Pagar entre $3,500 y $10,000 por una o varias cirugías plásticas puede ser el inicio de un calvario. Esa ha sido la experiencia de dos mujeres cuyos casos aún se dirimen en un juzgado de Paz de San Salvador. Mientras en un caso se ha sobreseído provisionalmente al acusado, en otro se está a la espera de audiencia preliminar. Como aún no hay sentencia se omiten los nombres de los acusados y se llama a las demandantes con nombres ficticios: Marta y Gloria.
En los expedientes, lo que ellas llaman “mala praxis” aparece consignado como “posibles lesiones culposas”, es decir lesiones fruto de “una omisión imprudente o negligente”, según el DRAE.
Con 35 años de edad, Marta se sometió a una cirugía para corregir la flacidez de ambas mamas. La operación quirúrgica era necesaria, según el expediente, porque tras un tratamiento médico bajó más de 80 libras de peso.
Después de la cirugía plástica acudió varias veces a curación. Un día escuchó a la secretaria del cirujano decir: “¿Qué raro? Si al doctor solo dos pacientes le han hecho necropsia?”
El comentario le dio desconfianza, buscó en internet imágenes que ilustraran la necropsia y vio que eran similares a lo que le ocurría. Inmediatamente buscó otro cirujano plástico, quien le diagnosticó “necrosis de tejido mamario” y le hizo una cirugía reconstructiva. Aunque mejoró, Marta tiene secuelas: las cicatrices en sus senos la hacen sentirse “incómoda” ante su esposo y tuvo que incurrir en más gastos.
Por ello, el primer cirujano plástico que la atendió ha sido acusado de “lesiones culposas”. En abril se dictaron medidas sustitutivas contra el profesional: no salir del país y llegar cada 15 días a firmar el libro de imputados. A estas alturas no se ha programado la audiencia preliminar porque la Fiscalía pidió una prórroga.
Búsqueda de peritos alarga procesos
Hace cinco años, Gloria pagó $10,000 por implantes en los senos y una abdominoplastia.
Días después, tanto la herida en su abdomen como las de sus senos estaban infectadas.
Según el expediente judicial, “la denunciante asegura que ha gastado $98,000 en operaciones, implantes y medicinas”. No obstante, la cirujana plástica a quien la Fiscalía acusa de “lesiones culposas” fue sobreseída provisionalmente a inicios de julio.
Según informó la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica a solicitud de la Fiscalía, la cirujana ha sido denunciada dos veces: por el caso arriba mencionado y por haberle operar el dedo índice en lugar del anular a otra paciente.
Marta y Gloria saben que quien denuncia a un médico porque cree haber sido objeto de “mala praxis” debe armarse de paciencia.
Los casos son cuidadosamente examinados y para llegar a una sentencia judicial o a una resolución de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica se necesitan “pares idóneos, es decir, médicos con la misma especialidad que los acusados”.
Encontrar especialistas que no tengan ninguna relación ni conozcan a los acusados es difícil. Buscarlos suele retrasar el avance de los procesos, tanto en la junta de vigilancia como en los juzgados.
Pero Marta puede decir que su caso avanza velozmente. No así el de Margarita (nombre ficticio). Su familia presentó una denuncia ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica en octubre de 2011. Denuncia para la cual aún no se emite resolución.
Mientras que en el sistema judicial, un médico acusado de lesiones culposas puede ser condenado a prisión, la JVPM únicamente puede castigarlo con la suspensión del ejercicio de la profesión. El presidente de dicha junta, Raúl Velásquez, explicó que los casos tienen varias etapas de investigación.
“El paciente tiene derecho a poner su denuncia”, pero esta tiene que seguir “el debido proceso”. Sobre la denuncia de Margarita, el asesor jurídico de la junta, Marlon Cordero, advirtió que “la información es de carácter reservado porque el proceso sigue en curso” .
Al final, la JVPM emitirá una resolución donde “se establecerá si tiene o no responsabilidad” el denunciado.
Pero ¿cuánto tiempo puede pasar para que se emita una resolución? Cordero aclara que como se trata de casos “donde hay que recabar información” se depende de qué tanto tarden otras instituciones a las que se solicita información. También se decomisan expedientes que son analizados. “Se inicia el proceso, la parte se defiende, presenta sus pruebas y sus alegados, sus argumentos en su defensa. Eso lleva un proceso de duración justificada con la carga que lleva la junta. Entendiendo que la junta vigila todo el país, la práctica privada y la pública”, añade.
El presidente de la JVPM califica el proceso como “largo”. Conforme la información va siendo recopilada va siendo estudiada por el pleno de la junta. “Un caso puede durar meses o años”, explica Cordero. “No hay un tiempo específico”, añade Velásquez. Según él, “lo importante es darle curso a la denuncia, hacer lo que corresponde, hacer el debido proceso, porque la persona que ha sido denunciada tiene derecho a respuesta”.
Velásquez aclaró: “Aquí el término ‘mala praxis’ no lo usamos. Esta es una junta médica para médicos. Entonces el término que el Código de Salud estipula es ‘afectación de la salud del paciente’. En ese rumbo hacemos toda la investigación con el proceso adecuado. No hay tiempos específicos en años o meses. No lo podemos decir”.
¿Cuántas denuncias contra médicos en las que podría haber “afectación de la salud” investiga la junta actualmente? Cuando la actual junta asumió su cargo había un acumulado de 100 casos. La JVPM ha recibido 224 denuncias en los últimos cinco años, según la Oficina de Información y Respuesta del CSSP.
Cordero explica: “No podemos decir ‘mala praxis’ porque dentro de las infracciones que establece el código de Salud no solo se habla de negligencia, impericia o abandono, sino también de prescripción de enervantes”.
Agregó que los profesionales más denunciados suelen ser los cirujanos, los cirujanos plásticos, los ginecólogos y los anestesiólogos. En el último lustro, la junta ha emitido resolución para 185 casos. Solamente en 16 se exoneró al profesional denunciado. Del resto: 19 recibieron amonestaciones escritas; ocho recibieron multas y a 61 se les suspendió el ejercicio de la profesión.