Documentos originales que eran parte de los expedientes que tenía el departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), relacionados con el caso CEL-Enel, fueron sustraídos de las oficinas de la Presidencia del máximo órgano de justicia, según confirmaron fuentes del mismo.
Ayer cuando las autoridades de la Corte Suprema se disponían a enviarlos a la Fiscalía General de la República no fueron encontrados.
La sección de Probidad de la CSJ tiene registradas las declaraciones de todos los bienes e inmuebles de todos los funcionarios públicos antes de ejercer un cargo.
Según las fuentes judiciales, sólo fueron encontradas las copias de los documentos y esas serán enviadas al Ministerio Público en los próximos días.
Las fuentes expresaron que hay sospechas de que los expedientes fueron sustraídos años atrás y no en los últimos meses.
Hasta ayer no se habían aplicado sanciones o despidos por el caso ni en la Presidencia ni en Probidad de la CSJ, dijeron las fuentes.
El Ministerio Público pidió hace varias semanas a la Corte Suprema que autorizara a la sección de Probidad enviar los datos de todos los funcionarios que integraban la Junta Directiva de las referidas entidades.
El Fiscal General, Luis Martínez, creó una comisión especial el pasado 26 de enero para indagar las circunstancias de los contratos entre CEL y la empresa italiana Enel Green Power, respecto a la explotación de energía geotérmica en el país.
Entre los fiscales que están a cargo figuran Saúl Morales, Guillermo Alexander Parada y Nelson Armando Rodríguez.
Los informantes dijeron que en total la Corte Suprema tiene que enviar los informes de más de 30 exfuncionarios que participaron en los contratos que son indagados.
La Corte Suprema avaló el jueves pasado, durante su sesión plenaria, brindar los registros de los bienes y propiedades de los funcionarios relacionados a las referidas empresas.
La votación fue avalada por 11 magistrados de los 15 que forman la Corte en Pleno, dijeron las fuentes judiciales.
Tras el aval de la Corte Suprema el Fiscal General, Luis Martínez, expresó que el caso CEL-Enel es una investigación que ha avanzando y se debe ser paciente en los resultados del trabajo de la comisión que él creó en febrero pasado.
“Estamos haciendo una investigación responsable, seria y objetiva. Nosotros debemos de conocer si hay responsables o no”, dijo Martínez.
Tras crearse la comisión, Martínez aclaró que la investigación no tiene tintes políticos, a pesar de las declaraciones de políticos y el presidente Mauricio Funes.
La semana anterior representantes jurídicos de la Asamblea Legislativa presentaron un primer informe parcial a la Sección de Probidad de la Corte, para que analizara los informes de la investigación que realizó la comisión especial que se creó en la Asamblea Legislativa.
En esa ocasión, Carlos Pineda, jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema, manifestó que en primera instancia será verificada la información de todos los funcionarios que formaron parte de la Junta Directiva y posteriormente “si se encuentran algunos ilícitos, dependiendo de la verificación o la investigación que se realice, se certificaría los pasajes para que la Fiscalía iniciara la acción correspondiente”.
La investigación de los contratos de las referidas empresas se inició después que El Salvador perdió, por segunda vez, un proceso de arbitraje internacional iniciado por una empresa, Enel, que acusaba al gobierno de no cumplir sus obligaciones contractuales.