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Denuncias buscan “enlodar” gestión, según ISSS

La autónoma demanda a auditor por "sustraer" información administrativa

Por Marielos Ramírez nacional@elsalvador.com

Ago 24, 2013- 21:00

Por infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos importantes ha denunciado el Seguro Social ante la Fiscalía General de la República (FGR) a uno de sus auditores, quien hasta el año pasado se desempeñó como jefe del departamento de Auditoría Financiera del ISSS. El puesto lo ocupó por más de 20 años.

El representante jurídico del ISSS, José Ortiz, explicó que la autónoma inició un proceso legal contra el auditor por el delito de “infidelidad en la custodia”.

La denuncia, con referencia 1028-DEUP-2013, fue presentada a la FGR el 30 de julio de este año.

Ortiz explicó que el ISSS se basa en el derecho que le otorga el artículo 334 del Código Penal, que reza: “Será sancionado con prisión de dos a cuatro años, e inhabilitación especial del cargo o empleo por igual tiempo, el funcionario o empleado público que sustrajere, destruyere, ocultare o inutilizare registros o documentos que le estuvieran confiados por razones de su cargo”.

El abogado argumentó que el exjefe de Auditoría Interna, “sustrajo documentos de índole administrativa del Seguro Social”, en diciembre de 2012.

Sin embargo, representantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ( STISSS) han asegurado que el afectado obtuvo documentos e informes de gastos debido a su trabajo en la institución y que “no sacó información”.

El abogado explicó que fue a inicios de 2013 que el auditor hizo comentarios sobre cierta información que tenía en su poder y que ponía “entredicho el ejercicio del manejo de las finanzas de la dirección general”.

“Como unidad jurídica, hemos interpuesto la denuncia correspondiente en la Fiscalía porque lo que el señor hizo es delito, y lo peor es que lo confesó. O sea, prácticamente lo ha confesado al devolver (la información), si la devolvió es porque sustrajo, y tenemos información de que fue borrada de la computadora”, declaró el abogado del departamento jurídico.

De acuerdo con las denuncias interpuestas por el STISSS, el auditor ha sido trasladado en dos ocasiones y degradado sin ninguna justificación. Debido a ello el empleado interpuso denuncias contra dos jefaturas de la institución.

Pero el jurídico del ISSS dijo desconocer las demandas interpuestas ante la Fiscalía y la Corte de Cuentas en contra de las jefaturas por supuesta violación a derechos laborales y por “mal uso de fondos públicos”.

“Hasta este día no conozco de procesos o de denuncias, y si las hay en contra del gerente o la jefe de auditoría, a lo mejor ellos me llaman y me dicen que tienen la denuncia… entonces habrá que apoyarlos”, dijo José Ortiz.

Cuestionado sobre los motivos que empujaron al jefe inmediato a trasladar al auditor del área, Ortiz dijo desconocer las razones: “Sé que fue trasladado en diciembre (2012). ¿Por qué razones? Las desconozco”.

En la demanda, el ISSS acusa al auditor interno de que el 20 de diciembre, cuando se le anunció su trasladado, extrajo información de la computadora y borró los archivos de respaldo de esta.

Entre las pruebas que ha presentado el jurídico a la instancia están testigos que presenciaron los hechos, las notificaciones enviadas por el jefe inmediato del auditor solicitándole la clave de la computadora y otra pidiéndole que devolviera los archivos supuestamente borrados de la computadora.

El jurídico cree que una carta con fecha 14 de febrero de 2013 que el auditor mandó a la jefatura de auditoría asegurando que le entregaría la información es la prueba de que cometió el delito del que lo acusa el ISSS.

Ortiz aseguró que el gerente de la UPISSS y la jefa de Auditoría Interna también han iniciado un proceso administrativo sancionatorio interno contra el auditor por hurtar los archivos.

“Son procesos internos administrativos sancionatorios que se hacen con base a la cláusula 18 y 73 del Contrato Colectivo de trabajo. Son procedimientos reglados por nuestro contrato”, dijo Ortiz.

Ante el derecho de audiencia que demanda el auditor, Ortiz dijo “no tener mayor conocimiento”, porque no existen documentos que prueben si ya hizo uso o no de ese derecho. “La ley asume que después de 30 días sin que usted manifieste desacuerdo, se supone que aceptó el traslado. En este caso es lo que ha ocurrido, que yo sepa no ha manifestado nada”, dijo.

Argumentó que tampoco puede comprobar que el jefe inmediato no le haya permitido hacer su trabajo de auditoría en ese entonces, con los documentos que supuestamente comprueban el mal uso de los fondos, como lo denunció.

“Pero cuando es trasladado a otro lugar, entonces, sí hace uso de la información para pretender hacer una denuncia contra la dirección general. Eso me parece poco ético, indigno, espurio, poco responsable”, acotó.

Los representantes sindicales aseguraron que al auditor se le ha retenido su salario desde julio, hecho por el que también sigue un proceso en el Ministerio de Trabajo.

Ortiz dijo que eso es debido a que no está cumpliendo con las obligaciones o el trabajo que se le ha sido asignado, y que mientras dure el proceso legal en su contra, su situación no cambiará.

Ambas partes se encuentran en una guerra legal, cada quien defiende su postura a la espera de que sean las instancias legales las que digan la última palabra.

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