SONSONATE. Ayer por la mañana se llevó a cabo sin éxito el tercer proceso de diálogo entre autoridades municipales y los vendedores informales de Sonsonate, quienes exigen se les brinde la oportunidad de comercializar sus productos en la calle de manera legal.
Desde la inauguración de la nueva Megaplaza, en enero pasado, las principales calles y avenidas del centro histórico y sus alrededores fueron liberadas de estructuras metálicas y de cemento que impedían el paso de vehículos y peatones por el lugar.
Pese a ello, el problema de las ventas ambulantes en la vía pública sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades edilicias.
Por esa razón, el alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, accedió por tercera ocasión a entablar negociaciones con los vendedores; sin embargo no llegaron a ningún acuerdo.
“Como alcaldía hemos buscado alternativas para ayudar a estas personas, pero parece que la actitud de rebeldía que tienen es interminable. Ahora (ayer) hemos sostenido la tercera reunión con ellos para negociar una solución, pero ellos no entienden que nosotros no vamos a ceder y entregar las calles”, dijo el alcalde.
Aquino explicó que la municipalidad ya ha brindado opciones para que los vendedores abandonen las calles y vendan sus productos en lugares aptos para la actividad comercial.
“La Megaplaza nos costó $12 millones, pero como este grupo de vendedores no está de acuerdo con dejar la calle ya hemos gastado $250 mil más en la construcción de 90 puestos alternativos en el mercado El Ángel y en la construcción de una etapa más de la Megaplaza”, dijo el edil.
Los vendedores que participaron en esta mesa de diálogo se hicieron presentes a las instalaciones de la alcaldía, acompañados por una marcha pacífica de unos 150 comerciantes.
Esta es la segunda manifestación de este tipo que realizan en menos de una semana.
El munícipe expresó que “para dialogar no es necesaria una movilización. Nosotros (alcaldía) tenemos la buena disposición de ayudar, pero lamentablemente ellos están cerrados en que quieren las calles”.
En la reunión pactada para las 9:00 de la mañana de ayer también participaron representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), miembros del concejo y líderes religiosos.
El abogado defensor de Fespad, Héctor Carrillo, detalló que dicha institución se ha interesado por esta situación porque a su criterio la alcaldía está violando el derecho al trabajo.
“Los vendedores nos han manifestado que la alcaldía ha violentado su derecho a trabajar. Nosotros vamos a indagar y a resolver esta situación”, dijo el abogado.
Carrillo manifestó que en los próximos días presentarán una petición a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declare inconstitucional la aplicación de la ordenanza contravencional que prohíbe la compra y venta de mercadería en la vía pública.
Los vendedores que participaron en la reunión expresaron que no aceptarán otro tipo de alternativa, ya que su meta es seguir vendiendo en las calles de manera ambulante y no en un solo lugar como lo propone la alcaldía.
“Somos más de 500 vendedores ambulantes los que queremos trabajar”, dijo el vendedor Miguel Osorio.