Mientras la cartera de Salud asegura que el uso de “tóxicos” es la causa de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) no tradicional en municipios como San Luis Talpa en La Paz, el viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores, dijo ayer que aún no hay estudios que lo comprueben.
A esto se suma la polémica por la intención de prohibir el uso de nueve agroquímicos en el país, ante lo cual hay quienes advierten que si esto se lleva a cabo, será más barato producir en otro país de la región que en El Salvador.
El viceministro Flores aplaude el hecho de que los diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa discutan el uso de los agroquímicos en el país, pero también expone que “no hay un estudio que hasta hoy nos indique que el uso de agroquímicos es la causa de la enfermedad renal. Pero todo apunta a otros estudios que se están desarrollando y que pueden en alguna medida estar afectando el uso de agroquímicos a la proliferación de la enfermad renal”.
Pero la ministra de Salud, Isabel Rodríguez, continúa asegurando que hay investigaciones que han permitido relacionar el uso de agroquímicos con la enfermedad, lo cual les ha permitido conocer las características de dicho padecimiento.
Ayer en una entrevista televisiva, la funcionaria aseguró que la iniciativa en la Asamblea Legislativa de limitar gradualmente el uso de los agroquímicos es un “componente fundamental y básico” para que los casos de insuficiencia renal disminuyan.
“…El uso de otros elementos que han estado en un determinado momento regulados, no totalmente prohibidos, pero que deben de ser prohibidos, no se ha tocado. En la Asamblea no se logró mayoría en esta ocasión, pero es fundamental que sea aprobado (prohibición) por la Asamblea”, aseveró en una entrevista televisiva, ayer por la mañana.
Rodríguez declaró que el Ministerio de Agricultura y Ganadería es el ente que debería regular o prohibir el uso de sustancias químicas.
Uno de los químicos que a su juicio debe ser prohibido es el paraquat.
En su defensa, el viceministro de Agricultura dijo que la cartera ha estado controlando y monitoreando el uso de estas sustancias en las áreas de cultivo. Aseguró que la ley los faculta para supervisar su comercialización en todo el país.
Como medidas alternas al uso de químicos, el MAG promueve la utilización de productos biológicos y biofertilizantes.
Flores aseguró que deben tomarse en cuenta los diferentes estudios sobre la relación entre los agroquímicos y la enfermedad renal que existen en el país: “Si al final se comprueba que el uso de agroquímico afecta la salud humana, por qué no tomar medidas que puedan revertir esta situación, sin afecta a los sectores productivos”.
Pero si la prohibición se concreta se le está “quitando al agricultor su machete para trabajar”, dijo Alfredo Armando Ortiz, Gerente General de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas de Guatemala, quien disertó en el país sobre el uso de los plaguicidas por invitación de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro).
Uno de los principales problemas que visualizan los agricultores es el incremento de los costos en la cadena productiva, la competitividad y la seguridad alimentaria del país.
“Si tiene éxito la prohibición de los agroquímicos esenciales que están pretendiendo prohibir, va a ser más barato producir en Guatemala que en El Salvador, mucho más barato porque allá sí tendremos el producto “, dijo Ortiz.
Añadió que la clasificación de riesgo ambiental de herbicidas como el paraquat y el glisofato es el más bajo a nivel mundial.
Ambos se encuentran en la mira de las autoridades de Salud para sacarlo del mercado.
El presidente de Camagro, Agustín Martínez, sugirió a la cartera de Salud hacer un estudio a profundidad sobre otras posibles causas de la ERC, partiendo de que existe en la Asamblea Legislativa una propuesta para prohibir una lista de agroquímicos.
La Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial aseveró la semana pasada que la ERC por causas no tradicionales es un problema de décadas y que sus causas no están relacionadas con los agroquímicos, basados en cuatro estudios que han realizado ellos, el primero fue en 1999.
Pero el coordinador nacional de investigaciones renales del Instituto Nacional de Salud, Carlos Orantes, aseguró que existen sustancias químicas peligrosas a las cuales se les ha comprobado su afectación a la salud de las personas.
“Está documentado que no deben de seguirse usando en el país, pero no podemos centrarnos en el uso y manipulación del campesino, que al final es la persona que termina con el contacto directo de esta sustancia, tenemos que ir más allá, porque el acceso de estos pesticidas y agroquímicos debería de haberse prohibido desde muchos años atrás”, dijo Orantes, quien brindó las declaraciones en la misma entrevista televisiva a la que asistió la ministra de Salud.
Sobre su uso
En una reunión con agricultores de caña de azúcar y de maíz, el experto guatemalteco explicó la importancia de los agroquímicos en la producción agrícola.
“Lo que no se menciona nunca de los productos para la protección de cultivo son todos los beneficios que significan para nuestra agricultura y por lo tanto para nuestra alimentación. Hoy por hoy es imposible alimentar a la población sin la utilización de productos para la protección de cultivo”, aseveró.
Dijo que cada producto utilizado actualmente en todo el mundo es sometido a rigurosos estudios toxicólogos, para posteriormente ser registrado y comercializado en un país.
“Un producto que no está registrado en el Ministerio de Agricultura en El Salvador no podría estar vendiéndose en los agroservicios, y para poder registrar tienen que cumplir cerca de 80 requisitos técnicos, entre los cuales los más importantes son su pureza química y su toxicología”, explicó, y añadió que las empresas productoras pasan entre 15 y 20 años haciendo pruebas de toxicidad en laboratorios, para medir el efecto que podría causar en el ser humano.
Ante las afirmaciones de la ministra de Salud de que los agroquímicos son los causantes de la ERC en agricultores Ortiz acotó que El Salvador podría ser el primero en el mundo en “acuñar este tipo de aseveración”.
“Sería El Salvador probablemente el primer lugar del mundo en aseverar esto, tendría que verse los estudios, si hay, porque hay estudios que dicen lo contrario, sí, hay y muchos”, argumentó.
Representantes de la Camagro aseguraron que no están en contra de un mayor control en la venta y uso de los plaguicidas en el país. No obstante, consideran que la posición de la ministra es “extrema”.
El experto guatemalteco dijo que muchos de los efectos dañinos a la salud que se le atribuyen a plaguicidas como el paraquat, glifosato, fluazifop, entre otros, ya fueron aclarados en varios estudios elaborados por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y otras organizaciones.