El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, pidió ayer al Instituto de Acceso a la Información Pública, la revocatoria de la resolución emitida por esa entidad en la que le ordena pagar una multa de $9,324 repartida entre los 14 directivos y, además, entregar la información de los asesores legislativos al ciudadano a quien el Congreso le negó dichos datos.
El comisionado Jaime Campos afirmó ayer que Reyes reiteró en su escrito que la información exigida es “confidencial” y que por eso no se la brindaron al ciudadano demandante y se niegan a entregársela también al Instituto.
“Sostiene que la información es confidencial y que por esa razón el Instituto no debe ordenar que se entregue, él lo señala y está en su derecho de hacerlo”, mencionó Campos.
Según dijo, la petición de la revocatoria le fue enviada al demandante y que este tendrá tres días para contestar.
Sin embargo, aunque el ciudadano no haga uso de este derecho (conteste o no), Campos explicó que el Instituto tendrá que resolver sobre la petición de Reyes el jueves de la próxima semana.
En este caso afirmó que sería una resolución definitiva, es decir, que ya no habría más mecanismos de apelación en dicho Instituto.
En días anteriores, Campos ha mencionado que la instancia a la que podría acudir el Instituto ante la falta de respuesta de los demandados es a la Fiscalía General de la República (FGR).
Añadió que Reyes ha contestado en representación de la Asamblea Legislativa, pero que el resto de diputados directivos tienen de fecha límite hasta el lunes próximo para notificar al Instituto sobre la resolución en la que les ordena pagar a cada uno $666.
El jueves pasado los cuatro diputados directivos de ARENA expresaron que pedirán al Instituto la exoneración del pago de la multa, aduciendo que ellos publicaron el listado de sus 32 asesores en su sitio web y de Facebook.
En cambio el diputado Guillermo Gallegos, de Gana, había dicho que ayer acudiría a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a interponer un recurso en contra de la resolución del Instituto.
Sin embargo, consultado ayer sobre este hecho, explicó que lo harán primero ante el Instituto el próximo lunes.
“Vamos a pedir la revocatoria al mismo Instituto, tenemos hasta el lunes de la próxima semana”, aseveró. Dijo que se ampararán en la ley que determina que la información de los asesores legislativos no puede ser publicada.