Ante la resistencia de Cel para cumplir con el fallo de una corte internacional (Cámara Internacional de Comercio, ICC) que favorece a Enel Green Power con la mayoría accionaria en La Geo, la firma italiana recurrió nuevamente a una instancia internacional. Esta vez interpuso una demanda contra el Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una dependencia del Banco Mundial (BM), especializada en la resolución de conflictos entre inversionistas y gobiernos.
De acuerdo con un comunicado de Enel, su reclamo se basa en que el Estado de El Salvador ha tomado medidas que dañan las inversiones de la empresa en La Geo, entre ellas, la decisión de impedir que la firma tenga la mayoría accionaria en la empresa de energía geotérmica, a pesar de que ya lo ordenó un arbitraje internacional.
Enel añade que el Estado le ha negado sus legítimos derechos y también basa su demanda en el peligro de perder la concesión para explotar los recursos geotérmicos, debido a que el Gobierno podría declararla nula y dejar su continuidad sometida a la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el abogado, Francisco Bertrand Galindo, quien ha conocido de cerca el proceso Cel-Enel, este nuevo recurso surge como una respuesta ante “una serie de acciones tendientes (del Gobierno) a no cumplir la sentencia (internacional del ICC)”, emitida en septiembre de 2011 y confirmada a principios de este año después de que Cel interpusiera un recurso de apelación.
Las medidas de las que habla Bertrand van desde las declaraciones de presidente de la República, Mauricio Funes, de no acatar el fallo de la ICC, con sede en París, pasando por la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la creación de una comisión de la Asamblea Legislativa hasta llegar a la interposición de un recurso de nulidad del contrato en la sala de lo Contencioso.
“Todo esto denota un accionar del gobierno de El Salvador tendiente a no cumplir. Eso violenta leyes y tratados internacionales. Lo que se ha hecho es recurrir al CIADI que es un Centro Internacional para la resolución de disputadas en materia de inversión entre inversionistas y el Estado”, explicó el profesional del derecho, quien añadió que no se trata de una demanda para solicitar la revisión del fallo, sino para que se ordene al país –después de haber escuchado a ambas partes– a que se cumpla.
La sentencia del tribunal internacional le permitiría a Enel lograr más del 50 % de las acciones del La Geo al capitalizar más de $100 millones en inversión, tal y como lo estipulaba el contrato que firmaron ambas partes. La negativa de Inversiones Energéticas (INE), subsidiaria de la Cel, de cumplir con ese acuerdo provocó una demanda en la Corte de París y un gasto millonario en arbitrajes para el Estado salvadoreño.
Por el momento, el recurso en el CIADI solo ha sido presentado, mas no admitido; no obstante, el gobierno salvadoreño ya recibió una notificación, dijo Bertrand.
El experto aseguró que el CIADI es una entidad competente para determinar “que es el gobierno de El Salvador el que está tomando las acciones para no cumplir y no proteger a la inversión extranjera como dicen los tratados. En esa medida sí tiene facultad para conocer el caso”, indicó.
Un tribunal especial del CIADI, por ejemplo, determinó que el Estado chileno debía indemnizar a Víctor Pey, presidente de la fundación española, Presidente Allende, por la expropiación del Diario El Clarín, por parte de la dictadura de Augusto Pinochet.
A pesar de que es la segunda instancia internacional a la que acude la empresa italiana, según el abogado, esta sigue abierta al diálogo con su contraparte para resolver el conflicto y no está sobre la mesa la posibilidad de retirar su inversión en el país; sin embargo, Bertrand insistió en que el conflicto afecta el ambiente de inversión, a los salvadoreños y a la empresa.
“En esto sufre el país, sufren los ciudadanos, porque la energía que se paga es más cara que la del petróleo y no la geotérmica. Por otro lado, sufren los inversionistas, porque su rentabilidad tiende a irse disminuyendo en el sentido de que la empresa tiende a ir perdiendo valor al no estarse haciendo los mantenimientos e inversiones en niveles correctos”, sostuvo.
Este nuevo proceso podría tomar hasta un año y medio, por lo que el próximo Gobierno tendrá que lidiar con su resolución si el actual no se decide a cumplir el fallo internacional.
Otra de las posibles soluciones si Enel quiere cumplir forzosamente el fallo arbitral internacional es presentarlo ante Corte Plena; sin embargo, Bertrand no lo consideró conveniente debido a los conflictos por los que atraviesa el Órgano Judicial.
La solución puede ser otra si la intención de las autoridades es no acatar lo dictaminado por un tribunal internacional. El abogado dijo que “el mecanismo correcto es expropiar y pagar lo que tenga que pagar”.
Sin embargo, para Bertrand, el Gobierno debe dejar de concentrarse en tratar solo de mantener la mayoría accionaria y debe prestar atención a las cláusulas de minoría, con las que sí podría tener control de elementos clave en la explotación del recurso geotérmico, por ejemplo, con la política comercial, el mantenimiento de las inversiones, la conservación de los pozos y el control de las inversiones de su socio.