Alba Dolores Castillo, María Josefina Pérez y Juan Pastor Pérez trabajaron más de 30 años en el Centro Nacional de Registros (CNR), hasta el 2009, cuando fueron despedidos, junto a decenas de empleados más, con la entrada del director ejecutivo Fernando Batlle, nombrado por el presidente Mauricio Funes al asumir las riendas del país.
Ninguno de los cesados fue indemnizado, por lo que la mayoría acudió al Ministerio de Trabajo, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a organismos que velan por los derechos humanos para que les ayudaran a llevar sus casos ante instancias judiciales. Sin embargo, el sindicato de trabajadores del CNR asegura que mientras todos los afectados esperaban resultados del proceso, Castillo, Pérez y Pastor murieron a raíz de complicaciones de salud y no recibieron la compensación económica a la que tenían derecho por el tiempo trabajado.
Cuatro años después, la situación de medio centenar de afectados —muchos con más de una década de trabajo en la entidad— sigue en el limbo. Esto pese a que en algunos casos hay fallos de Juzgados de lo Laboral y de la Cámara de lo Civil que le ordenan a la institución hacer efectivas las indemnizaciones.
Uno de estos casos es el de Mauricio Contreras, quien se desempeñaba en el departamento de Inspección Registral y hace un año fue notificado por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de que falló a su favor y le ordenó al CNR pagarle más de $12 mil en concepto de indemnización por despido injustificado; vacación y aguinaldo proporcional y salarios caídos.
Hasta la fecha, el CNR se ha negado a cumplirle tal sentencia, según él aseguró.
Otros cesados afirman que solo han recibido “desplantes” o “evasivas” cuando llegan a preguntar cuándo les entregarán lo adeudado.
Al ser consultado sobre el tema, el actual titular del CNR, José Enrique Argumedo, se defendió de los señalamientos y sostuvo, a través de un correo electrónico, que el poco presupuesto que tienen les ha impedido hacer los pagos.
“Le informo que evasivas nunca han existido. Claramente se les ha informado (a los cesados) que no existe asignación presupuestaria para esos pagos, y ya en el proyecto de presupuesto para 2014 sí se ha incluido una partida para pagar indemnizaciones por despidos”, respondió el funcionario.
Basado en el artículo 228 de la Constitución de la República, Argumedo agregó que “todo compromiso, abono o pago deberá efectuarse según lo disponga la ley. Solo podrán comprometerse fondos de ejercicios futuros con autorización legislativa”.
Esta versión contrasta con la de la secretaria general del sindicato de empleados, Fátima Huezo, quien dice que ha existido poco interés para saldar cuentas con los afectados.
“La institución no ha pagado porque no ha querido. No ha hecho la petición de ese dinero en los presupuestos (de los años) anteriores”, asevera Huezo.
Despidos políticos
En junio de 2009, tras las destituciones, el entonces director Fernando Batlle aseguró que el número de cesados sumaba 27 y argumentó que los recortes se hicieron porque los fondos de la institución no permitían sostener dichas plazas.
Según declaró, los afectados habían sido contratados por la administración anterior “cargándonos la planta laboral con la obligatoriedad del pago salarial”.
“Tenemos un déficit financiero grande y el presidente (Mauricio Funes) hará públicos estos datos. No teníamos para pagar a esta gente y estamos en austeridad”, señaló Batlle, en aquel momento, según las publicaciones de archivo de El Diario de Hoy.
Además, añadió, no existía responsabilidad laboral de la entidad, debido a que los empleados despedidos no habían cumplido los 30 días de trabajo que la ley establece como período de prueba.
En contraste, algunos de ellos refutaron las declaraciones de Battle aduciendo que la mayoría de despedidos laboró entre 10 y 30 años en la institución.
El entonces secretario del sindicato de trabajadores del CNR, Ranulfo Rivas, y algunos afectados denunciaron que las nuevas autoridades dejaron a más de 65 personas sin sus puestos de trabajo.
Los afectados denunciaron que los despidos eran “injustos”, “arbitrarios” y que obedecían a “razones políticas”.
Algunos de ellos sostuvieron que el exdirector del CNR mintió al sostener que no se podían costear los puestos de trabajo que quitaron porque posteriormente se hicieron nuevas contrataciones.
A raíz de estas denuncias, el Gobierno instaló una Comisión Revisora de las Terminaciones Laborales que tenía como propósito estudiar si los destituidos cumplían el perfil para ocupar las plazas de donde los removieron.
A juicio de los afectados, dicha comisión no resolvió el problema, pues no tomó en cuenta la idoneidad que tenía cada persona para ocupar el cargo.
Tampoco les dio derecho de audiencia y no les notificó personalmente su resolución, sino que lo hizo a través de la entidad demandada.
El calvario tras despidos
Conseguir un empleo formal no ha sido tarea fácil para muchos extrabajadores del CNR que fueron removidos hace cuatro años. La edad ha sido uno de los principales obstáculos para que puedan acceder a una plaza en alguna entidad de Gobierno o en la empresa privada.
José Pleitez tiene 60 años y la mitad de ellos los trabajó como analista geógrafo en la demandada institución de Gobierno.
Él sostiene que desde diciembre de 2009 ha sobrevivido haciendo trabajos eventuales y con el dinero que recibe de pensión, del que dice a manera de consuelo: “Aunque no es mucho, alcanza para ir pagando los recibos”.
El hombre manifiesta que meses antes de que prescindieran de sus servicios lo pusieron bajo el mando de una jefa nueva, quien, según él, al asumir el cargo hizo una serie de cambios con la intención de que les bajaran el sueldo a sus subalternos.
Pleitez cuenta que con su jefa nunca logró ponerse de acuerdo en temas relacionados al trabajo que hacían en el área de Edición Cartográfica, por lo que él pidió que lo trasladaran de departamento.
Esto, según él, le valió para que la señora lo pusiera en la lista de candidatos a despedir que la dirección del CNR les había pedido a las jefaturas.
“Tuvimos problemas con la arquitecta porque muy profesional podía ser, pero de cartografía no sabía nada. Cuando se hace un mapa no es al gusto de uno o porque este color quiero. Yo sí soy cartógrafo preparado por la oficina de la Defensa del Mapa de los Estados Unidos (…) La plaza que ella tenía era política”, sostuvo Pleitez.
A juicio del exempleado, su despido fue injusto y no concibe cómo tras haber trabajado 33 años en esa entidad le dijeron que no reunía el perfil para ocupar la plaza que tenía. Sostiene que al momento de su despido sus dos hijos menores dependían económicamente de él y de su esposa.
Ante su repentina salida del CNR llegaron los problemas financieros en el hogar de los Pleitez y, a raíz de eso, vino la separación conyugal.
“Si nos hubieran dado el dinero, aunque sea un negocio hubiera puesto. Ninguno de los que fuimos despedidos hemos sido indemnizados y algunos de los compañeros hasta ya se murieron esperando”, reprochó el hombre.
Otro de los afectados, quien pidió el anonimato, trabajó 37 años en la institución y ocupó puestos gerenciales, pero haber sido promovido y distinguido por la misma entidad u organismos internacionales con los que el CNR tenía alianzas para capacitar al personal no le valieron de nada cuando fue despedido.