El año pasado, un mediano empresario de San Miguel pagaba 15 mil dólares mensuales como parte de las extorsiones que le habían exigido las pandillas durante seis meses.
El pago de las extorsiones volvió insostenible la situación financiera de su empresa por lo que tuvo que cerrar y decenas de empleados se quedaron sin trabajo. El mediano empresario abandonó el país por temor a recibir algún tipo de represalia.
El caso anterior fue denunciado ayer por el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria, Federico Hernández, durante la presentación de un informe sobre la violencia y la delincuencia en Centroamérica.
Explicó que dos pequeñas o microempresas retiran su membresía de la Cámara cada mes, porque cierran sus operaciones de forma obligada por los chantajes económicos.
“Haya o no haya tregua (entre pandillas), seguimos con el problema de la extorsión, esta clarísimo, ahí no hay donde perderse, lo esta diciendo la gente que trabaja todos los días”, dijo Hernández.
El dirigente empresarial explicó que la última encuesta reveló que el 90 por ciento de las empresas aglutinadas en la Cámara de Comercio señalaron que las extorsiones han aumentado.
Sostuvo que la situación de la mayoría de la micro y pequeña empresa tiende a agravarse porque las cantidades de dinero que les exigen los grupos de pandillas, en la mayoría de los casos son demasiados altas que sobrepasan la capacidades financieras de las mismas.
Al pago de las extorsiones, cada pequeña o microempresa tiene que desembolsar más de 300 mil dólares al año por el servicio de seguridad privada, dijo Hernández.
El empresario Roberto Murray Meza sostuvo que además de las extorsiones que les aplican a las empresas, también trabajadores y hasta ejecutivos son víctimas de los chantajes.
“Es muy frecuente este fenómeno entre empleados y trabajadores de las empresas que son extorsiones de 15 dólares a la semana o cinco dólares al mes, que de alguna forma afectan el presupuesto familiar”, dijo Murray Meza, quien sostuvo que es preocupante que el 10 por ciento del PIB se gasta en seguridad pública y solo el tres por ciento del PIB sea invertido en la Educación.
El comisionado de la Policía Howard Cotto sostuvo que el pacto de no agresión entre las pandillas “no ha impactado como en el homicidio y obviamente ese pacto tampoco ha afectado otros delitos de carácter sexual”.