El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) condenó la actitud de la Asamblea Legislativa por negarse a brindar la información requerida por el Instituto de Acceso a la Información, en cuanto a la nómina de asesores legislativos y los asignados a los grupos parlamentarios. De hecho, ayer los comisionados de información se reunieron para analizar dicha negativa, cuya resolución será firmada el próximo lunes.
En tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, ha evadido a los periodistas, que le han querido preguntar sobre ese asunto.
“Enfatizamos que las resoluciones del IAIP son de obligatorio cumplimiento por las entidades obligadas por la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP. Además, recordamos a la Asamblea Legislativa que el listado de asesores, determinando sus respectivas funciones, es información oficiosa, según el Art. 10 LAIP, por lo que debería difundirse automáticamente por esta entidad y que no se trata de información confidencial”, platea el Grupo Promotor en un comunicado.
Esta agrupación, integrada por varias gremiales y tanques de pensamiento, señala que el IAIP han seguido el proceso administrativo correspondiente y como medida cautelar ha solicitado dicha información que le fue rechazada a un ciudadano, por lo cual acudió al ente encargado de que se respete y se cumpla la Ley de Acceso a la Información Pública.
No obstante, en dos ocasiones la Asamblea Legislativa ha rechazado esas peticiones, bajo el argumento de que es “información confidencial”, y por ende, no está en la obligación de entregarla.
“Ante esta situación hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa para que rectifique su actuar y dé fiel cumplimiento a la medida cautelar dictada por el IAIP, ya que según el Art. 86 de la Constitución ‘los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley'”, argumenta el Grupo Promotor.
Asimismo instó a los comisionados del IAIP a que agoten todas las herramientas legales a su disposición “para hacer cumplir sus resoluciones y continuar garantizando el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos”.
De hecho, ayer los comisionados se reunieron para analizar los escritos presentados por la Asamblea Legislativa, en los cuales rechaza las solicitudes de información que esa instancia les requirió.
Jaime Campos aseguró a El Diario de Hoy que la resolución será firmada y notificada el lunes próximo.
“La parte de los procesos ya más o menos tomamos unos acuerdos y el día lunes estaríamos resolviendo y obviamente notificando” a la Asamblea Legislativa, manifestó el comisionado Jaime Campos.
Aunque no quiso adelantar qué tipo de sanciones se le podría aplicar al primer Órgano del Estado, Campos aseguró que parte de eso es lo que contendrá la resolución que firmarán el lunes.
“Lo que establece la ley relacionada al Código procesal civil y mercantil, son multas, apremios; sin embargo, hay otras que el Instituto a su juicio puede considerar”, explicó Campos.
Lo que sí dejó entrever es que el acuerdo de resolución ya fue tomada ayer por todos los comisionados, pero que el debido proceso les manda a hacerla pública hasta que las partes hayan sido notificadas.
“Las resoluciones del instituto tienen un carácter obligatorio y no meramente recomendatorio; entonces, nosotros estamos claramente en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública. A partir de allí, del no cumplimiento de la decisión van a venir, como ya se ha dicho públicamente, el estudio de las posibles sanciones que esto va a incurrir”, externó el miembro del IAIP.
Al respecto, Ramón Villalta, director de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), aseguró que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene un vacío que permite a las instituciones negar información de funcionarios, sus cargos y sus ingresos, a un ciudadano, aunque este puede solicitar esa misma información, separadamente.
No obstante, ninguna entidad puede ampararse en esta situación y negarle información al ente rector de la LAIP.
“El Instituto puede tomar la medida cautelar, puede pedirle esa información a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa sí está obligada a entregársela al Instituto; distinto es que no se la entreguen al ciudadano, pero la Asamblea debe de entregársela al Instituto”, insistió.
También cuestionó del Congreso, el amenazar con acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
“Está poniendo ya en juego a otra institución sin que el proceso haya concluido, el proceso no ha concluido, está en camino. Creo que ese tipo de amenazas no tiene ningún sentido”, externó Villalta.
Por su parte el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, evadió ayer a los periodistas que le querían consultar de este y de otros temas.
Reyes participó ayer en una conferencia junto al titular de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez, sobre el caso Cel-Enel, pero de antemano anunció que solo sobre ese tema respondería preguntas de los periodistas.
Una vez terminó el evento ambos funcionarios salieron de la oficina. Un grupo de periodistas esperó al presidente del Congreso afuera de la Corte de Cuentas, pues su automóvil y sus guardaespaldas allí lo esperaban. No obstante, luego de unos 30 minutos de espera, el automóvil de Reyes se movió y lo fue a recoger a otra salida del edificio, y de esa manera no se pudo obtener la versión del presidente del Órgano Legislativo.