Obtener un instrumento político y económico que les permita hurgar las cuentas de las empresas y de las personas naturales, aún si éstas cumplen con el pago de sus impuestos, son solo algunos de los propósitos que tres analistas económicos ven detrás de la reforma al Código Tributario que ha propuesto el FMLN y que pretende aprobar hoy en la sesión plenaria.
La justificación de “transparentar la información fiscal”, que ha dado el partido en el Gobierno no convence.
Para Mauricio Choussy este es un claro “atentado a la privacidad de las personas y de las empresas, aún de las que cumplen con todas sus obligaciones tributarias. Esa información puede ser utilizada con fines políticos o incluso con fines comerciales”, opinó con preocupación.
Para el exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, “esto se va a prestar para hacer una cacería de brujas puramente política”.
Rigoberto Monge, quien también fue titular de Hacienda en la década de 1980, no le encuentra un argumento técnico a la petición del partido rojo.
“No le veo ningún objetivo técnico. Trasladarlo a un foro eminentemente político, no le agrega nada en lo técnico a la responsabilidad fiscal de la cartera de Hacienda. La función principal de la fiscalización corresponde al Ministerio de Hacienda”, afirmó.
Todos coincidieron en que el fisco ya tiene sus propios mecanismos para sancionar a las empresas que consideren evasoras.
“Esto no es cuestión de secretismo porque la información la tiene el Ministerio de Hacienda”, dijo Monge.
“Si lo que quieren es perseguir a las personas que han evadido los impuestos, el decreto debe estar orientado a publicar los nombres de las empresas que ya fueron vencidas en juicio y que se les ha comprobado que evadieron los impuestos”, agregó Choussy.
Pero el proyecto de reforma no estipula tal cosa. El artículo que se piensa incorporar al Código Tributario dice expresamente que “los diputados podrán conocer y divulgar la información tributaria…”.
“Eso permitiría que en el caso de las personas jurídicas y naturales estén expuestas a que los diputados conozcan de dónde vienen sus ingresos y cuáles son sus costos y, por ende, sus ganancias sin que estas hayan cometido ninguna infracción”, dijo Choussy.
Hasta podría prestarse para extorsiones, considera Hinds.
Y el tema no solo es político. Choussy recordó que muchos de los diputados también tienen sus propias empresas y podrían conocer los datos de su actual o futura competencia, en el caso de un inversionista nuevo.
“Se imagina que venga una empresa nueva a instalarse al país y los diputados quieran saber si es rentable…”, dijo.
Los datos fiscales podrían darle herramientas a los legisladores para perseguir a X o Y empresa.
“Esto no ayuda a la recuperación de la confianza”, señaló Monge.
Hinds explicó que el Ministerio de Hacienda no tiene una lista definida de evasores. Lo que tiene son procesos de empresas de quienes se sospecha que evaden impuestos, “pero si sabe que X empresa está evadiendo, lo primero que debe hacer es recurrir a la Fiscalía para que ellos lo procesen por ese delito”, señaló.