embargo, la enfermedad renal lo fue doblegando hasta pasar mucho de su tiempo hospitalizado. Neftaly murió sin recibir justicia, sin recibir la indemnización a la que tenía derecho.