LA UNIÓN. El 12 de agosto anterior, la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente absolvió del delito de usurpación al alcalde de San Alejo, Inmar Daniel Barrera, al igual que a los directivos de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco), del caserío El Salamo, cantón Cercos de Piedra.
Todos fueron condenados por el Juzgado de Sentencia de La Unión el 16 de mayo del presente año por supuestamente haber usurpado un terreno privado en la referida comunidad que era usado como una cancha.
Tal y como El Diario de Hoy lo publicó, ese inmueble tiene dos fichas catastrales emitidas por el Centro Nacional de Registro (CNR) de La Unión. En la primera se certifica que la cancha se encuentra ubicada en el bosque salado propiedad del Estado salvadoreño en el ramo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Mientras que la segunda ficha fue otorgada después de una remedición que presentó Jesús Odil Rodríguez, persona particular y propietario de unos terrenos aledaños al inmueble, y quien reclamaba que la cancha era de su propiedad según constaba en los planos de remedición que presentó al CNR.
Esta institución resolvió que el 80 por ciento de la cancha le pertenecía a Rodríguez.
Tanto la comunidad como el alcalde desde el inicio del proceso sostuvieron que el terreno le pertenecía al Estado, y es el único espacio de diversión que posee la comunidad, mismo que han utilizado desde hace más de 50 años.
Julián Flores, apoderado legal de la alcaldía, dijo que demostraron en la apelación la inobservancia del juez de derechos fundamentales y de tipo penal que se llama “Error invencible”. Flores sostuvo que “el señor alcalde actuó en mejorar la cancha en base a un documento catastral emitido por CNR, en el que indicaba que el inmueble era propiedad del Estado”, aseguró.
La Cámara declaró absueltos de toda responsabilidad de tipo penal y civil a los imputados.
“Después de la notificación de la Cámara, la Fiscalía General de la República tiene 10 días hábiles para interponer un recurso de casación si lo creyeren conveniente en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia”, agregó Flores.
El alcalde Inmar Barrera manifestó que con la resolución que dio la Cámara se ha hecho justicia y que los más beneficiados son los pobladores de dicha comunidad, porque es un espacio que les pertenece.
“Haremos las respectivas coordinaciones con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas para que el terreno donde funciona la cancha lo den en comodato a la alcaldía para que se hagan mejoras y sea siempre de beneficio para los pobladores del lugar”, sostuvo el edil.
Barrera dijo que solicitó formalmente al CNR una investigación al personal de catastro para constatar si hubo anomalías al validar la segunda ficha catastral.
A la fecha se desconoce si el CNR realizó alguna auditoría. EDH buscó la versión de la Unidad Catastral del CNR La Unión, pero no fue posible contactarlos, pues la línea telefónica estaba ocupada.