Las acusaciones y contraacusaciones entre exfuncionarios del gobierno de Tony Saca, a raíz del denunciado fraude en la construcción del bulevar Diego de Holguín, subieron de tono ayer al grado que los protagonistas se han amenazado de llegar hasta los tribunales de justicia para dirimir los señalamientos entre ellos.
En medio de todo este escándalo, la Fiscalía General de la República acusó ayer a 16 personas de haber defraudado 12 millones 400 mil dólares al Estado al no terminar el segundo tramo de la referida autopista.
Por la mañana, el expresidente de la República, Tony Saca, llamó “mentiroso” a Hugo Barrera, dirigente del partido ARENA y exministro de Medio Ambiente durante su administración. Un día antes, Barrera había manifestado en la entrevista matutina de canal 21 de televisión que el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, le había asegurado que “lo de los 40 millones de dólares era cierto, y que él se los había entregado a Saca”.
El exgobernante llamó por teléfono al programa televisivo ayer por la mañana para exigir al conductor, Ernesto López, que le diera el derecho de respuesta.
Hugo Barrera no tardó en llamar al canal para pedir espacio y decirle a Saca que “él no había estado en el vehículo en el que Gutiérrez le dijo lo de los $40 millones”.
Horas más tarde, el exministro David Gutiérrez aseguró en conferencia de prensa ofrecida en un hotel en Antiguo Cuscatlán que preparaba una denuncia por difamación en contra de Barrera para presentarla el lunes próximo en los tribunales de justicia.
Saca dijo también que demandará a Barrera en los juzgados, pero no reveló la fecha.
Sin embargo, Barrera emplazó a Saca y a Gutiérrez de que pusieran lo más pronto posible las demandas para ampliar sobre esa situación.
Gutiérrez aseguró que él nada tuvo que ver con todas las irregularidades y los atrasos que se dieron durante el segundo tramo de construcción de la referida carretera.
Ponen a disposición a 16 acusados a los tribunales
Mientras tanto, la Fiscalía presentó la acusación formal ante el Juzgado Quinto de Paz contra el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, quien no ha sido capturado; su exviceministro, Sigifredo Ochoa Gómez, y Juan Hernández Campollo, representante legal de la empresa constructora Copreca-Linares responsable de construir el segundo tramo de la Diego de Holguín.
Campollo, quien tiene orden de captura, ha sido localizado en Guatemala, por lo que la Fiscalía dijo que ha comenzado a gestionar su extradición.
Los delitos por los cuales serán acusadas las 16 personas vinculadas al escándalo de corrupción son peculado (desvío de bienes o fondos públicos), falsedad ideológica (simulación de hechos), falsedad documental agravada (alteración de documentos), estafa e incumplimiento de deberes (no garantizar bienes del Estado). Una persona a la que involucraban en el caso murió hace algunos años y, por lo tanto, la Fiscalía pedirá la exoneración de los cargos ante un tribunal de justicia.
Fiscalía sustenta cargos
El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, declaró a los periodistas que las investigaciones han establecido que Campollo “siempre estuvo en su mente estafar al Estado y el exministro Nieto favoreció para que él se apropiara del dinero que en ese momento estaba en discusión que era de $25 millones”.
El funcionario aseguró que Nieto en ningún momento veló por el cuido de los bienes del Estado “un cuido que nada más lo puede tener el que administra los bienes y ese cuido el lo vulnero”.
Agregó que Campollo recibió 7 millones 695 mil 887 dólares equivalente al 30 por ciento del valor total de la construcción del tramo dos de la autopista (como anticipo entregado al inicio de la obra).
Según el fiscal, las auditorías revelaron que Campollo depositó el dinero supuestamente en cuentas personales, pagó créditos personales y de la empresa, pagó a otras empresas que trabajaban con él en otros proyectos. “Con esto violó lo que en el contrato se había estipulado que era utilizar el anticipo para la Diego de Holguín”, dijo Amaya, quien agregó que también compró 54 mil bolsas de cemento, ocho meses antes de que lo utilizara y un tiempo después lo estaba cobrando de nuevo.
Campollo estaba obligado a gestionar para que realizar los trámites legales para los permisos de la construcción de la carretera y él nunca los realizó. Además pidió una prórroga al Ministerio cuando el proyecto se había atrasado con el argumento de que la Alcaldía le entorpecía los trabajos.
“El ministro Nieto llega en ese momento, él tuvo que haber caducado el contrato y no lo hizo, sabiendo de que el contratista (Campollo) estaba completamente en mora y él lo que hace es ampliar el plazo y esos 240 días el señor Campollo empezó con los mismos atrasos”, dijo Amaya.
Sin embargo, según documentos del MOP el contrato fue caducado por Nieto el 11 de mayo de 2009.
Amaya explicó que el Estado en ningún momento hubiese perdido por anular el contrato porque la fianza que había otorgado Campollo como garantía de la obra era la misma cantidad de dinero que se le había otorgado de anticipo.
Después de todas las supuestas anomalías surgidas por los atrasos en la obra, tanto la empresa constructora como el Ministerio de Obras Públicas acordaron dirimir las diferencias con la mediación de un arbitraje, explicó Amaya.
Al final el Ministerio fue condenado en un arbitraje a pagar 4 millones 844 mil dólares a la empresa constructora demandante.
Por su parte, el Fiscal General, Luis Martínez, sostuvo que Nieto en ningún momento se apropió de dinero sino que “él facilitó que un tercero se apropie de fondos del Estado y eso constituye el delito de peculado”. Agregó que las ganancias de los acusados “son los 12 millones de dólares en perjuicio que estamos reflejando”.
El jefe del Ministerio Público emplazó a Nieto a someterse al proceso judicial para defenderse de las acusaciones tal como se comprometió en una entrevista que El Diario de Hoy publicó el día que fueron capturadas las ocho personas vinculadas al caso.
Rechazó que haya intenciones políticas y electorales al destapar el caso de las irregularidades en la obra del bulevar Diego de Holguín.
“Nuestras investigaciones no dependen de intereses políticos ni electoreros, los resultados no son para quedar bien ni con uno ni con otro sector, nuestra justicia no tiene bandera política”, dijo Martínez.