La falta de apoyo financiero, administrativo y de personal para la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC), así como supuestas presiones por parte de las autoridades policiales para perjudicar a cuatro jefes de la Policía que provienen de la Fuerza Armada habrían motivado a Carlos Linares Ascencio a renunciar al frente de esa institución contralora de la PNC.
En un informe de labores que corresponde al período del 13 de julio de 2012 al 13 de julio de 2013 y que el exinspector Carlos Linares Ascencio le hizo llegar al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, el exfuncionario denuncia que las autoridades de la Policía se resisten a asignar un presupuesto propio a la Inspectoría General, tal como lo establece la Ley Orgánica de la PNC, “a fin de visibilizar el mismo y generar una inspectoría fortalecida, imparcial e independiente”.
El artículo 26 de la referida legislación establece que la Inspectoría debe contar con una asignación presupuestaria propia dentro del presupuesto de la Policía.
En respuesta, el ministro Perdomo sostuvo que desconoce las causas que tuvo el exinspector Linares para renunciar, pero sí admitió que los problemas financieros en la Policía son generalizados.
“No podemos ocultar que los policías no tienen los recursos, no tienen las condiciones de trabajo que quisiéramos tener; entonces el problema deficitario financiero de la Policía es generalizado, no solo de la Inspectoría, sino que de todos”, anotó Perdomo.
El ministro, no obstante, aseguró desconocer sobre las supuestas presiones que habría recibido el exfuncionario para que abriera expedientes disciplinarios en contra de oficiales de la Policía provenientes de las filas del Ejército.
Linares Ascencio también se quejó del poco personal que tiene el ente contralor policial, comparado con la numerosa plantilla de agentes.
Señala en el informe, al que tuvo acceso El Diario de Hoy, que la Inspectoría, que se encarga de vigilar las conductas de todos los policías, solo contaba con 88 personas (incluyendo a secretarias y ordenanzas), cantidad que le resulta insuficiente para hacer las supervisiones y los controles a los servicios policiales operativos y de gestión de la Policía.
La corporación tiene una plantilla de 28,000 empleados. De ese total, 23,000 son policías y 5,000 son empleados administrativos.
Destaca el documento que por cada empleado que hay en la Inspectoría General existen 318 de la PNC.
“Esto lo que representa es una limitante para el logro de los objetivos institucionales y carga laboral considerable”, expone en el reporte.
También señala que durante la gestión anterior de la Inspectoría, comprendida entre julio de 2009 y el 31 de enero de 2012, contaba con dos asesores jurídicos y un asesor de quejas y denuncias, y con un inspector general adjunto que apoyaba el trabajo del inspector general.
En la gestión administrativa de Linares Ascencio, sin embargo, no existieron asesores jurídicos ni un inspector adjunto. A eso se sumó el retiro voluntario de varios empleados, ya sea porque renunciaron o porque se acogieron al decreto de retiro voluntario.
En total quedaron 13 plazas vacantes, sobre las cuales se enviaron varias propuestas de contratación que hasta la renuncia del inspector general no tuvieron ninguna respuesta, de acuerdo con el informe.
Supuestas presiones
Otras de las causas por las que Linares Ascencio habría renunciado al cargo es porque autoridades policiales lo estaban presionando, presuntamente, para que les abriera expedientes disciplinarios a cuatro altos oficiales provenientes de la Fuerza Armada.
Al parecer tales expedientes tenían la intención de que los tribunales disciplinarios los destituyeran de la Policía, pero el exfuncionario se habría opuesto a esas presiones, según fuentes de la corporación.
Al consultarle sobre las supuestas presiones, el ahora juez de Sentencia se limitó a decir que su retiro se debió a que la confianza la tenía con las autoridades anteriores y que mejor había decidido hacerse a un lado para que las nuevas autoridades pusieran a una persona de su confianza.
El exinspector destaca en su informe el nivel de corrupción que existe dentro de la Policía, al grado de que se echó a perder el primer plan de Asuntos Internos para combatir la corrupción del personal policial en actividades de tránsito en el territorio nacional.
“Este plan no dio los frutos esperados por la fuga de información en el interior de la misma Policía Nacional Civil, ya que se tuvo conocimiento que una Asociación de Empleados y Empleadas de la Policía, a través de su sitio (web), emitieron una alerta sobre la ejecución de este plan”, explicó.