Luis Gustavo Pérez Cruz se convirtió ayer en la prueba más irrebatible de los empresarios ante la Fiscalía General de cómo las pandillas y el crimen están golpeándolos: el comerciante fue asesinado por negarse a pagar las extorsiones que le hacían los pandilleros, según la Policía.
La muerte violenta de Pérez Cruz se produjo horas antes de que dirigentes de la pequeña empresa se reunieran con el Fiscal General, Luis Martínez, para expresarle la preocupación que tienen por el incremento de los chantajes a los sectores comercial y empresarial por parte de las pandillas.
A diario Pérez Cruz abría a eso de las 6:00 de la mañana el negocio, que consistía en una pupusería, una venta de verduras y frutas, el cual funcionaba en el pasaje Anepes y bulevar San Bartolo de la residencial Libertad Obrera, en Ilopango, un municipio declarado por las autoridades de Seguridad Pública como “libre de violencia”.
Ayer cuando el comerciante atendía el negocio llegó un hombre que fingió ser cliente y preguntó si había pupusas. El sujeto llevaba puesto un casco de motociclista y en ningún momento se lo quitó, informó la oficina fiscal de Soyapango.
Agrega el reporte fiscal que antes de que la víctima le respondiera, el delincuente sacó una pistola y de inmediato le hizo no menos de cuatro disparos que impactaron en la cabeza.
Después del ataque, el individuo se subió a una motocicleta que había dejado encendida y escapó, mientras que Pérez murió en ese momento, señaló la oficina fiscal.
Patrullas policiales hicieron un operativo de búsqueda del atacante del comerciante, pero no hubo sospechosos capturados.
Las investigaciones preliminares de la Policía apuntan a que Pérez estaban siendo extorsionado por las pandillas que operan en el sector de San Bartolo y aparentemente la víctima se había negado a pagarles a los pandilleros y por eso lo habrían asesinado.
Pérdidas millonarias
El asesinato de Pérez Cruz se registró dos horas antes de que dirigentes del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa (Conapes) se reunieran con el Fiscal General, Martínez, para hablar del incremento de las extorsiones, que están agobiando a los pequeños y microempresarios, así como a los comerciantes.
Ernesto Vilanova, presidente de la referida gremial, aseguró que los pequeños y microempresarios tienen pérdidas que suman hasta 18 millones de dólares anuales, a raíz de los chantajes económicos por parte de los mareros.
“Solo el hecho de que se estén incrementando las extorsiones es porque las autoridades o se hacen los locos o dejan pasar las acciones delincuenciales”, dijo Vilanova.
A eso se suma que de dos a cuatro empresas cierran sus operaciones porque no pueden seguir pagando las extorsiones ni mucho menos les alcanza para el pago de seguridad privada.
“Ya no tienen otra opción de seguir operando y lógicamente cierran sus operaciones, generando más desempleo, generando más pobreza, más desestabilización social y todo eso es una crisis para la economía en El Salvador”, dijo Víctor Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes.
De cada 10 pequeños o micros empresarios agremiados a Conapes, siete están siendo afectados por las extorsiones, quienes tienen que pagar hasta mil dólares mensualmente, según denunciaron.
Recientemente el director de la Policía, Rigoberto Pleités, aseguró que existen empresarios que siguen pagando las extorsiones porque no quieren denunciar ante la Policía ni ante la Fiscalía. Sin embargo, los dirigentes empresariales fueron tajantes en expresar que no denuncian porque no confían en los policías.
“Hemos denunciado lugares específicos en donde está la delincuencia actuando y no ha actuado la autoridad como debe. Para nosotros no hay municipios libres de violencia”, dijo Vilanova.
El Fiscal General sostuvo, a través de la oficina de prensa, que “los fiscales trabajan todos los días para combatir ese delito (y) muestra de ello son las constantes condenas que tenemos en todo el país, y en los próximos días fortaleceremos las acciones de investigación junto a la PNC, para llevar a más extorsionistas a la cárcel, principalmente los que mantienen atemorizados a este sector de la economía salvadoreña”.
Fiscales Antiextorsión recomendaron a los directivos empresariales que orienten a sus agremiados sobre cómo poner la denuncia en la Fiscalía, en caso de que reciban una llamada telefónica o lleguen al negocio a quererlos extorsionar.
La Fiscalía y la Policía trabajan en conjunto con el gobierno de Estados Unidos para echar andar la Fuerza de Tarea Antiextorsión para combatir ese delito.
“Ya se está montando una oficina con una asesora americana (estadounidense) donde van a tratar de atender precisamente a la pequeña y microempresa y vamos a ver cómo la empresa privada puede colaborar con eso”, dijo Rodríguez.