La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) demandó de políticos y gobernantes no comprometer nuestra democracia y el Estado de Derecho por el bien del país, ya que han venido observando intentos de varias fracciones legislativas de limitar las facultades y amenazas contra la independencia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“¿De qué nos sirve una política industrial sin un Estado de Derecho, sin seguridad jurídica y sin institucionalidad?”, preguntó Javier Simán, presidente de la ASI.
Simán dijo que ven con “indignación cómo alguna fracciones legislativas, con arrogancia y prepotencia, pretenden en bloque imponer sus propias interpretaciones de nuestra Constitución”.
Pero también aseguró que esas fracciones también buscan legislar “a su antojo y conveniencia, pisoteando las leyes y la institucionalidad”.
Otra señal que dice preocuparle a ASI es que esas fracciones legislativas, que no identificó, ignoran fallos y resoluciones judiciales de la Sala de lo Constitucional y se atribuyen más facultades de las que les otorga la Constitución.
“Venimos observando diferentes intentos de limitar las facultades constitucionales de la Sala de lo Constitucional, y diferentes amenazas contra sus magistrados para desarticular el trabajo y criterio independiente de la Sala”, afirmó el dirigente gremial.
Según dijo, esos intentos tienen el único fin de designar en su lugar a funcionarios sumisos a la voluntad política de quienes los impulsan.
El “bloque” de partidos al que se refiere Simán, aunque no los identificó, lo integra el FMLN, Gana, PCN, PDC y los cinco diputados que desertaron de ARENA, que han aprobado en madrugones iniciativas con dedicatoria a la Sala de lo Constitucional.
En 2011, ese bloque, excepto los exareneros, aprobó el decreto 743 con el que se obligaba a la Sala de lo Constitucional a tomar sus sentencias o resoluciones de manera unánime y no con cuatro de los cinco votos.
ARENA acompañó con sus votos la aprobación de ese decreto pero luego se retractó y acompañó la campaña de varias organizaciones sociales para que se derogara.
La decisión de los partidos provocó una avalancha de manifestaciones en favor del respeto a la independencia judicial, que sólo cesaron cuando el presidente Mauricio Funes vetó el decreto .
Afecta clima inversión
En otro caso, las mismas fracciones, comandadas por el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, demandaron ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y lograron que esta instancia regional fallara contra la sentencia de la Sala de lo Constitucional por anular la elección de magistrados de la CSJ en 2006 y 2012, criticado por varios sectores porque dijeron la CCJ no tenía jurisdicción.
Este tipo de reacciones del bloque de partidos ha venido luego de sentencias de la Sala por considerarlas violatorias de la Constitución. Entre ellas la cancelación del PCN y PDC, declarar ilegal la facultad de la Presidencia de la República de transferirse fondos de ministerios sin la venia de la Asamblea y declarar inconstitucional las listas cerradas de candidatos a diputados y el aval a las candidaturas independientes.
Toda esta situación, dijo Simán, produce un “ambiente político hostil que no contribuye en nada a generar el clima de confianza y seguridad indispensable para atraer nuevas inversiones y oportunidades de empleo.
Según dijo, los madrugones en los que surgen “decretos sorpresivos” tienen un “gran impacto en el quehacer económico nacional”, sin que hayan sido analizados y recomendados en las comisiones legislativas respectivas.
“Nosotros nunca lograremos el desarrollo económico y social mientras se siga manipulando las leyes y las instituciones a conveniencia política”, afirmó Simán, por lo que les pidió a los diputados a que dejen de legislar a conveniencia de sus propios intereses partidarios y “dejen de socavar la poca institucionalidad que nos queda”.