Una colonia reta al VMT por vías más seguras

En Jardines de Guadalupe, la Dirección de Tránsito exige el retiro inmediato de portones en 10 calles y un pasaje. Los residentes han apelado la decisión y seguirán el proceso legal

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El Viceministerio de Transporte ha ordenado el retiro de portones en 10 calles y un pasaje de una pequeña colonia de Antiguo Cuscatlán, donde guardias cuidan el paso. FOTOS EDH / JORGE ávALOS

Por Jorge ??valos Twitter: @Avalorama

2013-08-30 7:00:00

Una colonia de sólo 10 calles de una cuadra, Jardines de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán, se encuentra ante un dilema legal que simboliza el drama cotidiano de muchos barrios de El Salvador: ¿es más importante el derecho a la libre circulación que el derecho a la seguridad?

Los residentes de la colonia, vecinos de la Universidad Centroamericana (UCA), jamás pretendieron violar ninguna ley cuando unieron recursos para protegerse de una ola de robos y asaltos a mano armada que sacudió a la comunidad durante la última década y que culminó con el asesinato de un residente en la avenida Río Lempa.

“No se trataba de simples robos. Estábamos ante un problema de bandas que llegaban con camiones, entraban armados a las casas, ataban a los residentes y les robaban todas sus posesiones”, cuenta el presidente de la junta directiva de la calle del Egeo, José Manzano.

En 2010, hartos de sufrir en carne propia las consecuencias locales del fracaso de la seguridad pública, los residentes de la colonia se organizaron, y en siete de las 10 calles de la colonia y en un pequeño pasaje adyacente instalaron portones, con mano de obra de la alcaldía, y se contrataron agentes privados de seguridad para vigilar y controlar la entrada a sus calles.

Según los residentes, si el Estado no podía proteger sus vidas, sus propiedades y posesiones, ellos podían, al menos, tomar medidas para crear condiciones que disminuyeran los riesgos y las vulnerabilidades de la colonia.

El artículo 2 de la Constitución legitima esa percepción que tienen de sus facultades ciudadanas: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.

La colocación de portones de hierro y de guardias de seguridad para controlar el flujo de vehículos y de peatones tuvo un efecto inmediato: los robos prácticamente desaparecieron y la tranquilidad regresó a una colonia que había estado sitiada por el miedo y la incertidumbre.

Cuando en marzo de 2010 el Viceministerio de Transporte (VMT) llegó a la colonia y exigió que se removieran los portones, citando una “denuncia administrativa” y apoyándose en el mismo artículo de la Constitución que ellos invocan, la noticia fue recibida con consternación y rechazo.

En ese momento, los residentes estaban divididos sobre el tema, pero cuando el VMT intentó imponerse, los vecinos, muchos víctimas de “saqueos de viviendas, robo y hurto de vehículos”, acabaron por unirse y defendieron la medida, según un artículo publicado en este diario el 19 de marzo de 2010.

Según el reportaje, el gerente general de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, Gilberto Pérez, exigió al VMT en nombre de la comunidad que si querían que los vecinos quitaran los portones, el VMT debería mandar a la “PNC para que puedan cuidar la seguridad de esas personas”.

El VMT no respondió.

Pilares de resistencia

Al reabrir el caso este año por medio de otra denuncia administrativa, el VMT afronta dos circunstancias únicas en la colonia que se alzan como pilares de resistencia ante una acción que los residentes consideran una traición injustificada del gobierno central.

La primera de estas circunstancias es histórica: cuadros intelectuales del FMLN y de la izquierda humanista del país viven en esta pequeña comunidad, y se sienten profundamente desencantados con el gobierno debido a este procedimiento.

La segunda circunstancia es legal: la colonia es tan pequeña que, según sus directivos, la imposición de las leyes y la jurisprudencia invocada por el VMT se torna excesiva y contraproducente en relación a las infracciones que pretende corregir.

Jardines de Guadalupe fue construida a finales de la década de 1960, y los pioneros en mudarse a la primera calle que se construyó, la del Cantábrico, fueron los padres jesuitas que dirigirían la UCA: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró. Otros humanistas los siguieron.

Cuatro escritores clásicos publicados por la editorial estatal vivieron en la zona, incluyendo dos escritores de afiliación comunista: Pedro Geoffroy Rivas y Matilde Elena López; la casa de esta última aún se conserva detrás de uno de los portones que el VMT quiere remover.

Familiares de segundo grado del más conocido líder del FMLN, ya fallecido, todavía viven detrás de esos portones como lo han hecho durante los últimos 40 años.

En la década de 1970, la colonia chilena en el exilio vivió en esta área, donde también viven otros reconocidos profesionales: entre ingenieros, doctores y abogados de todos los colores partidarios.

Además hay residentes que vivieron el trauma de la guerra muy de cerca, y que o detestan la violencia o simple y llanamente no apoyan a la izquierda en lo absoluto.

Pese a este espectro de colores políticos y gracias a una trayectoria de cuatro décadas de convivencia, la comunidad es muy estrecha y pacífica.

Derechos

El VMT dice basar la decisión de remover los portones en Jardines de Guadalupe en una denuncia recibida el 12 de febrero de 2013.

El Diario de Hoy intentó obtener una copia de la denuncia y trató de corroborar quién la interpuso y por qué, e incluso se intentó contactar a la directora general de Tránsito a cargo del procedimiento administrativo, Ana Olivia Artiga de Majano, pero no se obtuvo respuesta.

En la resolución emitida por el VMT el 23 de mayo de 2013 se concluye que los portones “obstaculizan el libre tránsito… a residentes y particulares, quienes no tienen la libertad de movilización para poder ingresar o salir de la colonia”. Y esto, argumenta el VMT, viola “los principios de libertad plasmados en nuestra Constitución”.

El VMT fundamenta su decisión en varias leyes complementarias y en dos precedentes constitucionales relativos a la libre circulación.

Una de las sentencias de la Sala de lo Constitucional citadas por el VMT no tiene relación alguna con este caso, pero la sentencia A67 156-97 sí habla de la relación entre la libre circulación y las libertades individuales, pero también observa que “es legítimo un sistema de vigilancia, en tanto y en cuanto no se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Lo que no revelan los resultados de la inspección del VMT incluida en la resolución es que la colonia es tan pequeña que el conjunto de calles con portones se puede rodear caminando en solo 20 minutos. Tampoco señala que las calles con entradas a la colonia no están bloqueadas.

Las calles con portones son en realidad pasajes con salidas a ambos lados, pero no se conectan directamente a otras calles de salida o de entrada de la colonia.

De hecho, el 50 % de la colonia —precisamente donde se ubican las calles con portones— está bloqueada por la avenida Albert Einstein, la cual se empina gradualmente en un desnivel que alcanza tres metros de altura en el punto sureste de la colonia (avenida Río Lempa y calle del Egeo).

En las calles donde se ubican los portones es fácil constatar que las bocacalles internas no conducen a otras salidas vehiculares. Sólo dos vías permiten la entrada y la salida de la colonia: la avenida Amazonas y la calle del Mediterráneo.

Por estas razones, los directivos de las ocho calles con portones interpusieron recursos de apelación ante el VMT y se preparan para las batallas legales y constitucionales por venir.

“La apelación la firmamos todos”, dice Manzano. “En esto estamos unidos”.