Tres hombres vinculados a una red que acusada de defraudar al Estado con $3.9 millones que el Ministerio de Salud invertiría en el proyecto Reconstrucción de Hospitales, Equipamiento y Extensión de Servicios de Salud (Rhessa) fueron encontrados culpables, ayer, del delito de estafa.
La jueza del Tribunal Cuarto de Sentencia, Lorena de Dueñas, condenó a César Rolando García Herrera, abogado y exsubdirector de la Policía Nacional Civil, a tres años de cárcel, por ser coautor del delito que se le imputó.
Mientras que a los ingenieros José Mauricio Serrano y José Alexander Ramírez Jiménez, dos supervisores de obra, los sentenció a dos años de prisión por considerar que fueron cómplices necesarios.
La funcionaria ordenó que los convictos paguen sus condenas cumpliendo 144 jornadas (García) y 96 (Serrano y Ramírez) de trabajos de utilidad pública.
Los sujetos deberán presentarse ante el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, quien decidirá las tareas que deberán desempeñar.
Además, la jueza le ordenó a García pagar 93 mil 194 dólares en concepto de responsabilidad civil, monto que deberá saldar en tres años.
El Ministerio Público acusó a los convictos de participar en las irregularidades cometidas en la construcción e instalación de equipos médicos del Hospital Santa Teresa, en Zacatecoluca, la Paz, como parte del proyecto de Rhessa.
Dueñas comprobó que García certificó dos fotocopias de comprobantes de crédito fiscal, sin tener a la vista los originales, para acreditar pagos a favor de CPK Consultora S.A. de C.V. y que estas eran falsas.
“Esas dos copias de comprobantes de crédito fiscal fueron el medio para defraudar al Ministerio de Salud. García no puede alegar desconocimiento de los problemas en el caso Rhessa”, dijo la jueza en su resolución.
Contra los ingenieros, la jueza aseguró que aunque debían supervisar la ejecución de las obras y los avances de estas, no lo hicieron, por lo que brindaban información alterada sobre de trabajos que no habían sido ejecutados.
Según el expediente judicial, el autor directo de la estafa millonaria contra el Estado es Gerardo Enrique Osegueda Gine, quien era el representante legal del asocio temporal CPK Consultores, S.A. de C.V. – Borelli & Merigo Arquitectura y Urbanismo Ltda, a quien se le adjudicó la obra.
Según la Fiscalía, el imputado se refugió en España para no responder por los delitos de estafa agravada, así como uso y tenencia de documentos falsos y apropiación o retención indebida.
El año pasado, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó que fuera extraditado, una diligencia que a la fecha está estancada.