Después de que las anteriores autoridades de Seguridad Pública se mantuvieran alejadas del sector privado en los cuatro años de la gestión presidencial de Mauricio Funes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, se acercó ayer a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para pedirle apoyo en el combate a la criminalidad.
El funcionario se reunió con la dirigencia de la ANEP, donde la referida gremial le planteó el grave impacto que han tenido las extorsiones de las pandillas en la micro y pequeña empresa; así como la baja inversión privada en el país.
Durante el encuentro, los dirigentes empresariales le plantearon al ministro Perdomo una serie de medidas que vendrían a mejorar el clima de seguridad pública en el país.
Entre las recomendaciones se desprende la eliminación de los privilegios a los delincuentes y que no se bloquee la divulgación de las estadísticas sobre homicidios y desaparecidos que registra el Instituto de Medicina Legal.
También que se haga una adecuada rendición de cuentas sobre los planes de seguridad a la población y que la coordinación entre las instituciones que velan por la seguridad sea más estrecha.
Los directivos de ANEP también aprovecharon la reunión para explicarle a Perdomo que esa gremial financia ocho proyectos para prevenir la delincuencia, a pesar de que el sector privado paga millonarias cantidades de dinero en calidad de impuestos al Gobierno.
Entre los proyectos destacan los comités de seguridad que coordina con la Policía y la Fiscalía, los temas de las extorsiones y robo de furgones con mercadería, entre otros.
También el apoyo financiero que recibe el programa de búsqueda de fugitivos conocido como Crime Stoppers y el proyecto de vecinos vigilantes y comerciantes vigilantes para contrarrestar la criminalidad.
El sector privado se ha sumado al programa Alerta Ángel Desaparecido de la Fiscalía, que tiene como propósito la búsqueda niños y adolescentes desaparecidos.
Las cifras de la empresa privada, en el segundo semestre de este año, detallan que el 70 % de la pequeña empresa formal es víctima de las extorsiones y el 80 % del sector informal también.
“Producto de este delito cierran dos micro y pequeñas empresas semanalmente, llevando a la quiebra a su grupo familiar”, señala ANEP.
Las empresas invierten más de $500 millones al año en servicios de seguridad privada, sin contar los pagos a las pandillas por las extorsiones.