Los fiscales a cargo de la investigación de irregularidades en el proyecto de construcción del tramo dos del bulevar Diego del Holguín dijeron que las 16 personas que están siendo juzgadas por este caso tendrán que responder por un monto de $29 millones defraudados al Estado y no solo por los $12 millones 400 mil, según informaron en un inicio.
La fiscal Johana González explicó ayer que el monto que el Ministerio Público dio preliminarmente equivale a estafa y al peculado (apropiación indebida de dinero) durante la ejecución del proyecto, mientras que el dinero restante corresponde a los daños ocasionados tras el abandono de la obra.
Por este caso, siete de las 16 personas acusadas (una ya fallecida) por las autoridades fueron presentadas ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, donde se decidiría si quedaban en prisión provisional y se les abría un proceso formal, o si se les dejaría en libertad condicional.
La audiencia inició alrededor de las 10:00 de la mañana y la oficina de Comunicaciones de la Fiscalía General informó, a las 6:00 de la tarde, que el Juzgado suspendió la diligencia y será reanudada hoy a las 9:00 de la mañana.
Los imputados que estuvieron presentes fueron Lidia Elizabeth Franco, Jorge Francisco Blanco, Juan Francisco Bolaños y Daniel Hernández.
Junto a ellos comparecieron José Roberto Lemus, Ernesto Iván Cañas y Alberto Colorado Cordero.
Otro de los acusados que ya fue localizado por las autoridades, pero que no acudió al juzgado es Sigifredo Ochoa Gómez, quien según su abogado tiene problemas de salud y continúa ingresado en un hospital.
Los defensores de otras personas ligadas a este caso, como Juan Hernández Campollo, representante legal del asocio constructor Copreca-Linares, también estuvieron en la diligencia.
Los delegados del Ministerio Público, antes de que iniciara la audiencia, sostuvieron que el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto (quien aún no ha sido capturado) presuntamente realizó acciones para apropiarse de dinero público a favor del asocio Copreca-Linares, encargado de construir un tramo de la vía exprés.
Según la acusación fiscal, Nieto habría emitido varias resoluciones basándose en documentación falsa.
Para ello el exfuncionario, de acuerdo con las autoridades, habría recibido ayuda del resto de personas que están siendo acusadas de cometer los ilícitos para supuestamente favorecer al asocio.
La Fiscalía agregó que la empresa constructora Copreca habría cometido delitos desde que presentó la oferta técnica para que el ministerio le adjudicara el contrato.
A Nieto y a otros imputados se le está atribuyendo el delito de peculado e incumplimiento de deberes.
Mientras que a Campollo se le acusa de los delitos de estafa agravada, y al resto de implicados se les imputan falsedad ideológica y falsedad documental agravada.
FGR no descarta ordenar más capturas
Cuando se le preguntó a la fiscal que por qué la Fiscalía no está procesando por este mismo caso al antecesor de Nieto en el ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, señaló que, hasta la fecha, se tenían “suficientes elementos” para iniciar las pesquisas contra las personas que están ya detenidas y para quienes se han girado órdenes de captura, no obstante, manifestó que “la investigación no ha concluido y podrían resultar muchas más personas implicadas”.
El actual ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien acudió ayer a la audiencia, ha señalado en reiteradas ocasiones que, en 2010, cuando denunció ante la Fiscalía General las irregularidades detectadas en el referido proyecto vial, entregó documentación que incluía a Nieto y a Gutiérrez. Sin embargo, el viernes anterior, el fiscal general, Luis Martínez, aseguró que las investigaciones no han arrojado indicios que incriminen a Gutiérrez en estos actos de corrupción.
“En las pruebas no aparece hasta ahora ningún hecho delictivo por él (Gutiérrez)”, dijo Martínez en esa ocasión, y no descartó que podría llamar al exministro a declarar como testigo en el proceso.
El exministro Nieto, en una entrevista que dio la semana pasada por correo electrónico a El Diario de Hoy, aseguró que a todas luces había intenciones de perjudicarlo.
En esa oportunidad, Nieto, cuyo paradero se desconoce, fue claro en afirmar que se busca perjudicarlo, para que no se hable de David Gutiérrez, su antecesor en el gobierno de Antonio Saca (2004-2009).
También agregó que todas las anomalías detectadas en la referida obra se dieron durante la administración de su antecesor. Asimismo sostuvo que confiaba en que el sistema judicial de que al final quedará exonerado de los cargos, aunque quede manchado su nombre ante la sociedad.
Por su parte, Gutiérrez aseguró que en los dos años y medio que Nieto estuvo al frente de Obras Públicas prolongó y cambió el contrato, y añadió que, con el monto inicial de $25.6 millones, él habría terminado la obra si no hubiera enfermado y dejado el cargo. continúa en la PÁGINA 00 r