Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública revelaron recientemente que son 4 mil los espacios que buscan que queden libres para descongestionar las cárceles del país y al mismo tiempo las bartolinas policiales.
Según explicó el ministro del ramo, Ricardo Perdomo, la pretendida compra de brazaletes electrónicos, como parte del proyecto que está promoviendo en el marco del anteproyecto de Ley Reguladora del Uso de Vigilancia Electrónica, presentada hace unas semanas ante la Asamblea Legislativa, busca vigilar a un total de 4 mil reos de menor peligrosidad sin necesidad de que estén recluidos en un centro penal.
Algunos de esos espacios, no obstante, podrían ser utilizados más adelante para aliviar el apiñamiento en las celdas de las delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), en las que los detenidos no deberían permanecer más de 72 horas.
Que el sistema penitenciario nacional sea oxigenado depende de las negociaciones entre el Gobierno y los diputados, debido a que estos últimos aún no aprueban los fondos ya avalados por el Banco de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Moderno mecanismo de vigilancia
Las características técnicas particulares de los modernos aparatos electrónicos dependerá de la empresa que resulte ganadora del proceso de licitación, anotó Perdomo.
En términos generales, los brazaletes son dispositivos similares a un emisor de frecuencia similar a un teléfono celular que funciona a través de un sistema de geoposicionamiento (GPS).
Los dispositivos podrían ser colocados en alguna de las muñecas de las manos o en alguno de los tobillos de los prisioneros.
Luego, mediante un centro de monitoreo GPS, el dispositivo ayudaría a ubicar al prisionero tanto en tiempo como en espacio, así como también alertaría a las autoridades de la Dirección General de Centros Penales y de la PNC en caso de que traten de remover con fines de fuga el aparato que les haya sido colocado.
Su tamaño es un poco más grande que el de un brazalete tradicional de reloj. Además estos dispositivos son construidos de materiales resistentes al agua, calor, polvo, viento, golpes y otras inclemencias del tiempo.
El peso también será superior al de un reloj, pero facilitaría la movilidad de una persona, sin crear interferencia o inconvenientes en el desarrollo de la vida normal del portador.
El aparato deberá reunir condiciones de seguridad en caso de ser removido o cortado: de inmediato debe generar o activar una alarma hacia el centro de monitoreo.
También deberá estar debidamente codificado con información de cada interno y será intransferible, lo que impedirá que sea compartido con cualquier persona.
“Las demás características las ofrecerán las empresas participantes de la licitación en sus ofertas”, afirmó el director de Centros Penales, Rodil Hernández.
Por fortuna, dijo, en el mercado nacional e internacional hay abundantes empresas que podrían ofertar estos productos en el concurso legal.
Reos de baja peligrosidad
Este beneficio sería aplicado a los presos que ya purgaron dos terceras partes de su condena o a aquellos que se encuentren en fase de confianza, y que hayan cometido delitos de menores.
“También (serán utilizados en) las detenciones en las que los jueces determinen que pueden usar el brazalete como alternativa a la prisión”, explicó Hernández.
En una primera fase, el proyecto contempla 4,000 brazaletes, aunque las autoridades no descartan que a futuro haya necesidad de adquirir nuevos dispositivos, dependiendo de su efectividad y de la demanda.
El anteproyecto de Ley que regula estos aparatos contempla sanciones para los portadores que traten de evadir el control: “Las posibilidades de éxito o fracaso siempre existen, lo que debemos hacer es disminuir ese porcentaje de error mediante controles”, manifestó Hernández.
El director advirtió que los reos que incumplan las disposiciones de seguridad del brazalete ya no tendrán otra oportunidad y serán enviados a prisión. “El que trate de infringir tendrá una nueva sanción penal a la que ya tenían”, reiteró.
Por otra parte, dijo también que el éxito de este proyecto dependerá de una buena selección de los reos que podrán ser beneficiados, afirmó el director de Centros Penales.
“Esto no solo dependerá del control de Centros Penales sino de los jueces; un doble mecanismo para su selección”, apuntó.
El ministro Perdomo expresó que los reos beneficiados con este mecanismo serían los que están en proceso de reinserción y que hayan llegado a niveles de confianza o que les hayan establecido niveles de baja peligrosidad.
Citó como ejemplo el caso de una persona que se había robado una vaca: “Probablemente este tipo personas en sus procesos, una vez haya cumplido un determinado periodo de la pena, el juez podría determinar que utilice el brazalete. Eso no quiere que deje de ser vigilado, además sigue presentándose ante el juez, cumplir requisitos y está sometido a una vigilancia remota de Penales y la Policía”, ilustró Perdomo.
Otra cuestión que el titular del sistema penitenciario consideró importantes es que además de reducir la saturación en los penales, se bajaría la contaminación “criminógena” de las personas dentro de la prisión.
Varias personas que van por delitos menores a una penal, en poco tiempo se convierten en un verdadero delincuente en vez de rehabilitarse, consideró el funcionario; mientras que con este aparato, un reo se marginaría menos de la sociedad y tendría más opciones de incorporación a ella.
Costo: $13 millones
El costo de estos aparatos electrónicos asciende a poco más de $13 millones, los cuales serían financiados con el préstamo del BCIE, que asciende a $71 millones.
El funcionario agregó que, en compañía del ministro de Justicia y Seguridad Pública, acudió a la Asamblea Legislativa recientemente a presentar el anteproyecto de Ley, que daría luz verde al uso de medios electrónicos para el control de prisioneros.
La implementación de este nuevo sistema comprenderá ciertas tareas básicas, como la instalación de un centro de monitoreo y la capacitación del personal que trabajará con este sistema.
Préstamos sin aval legislativo
Rodil Hernández afirmó que el cabildeo en la Asamblea Legislativa para la aprobación del proyecto de brazaletes “está muy bueno”.
“El señor Presidente de la Asamblea Legislativa ha manifestado su buena disposición ha estudiar este proyecto y revisarlo y si hay necesidad, habrá que mejorarlo”, dijo.
Perdomo manifestó que los préstamos que están en trámite tienen varios componentes; uno es seguir con las etapas de construcción de los penales que ya se habían comenzado.
El préstamo del BID asciende a $42 millones.