Ana del Carmen (nombre ficticio), cansada de estar pagándoles 20 dólares semanales a un grupo de pandilleros que operaban cerca de su pequeño negocio, se decidió por denunciarlos ante la Policía.
El pago obligatorio que les hacía a los mareros para evitarse de que le hicieran daño a ella o a su familia la estaba llevando a la quiebra de su negocio y se estaba quedando sin el sustento familiar. El establecimiento se localiza en una colonia al oriente de San Salvador.
Cada viernes, dos menores se acercaban a su establecimiento para recibir el pago por “cuidarle su negocio”, lo que además de estarle quitando las pocas ganancias que obtenía del mismo también le estaban provocando quebrantos en su salud por la constante preocupación que le acarreaba la presencia de los pandilleros.
Un día de marzo de este año y por recomendación de algunos amigos se armó de valor y decidió ir a denunciar a los pandilleros que le habían robado su tranquilidad y acababan con su patrimonio.
Tras varias semanas de investigación, de darle seguimiento a los extorsionistas y hacer entregas de dinero controladas, los policías antiextorsiones arrestaron a cinco pandilleros, entre estos los dos menores que se encargaban de recibir el dinero de los chantajes.
La situación que atravesaba Ana del Carmen es similar a las que vivieron las más de 1,409 personas que eran extorsionadas y que se decidieron también a denunciar ante la Policía y Fiscalía en el primer semestre de este año. Esa cifra es menor con respecto al número de denuncias que se recibieron en los primeros seis meses del año pasado, en el que la Policía registró 1,489 avisos por extorsión.
Los datos de la Policía reflejan que las pandillas no han dejado esa práctica delictiva, a pesar de la tan publicitada tregua entre esos grupos. De todas las denuncias recibidas en el pasado semestre, 1,180 son atribuidas a las pandillas, lo que corresponde al 83 por ciento de la totalidad.
Los chantajes económicos que han sido responsabilidad de las pandillas, 40 por ciento de los mismos corresponde a la mara Salvatrucha (MS), la mara 18 es responsable del 15 por ciento; mientras que el resto, 45 por ciento, no se ha identificado a la pandilla responsable de ejecutarla.
El monto estimado de las exigencias económicas que los extorsionistas les estaban exigiendo a sus víctimas alcanzaba los dos millones de dólares, pero de esa cantidad sólo el 10 por ciento pudo haber sido entregada por los afectados, según la Policía. La mayor parte de esas extorsiones fueron hechas desde teléfonos celulares y otras en las que los delincuentes llegaron a “visitar” a sus víctimas en persona.
Más de 700 condenas
El subdirector de Investigaciones de la Policía, Héctor Mendoza Cordero, explicó que el alto porcentaje de condenas logradas es producto de las buenas investigaciones que realiza la Fuerza de Tarea Antiextorsión que ha sido creada para contrarrestar los chantajes económicos en contra de la mediana, pequeña y microempresa con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
Las investigaciones hechas por la Policía en los casos de extorsión denunciados llevaron a que los tribunales de justicia condenaran a 736 extorsionistas, la mayoría de ellos pandilleros, con penas que van desde los cinco hasta los 30 años en prisión en el primer semestre de este año.
De todos los extorsionistas sentenciados, 240 de ellos recibieron penas de cinco años de cárcel, otros 314 delincuentes pasarán entre seis y 10 años en prisión, mientras que 170 recibieron sentencias que van desde los 11 hasta los 20 años que tendrán que pasar encerrados en un centro penal. A cuatro extorsionistas les impusieron de 21 a 30 años de cárcel.
“La gente que se dedica a esto, extorsión, deben de tener claro que lo único que les espera es la cárcel. La única garantía es que irán a echarse sus 15 o 30 años en la cárcel, porque tenemos la gente más especializada para investigar este delito”, dijo Mendoza Cordero.
Agregó que cada vez las unidades de investigaciones de la Policía se vuelven más efectivas, “lo cual ha quedado demostrado porque de cada 100 extorsionistas que se capturan, 95 de ellos son condenados con penas hasta 30 años de prisión”.
Además las cifras de la Policía detallan que 1,072 personas han sido arrestadas por extorsionar, de las cuales 343 en flagrancia, o sea cuando recogían el dinero de las extorsiones, otros 633 con órdenes giradas por la Fiscalía General y 96 por orden judicial.
Las cifras que maneja la Policía sobre las extorsiones no convencen al sector empresarial. El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Arnoldo Jiménez, sostiene que la extorsión es el principal problema de inseguridad que golpea fuerte al sector productivo del país.
“Es un dato que no ha bajado para nada; ahí están haciendo su agosto. No vemos claramente que las autoridades estén combatiendo efectivamente el crimen”, dijo Jiménez.
Agregó que la pequeña empresa es la más afectada. “Lo saca la encuesta que hicimos durante el Enade; no han disminuido, sino que han aumentado (las extorsiones)”.
Cree que se necesita de una política pública orientada a proteger a las víctimas y a los ciudadanos honrados de ese flagelo delincuencial.