Por la falta de una sentencia judicial firme, un total de 2,258 presos saldrían en diciembre próximo de prisión provisional, confirmó ayer el director de centros penales, Rodil Hernández.
Esta es una de las razones por las que urgió que sea aprobado el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $71 millones, con el cual las autoridades de Justicia y Seguridad Pública pretenden reforzar el sistema penitenciario, según las explicaciones dadas ayer por el ministro de ese ramo, Ricardo Perdomo, y por Hernández, ante diputados de la comisión de hacienda.
Hay 2,258 reos que en diciembre llegarán al límite de la detención provisional que permite la ley; por lo tanto, podrían ser puestos en arresto domiciliario, pagar fianza para salir o ser obligados a acudir a firmar cada cierto tiempo a un juzgado, en lugar de seguir en la cárcel, mientras les es dictada una sentencia.
Parte del préstamo será usado para adquirir 4,000 brazaletes electrónicos, que las autoridades pretenden usar para monitorear a reos en fase de confianza.