Fiscalía va tras dirigentes del fútbol nacional

Ministerio Público no tiene claro por cuáles delitos podrían acusar a los responsables de los amaños

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Policías custodian la casa del futbolista Elíseo Quintanilla en la colonia Escalón, una de las allanadas el miércoles por la noche por las autoridades. Foto EDH / René Estrada

Por David Marroquín sucesos@eldiariodehoy.com

2013-08-22 8:00:00

Las investigaciones que lleva la Fiscalía General sobre los supuestos amaños de los partidos de la Selección Mayor de fútbol se han extendido no solo a los jugadores sino también a los dirigentes deportivos y a extranjeros que habrían tentado a los jugadores para que se dejaran ganar en complicidad con mafias internacionales de apuestas.

“En esto (amaños) están en investigación jugadores, directivos y personas del exterior”, declaró el Fiscal General, Luis Martínez.

El jefe del Ministerio Público agregó que las indagaciones se encuentran en la etapa de identificar a los responsables de haber amañado algunos partidos de la Selección.

Mientras tanto, la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) suspendió a 22 jugadores mientras desarrolla su propia investigación, ayer su presidente, Carlos Méndez Cabezas, se limitó a decir a ESPN que “no puedo adelantar nombres de directivos involucrados”. También, de los resultados de esas indagaciones de la Fiscalía depende que continúe el patrocinio de la marca Digicel. (Ver notas en las siguientes páginas).

El fiscal Martínez explicó que a medida han avanzado las investigaciones con la toma de declaraciones de jugadores y la recolección de otras pruebas “nos hemos dado cuenta que trasciende a otro tipo de estructura de mafias internacionales”.

“No vamos a permitir que arruinen a nuestro país, quitándonos la ilusión de un pueblo en cuanto al deporte y su selección”, enfatizó Martínez.

Sin definir delitos

La Fiscalía no tiene claro los delitos por los que podrían ser acusados los jugadores de la Selección a quienes la madrugada de ayer les allanaron sus casas en busca de evidencias que les permitan comprobar si recibieron dinero para que perdiera la Selección.

El jefe de la Unidad de los Intereses del Estado de la FGR, Julio Arriaza, explicó que en las investigaciones se irá determinando la probable conducta delictiva que se les podrá imputar a los jugadores.

“Está sujeto a una serie, pero todo depende de la información que podamos encontrar en esta fase para poder determinar la diversidad, porque creemos que son varios los hechos delictivos, pero no queremos entorpecer las investigaciones, pronunciándonos en este momento”, dijo Arriaza.

El fiscal adelantó que poseen indicios de que jugadores a quienes se les registraron las casas habrían “vendido” algunos partidos de la Selecta.

Agregó que las investigaciones fiscales abarcarán todos los partidos de la Selección Nacional desde 2009 hasta los últimos, sin importar que hayan sido amistosos.

Los jugadores a los que les allanaron sus viviendas son Eliseo Quintanilla, Dagoberto Portillo, Miguel Montes, Benji Villalobos, Dennis Alas, Luis Anaya, Marvin González, Alexander Escobar, Mardoqueo Henríquez, Rodolfo Zelaya y Alfredo Pacheco.

Algunos de ellos se encontraban en sus casas al momento de los registros, pero no hicieron comentarios en relación con las investigaciones de la Fiscalía.

“Podemos determinar de que de estas 11 personas, podemos obtener información de soporte técnico, posiblemente podemos encontrar información documental encaminada a determinar los contactos que tenían”, dijo Arriaza.

Los decomisos

Tras concluir los registros, los fiscales decomisaron computadoras, laptops, tablets, iPhone, celulares, chips, memorias de cámaras fotográficas, fotografías, facturas y hasta libretas de cuentas bancarias.

“Con la nueva tecnología que tiene la Fiscalía, podemos reconstruir y recuperar información de correos electrónicos y otro tipo de información de computadoras, aun cuando hayan sido borrados”, explicó Martínez.

Por el momento, la Fiscalía no ha girado órdenes de captura en contra de algún seleccionado ni tampoco ha impuesto restricciones a la libertad de los investigados.