La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que se suspenda el proceso iniciado por el presidente de ese Tribunal, Salomón Padilla, contra la magistrada Sonia Barillas de Segovia, que participa en un juicio para determinar si fue legal la elección del funcionario.
El mismo Tribunal Constitucional le manda a Padilla que presente un informe sobre si son ciertos los hechos que se le atribuyen en una demanda interpuesta contra él por su decisión de abrirle un proceso disciplinario a su colega y al también magistrado Álex David Marroquín. Los magistrados constitucionales le dan 24 horas a Padilla para que rinda el informe a la Sala.
La magistrada Barillas de Segovia y su colega Marroquín pidieron amparo contra Padilla, que la Sala Constitucional admitió ayer.
“El Jefe del Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia deberá abstenerse de continuar tramitando el proceso número 108/2013(53), iniciado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia”, dice la resolución emitida ayer por los magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y el suplente German Álvarez Cáceres.
Por lo anterior, advierten, “cualquier diligencia posterior que se practique a la presente resolución, por cualquier funcionario o autoridad unipersonal o colegida, no producirá efectos jurídicos constitucionales”.
En la misma resolución, la Sala Constitucional manda que el representante de la Fiscalía en la Corte se pronuncie sobre el mismo caso.
Poco después que la magistrada Barillas de Segovia comenzó a participar en el proceso para determinar si fue legal la elección de Padilla, éste ordenó iniciarle un proceso disciplinario a ella y a Marroquín, argumentando supuestas fallas en un juicio en la Cámara Especializada de la Niñez y la Adolescencia de San Salvador.
La Sala de lo Constitucional estudia dos demandas contra la elección de Padilla, cuyos autores lo acusan de haber admitido que tiene vínculos con el partido de gobierno FMLN y que esto compromete la imparcialidad que la ley le exige como juez.
Por su parte, Padilla abrió el expediente contra los magistrados basándose en una resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) que los acusó violar derechos de dos niños en un litigio entre su familia materna y el padre biológico de ambos.
No obstante, una sentencia previa de la Sala de lo Constitucional, del pasado abril, determinó que no se produjeron las fallas alegadas por los parientes de los niños.
En esta oportunidad, la Sala considera que se está tratando de remover de sus cargos a los funcionarios con base en una resolución de la PDDH que no está firme y que tampoco tiene poder judicial.
“…La resolución emitida por la PDDH, en cuyo fallo se fundamenta el informativo, sin que este organismo sea un ente encargado de unificar jurisprudencia y sin que la referida resolución estuviera firme”, dice la resolución de la Sala.
Además, según expone, se amenaza la estabilidad laboral de los magistrados, que es clave para que puedan actuar con independencia.
Pero lo más grave, de acuerdo con el documento, es que con el referido proceso disciplinario se pretende revisar el fondo de una resolución emitida por los magistrados, sin que el presidente de la Corte Suprema o el Departamento de Investigación Judicial tengan facultad legal o constituyan un tribunal superior que pueda revisar sentencias de otros inferiores como la Cámara Especializada de la Niñez y la Adolescencia.
“De no paralizar los efectos de la legislación impugnada… (De Segovia y Marroquín) podrían ser removidos de sus cargos como Magistrados de la Cámara Especializada de la Niñez y la Adolescencia de esta ciudad”, razonan los magistrados constitucionalistas.
“Podrían resultar vulnerados sus derechos al debido proceso en relación con su derecho a la estabilidad en el cargo y petición contenidos en los artículos 2,18 y 186 de la Constitución”, consigna la decisión de la Sala.
“Por tanto, resulta procedente ordenar al Jefe del Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, que se abstenga de continuar tramitando el proceso”, agrega la resolución.
La Sala hace ver que el presidente de la Corte Suprema de Justicia no ha dado respuesta al escrito presentado por los magistrados con el objeto de informarle que la resolución emitida por la PDDH no estaba firme.