Acusados van hoy a la audiencia inicial

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El fiscal general, Luis Martínez, dijo ayer que las declaraciones vertidas por Hugo Barrera no pueden ser consideradas como prueba testimonial para iniciar una investigación, porque no las hizo ante las instancias correspondientes. Foto EDH /Miguel Villalta

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2013-09-16 7:00:00

La audiencia inicial para las 16 personas acusadas de actos de corrupción en la construcción del bulevar Diego de Holguín, está prevista para hoy, a las 8:00 mañana, en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

El Fiscal General, Luis Martínez, señaló ayer que las investigaciones que se han hecho en torno al caso “son fuertes y concluyentes” por lo que dijo que confía en que el juez ordenará prisión provisional para los involucrados y que se les abra un proceso formal por peculado (desvío de dinero público), falsedad ideológica (simulación de hechos) y estafa por más de $12 millones.

Hasta la fecha solo ocho de las 16 personas que están siendo investigadas están detenidas.

Entre los que no han sido capturados están el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, y Juan Hernández Campollo, representante legal de la empresa constructora Copreca-Linares, encargada de erigir el segundo tramo de la carretera exprés.

El fiscal Martínez instó a las personas que están siendo señaladas de colaborar en la defraudación al Estado y que aún no han sido aprehendidas a que se presenten por su cuenta a ejercer su derecho de defensa.

“Nosotros vamos a garantizar un juicio justo para que se puedan defender de cara al país”, expresó Martínez.

El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, ha sostenido que Campollo supuestamente recibió $7 millones 695 mil 887, equivalentes al 30% del valor total de la construcción del segundo tramo de la autopista.

Según Amaya, las auditorías revelan que Campollo depositó el dinero en cuentas personales, pagó créditos y saldó cuentas a otras empresas que trabajaban con él en otros proyectos.

A Nieto lo acusan de no haber velado para evitar que se cometieran los delitos en perjuicio del Estado.