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La tortuosa comisión del caso CEL-Enel

El informe de la Comisión Especial emite un solo recomendable: que la Fiscalía General investigue "posible enriquecimiento ilícito", un tema que no investigó

El expresidente de la República, Francisco Flores, compareció ante la Comisión Especial del caso CEL-Enel el jueves 2 de mayo. foto edh / archivo
El expresidente de la República, Francisco Flores, compareció ante la Comisión Especial del caso CEL-Enel el jueves 2 de mayo. foto edh / archivo

Por Jorge Ávalos Twitter: @Avalorama

Ago 14, 2013- 20:00

Lo primero que un ciudadano debe recordar con respecto al informe preliminar de la Comisión Especial que por seis meses investigó si hubo irregularidades o no en el caso del asocio entre la entidad estatal de energía eléctrica, CEL, y la empresa italiana Enel Green Power, es que el único poder real de la comisión es el de emitir una recomendación.

En efecto, según el artículo 132 de la Constitución de la República, la conclusiones de esta comisión no son vinculantes para los tribunales y, además “no afectarán los procedimientos o las resoluciones judiciales”, es decir, no afectan de ninguna manera el laudo arbitral que CEL perdió, dos veces, ante un tribunal internacional de arbitraje.

Es por esta razón que la única resolución de la comisión especial es una recomendación. En ella pide que la Fiscalía General investigue “lo relativo al posible enriquecimiento ilícito” de tres exfuncionarios públicos, un tema que la comisión CEL-Enel no investigó jamás.

¿Podría ofrecer esta comisión pruebas o indicios sustanciales al Fiscal General por un tema que nunca investigó de manera directa?

Esta resolución aventurera demuestra hasta qué punto la Comisión fue más un circo mediático con fines propagandísticos, que una investigación realizada con rigor.

Atender las reuniones de esta comisión y verlas a través del cristal que separa a los diputados del área pública, era también ver un espejo: ahí se reflejaron las pasiones suscitadas por el discurso propagandístico, como en una telenovela cuyo melodrama fue patéticamente representado por muy malos actores.

Semana tras semana, los periodistas atendimos las sesiones de la comisión esperando encontronazos o agudas revelaciones de la verdad en los que se demostraría o se descartaría, de una vez por todas, la supuesta corrupción de tres exfuncionarios públicos, incluyendo un expresidente de la República. Y semana tras semana, los diputados decepcionaron las expectativas que ellos mismos crearon.

Falsedades evidentes

Las intenciones propagandísticas de la Comisión Especial que investigó el asocio de accionistas entre CEL y Enel es evidenciado por las marcadas diferencias entre lo que realmente ocurrió en las sesiones de la comisión y que los diputados decían en programas de televisión un día después o, a veces, ese mismo día.

Consideremos el caso de la participación de Peter Vonk, un exdirector de Deutsche Bank Latinoamérica que fue el principal asesor de CEL en la búsqueda de un socio estratégico que invirtiera y ayudara a la expansión de la empresa generadora de energía geotérmica, LaGeo.

A diferencia de otras reuniones de la comisión, aquella en la que participó Vonk se llevó a cabo en privado, sin acceso del público y de los medios.

Un día después columnistas y diputados hablaron de lo que Vonk supuestamente había dicho: entre otras cosas, que había rechazado los cambios que se habían efectuado en el acuerdo de accionistas y que no lo había apoyado.

El Diario de Hoy obtuvo la grabación de alta calidad que se hizo de sus declaraciones y descubrimos que Vonk sólo se sorprendió por los cambios en un artículo, el 6, cuyo contenido estaba fuera de los límites de su asesoría. Y sobre el contrato entre CEL y Enel no sólo dijo que había sido una “transacción exitosa” para El Salvador, sino también para “toda Latinoamérica”.

Otras notables falacias en el informe de la comisión incluyen temas de la supuesta devaluación de las acciones de LaGeo y la calificación de que el asocio fue una “privatización encubierta”.

Las acciones de LaGeo nunca fueron devaluadas. Se atribuyó el precio de $7.50 por acción sobre la base del sistema de contabilidad que usaba el Gobierno en todas las instituciones en el 2001. Además Enel sobrevaloró a LaGeo en $10 por acción, lo que significa que la supuesta devaluación no tuvo ningún efecto.

Para decir que el asocio CEL-Enel fue una “privatización encubierta”, el informe omite el hecho de que LaGeo estaba en el 2002 bajo el control de CEL, y por contrato lo habría estado tanto con una participación accionaria mayoritaria como minoritaria, y que sólo perdió ese control cuando transfirió todas sus acciones a una empresa privada, INE, varios años después.

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