Las disposiciones plasmadas en el borrador de la propuesta de la nueva Ley del Consejo Superior De Salud Pública (CSSP) y de las Juntas de Vigilancia de las Profesiones de Salud ha generado incertidumbre entre el gremio médico.
Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, dijo que la normativa ha sido elaborada de forma inconsulta y que representa una amenaza para todos los profesionales de la salud.
El documento vendrá a sustituir la actual ley que data desde 1958 y que es considerada obsoleta por las autoridades. En ella se norman actividades que no estaban sancionadas en el actual Código de Salud.
Además se modifican las multas y sanciones para los profesionales que violenten la ley y los propietarios de establecimientos sanitarios.
“Ellos como perdieron la fuente de financiamiento del CSSP al perder la capacidad de registro de los medicamentos, están buscando una fuente de financiamiento y en este caso quieren hacerlo a través del cobro de tasas por clínicas y del aumento de anualidades de los profesionales de la salud”, dijo el presidente del Colegio Médico.
Desde que todas les atribuciones relacionadas a la actividad de registro de los fármacos fueron trasladas a la Dirección Nacional de Medicamentos, al año sólo perciben $230 mil. Antes era $2.7 millones. Debido a ello los fondos son insuficientes para funcionar.
El Colegio Médico, además, denuncia que quieren convertir un órgano estatal creado con una visión técnica, en un ente con visión política partidaria.
El borrador del documento que aún no ha sido presentado ante la Asamblea Legislativa y que fue elaborado por técnicos del CSSP, contempla una elevación de las multas para los profesionales y propietarios de establecimientos que infringen la ley, estas rondarán de uno a 70 salarios mínimos urbanos del sector comercio y servicio según sea la infracción; el actual código establece una sanción de $114 y $1,140.
En abril de este año, Pedro Rosalío Escobar, el presidente del CSSP, expuso que las multas actuales son muy bajas y la desventaja es que el rango que se establece es amplio, de manera que una infracción grave puede quedar con la multa más baja.
Brizuela agregó que el CSSP y las juntas deben ser entes técnicos para que supervisen y regulen en ejercicio de la profesión, además de supervisar las instalaciones sanitarias.
“Pero nosotros no hemos visto que el consejo vaya a supervisar si es cierto que los hospitales tienen las condiciones adecuadas para dar atención”, añadió el médico.
El CSSP también se encamina a incrementar la cuota que pagan los doctores por mantener vigente su licencia para ejercer, esta es de $2.86 y se pretende que llegue a $25, de acuerdo con el Colegio Médico.
“Creemos que el costo de una licencia para ejercer una profesión de la salud, por lo que representa, debería ser más elevado; para que la autoridad tenga la capacidad de vigilar el ejercicio”, expresó Escobar en mayo de este año cuando dio a conocer que estaban en proceso de elaboración de la nueva ley y modificar el decreto 373 que regula las tarifas por servicio.
La pretensión era iniciar el proceso de aprobación antes de junio de este año para que sea discutida en la asamblea antes de las elecciones presidenciales.
Brizuela considera que con el nuevo documento se cambian las reglas del juego.
“Como ellos tienen la necesidad de crear ingresos económicos sin tener la capacidad técnica, pretenden certificar las especialidades médicas del país. Si no tienen dinero en este momento para tener la fuerza para hacer una verdadera supervisión del ejercicio profesional de la medicina, mucho menos van a tener para contratar especialistas de cada área, porque así se certifica en todo el mundo”.
Los profesionales de la salud que quieran tener una clínica privada tendrán que pagar una cuota y serán tasadas según la calidad de esta y pagarían anualmente por funcionar, expresó René Portillo, director de Defensa Gremial.
“Todo esto viene a restringir el ejercicio privado puesto que muchos colegas no tienen como instalar una clínica y luego pagan impuestos a la alcaldía, e IVA y otros”, comentó Portillo.
El CSSP anunció hace meses que este año censarán todos los establecimientos que ofrecen servicios de salud en el país. Incluso se hizo una prueba piloto.
Regulaciones
Algunas de las modificaciones que se propondrían:
Causar la muerte de un paciente por error, negligencia, impericia o abandono inexcusable durante el ejercicio de su profesión y prescribir drogas enervantes, estupefacientes o alucinógenas fuera de los casos indicados por la terapéutica o en dosis evidentemente mayores que las necesarias será sancionado con la suspensión en el ejercicio profesional de dos a cuatro años.
Además, ejercer una profesión de la salud sin la autorización correspondiente, publicitar, anunciar, promover o ejercer una especialidad profesional para la cual no se está autorizado la multa será de 11 a 20 salarios mínimos urbanos del sector comercio y servicio, entre otros.
El presidente del Colegio Médico indicó que están en contra de las sanciones que se detallan en el documento.
“Tradicionalmente las infracciones prescribían 60 días después y lo van a prolongar hasta cinco años, es un cambio drástico que no compartimos”, comentó Brizuela.
El artículo 97 de la propuesta de ley también detalla que “la acción para denunciar o proceder de oficio a la investigación de los hechos que sanciona la presente ley, prescribirá en el plazo de cinco años contado desde la fecha en que se cometieron”.
El presidente del Colegio agregó que las sanciones y el poder que le dan a la junta y el Consejo para tomar decisiones en sancionar a un médico son preocupantes porque se podrán tomar con una visión política, puede usarse para amedrentar a los colegas médicos que tienen una postura crítica contra las políticas del gobierno.
Entre las prácticas que quedan prohibidas y que no están normadas en la ley actual está ofrecer servicios de salud por cualquier medio de comunicación sin estar debidamente autorizado por la Junta de Vigilancia respectiva, omitir, en los anuncios o publicaciones, el número de autorización del profesional inscrito en la Junta de Vigilancia respectiva.
También propone sancionar a todo aquel profesional que ofrezca consulta médica, veterinaria o psicológica por teléfono u otros medios de comunicación, omitiendo el examen físico o emocional.
También se consideran infracciones el abrir un establecimiento sin autorización, funcionar sin un personal responsable o regente, contratar personas no autorizadas para prestar servicios en los centros de salud y revelar el secreto profesional.