Los diputados avalaron ayer con 79 votos de todos los partidos políticos retirar los barriles con tóxicos que están en las bodegas de la exfábrica Quimagro, ubicada en un área de San Luis Talpa, de La Paz.
La medida es una ley transitoria para que el ministerio de Medio Ambiente implemente de inmediato medidas sanitarias en la zona, que incluye la remoción de los tóxicos, “el desalojo, transporte, tratamiento, movimiento y disposición final de los plaguicidas, sustancias químicas, subproductos, tierras y suelos contaminados en las áreas establecidas en esta ley”, reza parte del dictamen avalado ayer.
Esto, debido a que hace 28 años la exfábrica Quimagro cerró sus instalaciones y allí quedaron embodegadas varias sustancias como toxafeno, paratión metílico y etil paratión, productos usados hace décadas en la agricultura, cuando aún no habían sido prohibidas por el gobierno ni el país había suscrito los convenios internacionales que prohiben su uso.
Según el diputado Francisco Zablah, de Gana, el protocolo a seguir en este caso será el mismo que se realizó en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, de La Libertad.
En este sitio, se llevó a cabo el retiro de plomo que guardaba la exfábrica Baterías Récord de El Salvador. La medida también incluyó atención médica para los residentes afectados por la sustancia.
En el caso de San Luis Talpa, las medidas sanitarias deberán abarcar un radio de 500 metros alrededor de donde se ubica la exfábrica Quimagro.
Para realizarlo, la Asamblea faculta al ministerio de Medio Ambiente a tomar acciones pertinentes que pueden incluir la contratación directa de personas naturales o jurídicas necesarias para la disposición final de los tóxicos.
Asimismo, al ministerio de Hacienda para que brinde los recursos económicos necesarios para que se cumpla el objetivo de dicha ley transitoria.
“Podrán utilizarse como fuentes de financiamiento: las asignaciones especiales por parte del ministerio de Hacienda, los fondos propios del Ministerio, la Cooperación Internacional, Donaciones y otros empréstitos”, versa el dictamen aprobado ayer.
Lo anterior se realizó a petición del alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, quien llegó a la Comisión de Medio Ambiente, el martes pasado a pedirles a los diputados ayuda para retirar los tóxicos de la zona, ya que según el edil, son la causa de la alta mortalidad por insuficiencia renal en los pobladores de su municipio.
Ese mismo día también la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, presentó un estudio a los legisladores el cual reveló según la funcionaria, que el uso de pesticidas en el país está vinculado a la incidencia de dicha enfermedad.
Ante esto, el FMLN y Gana intentaron ayer que se aprobara la prohibición de plaguicidas, sin embargo no lograron el respaldo del resto de partidos. El dictamen de la Comisión de Medio Ambiente sólo obtuvo 42 votos por lo que no fue introducido al pleno con dispensa de trámite.
El diputado Mario Ponce, del PCN, explicó que su bancada legislativa no lo apoyó, pues consideró que limitar el uso de pesticidas afectaría a los agricultores que dependen de dichas sustancias para sus cosechas.
Añadió que de haber aprobado lo anterior se hubiera incrementado el costo de la producción de cereales, de la caña de azúcar y del café, entre otros, ya que estos sectores dependen de productos agroquímicos para combatir las plagas como la Roya.
“Son miles de manzanas (de caña de azúcar), sino les autorizamos a los cañeros a hacer uso del madurador difícilmente vamos a poder obviamente terminar la zafra y el país pierde empleo, pierde divisas, pierde el sector, sería un golpe más a la economía del país”, aseveró Ponce.
El diputado Vicente Menjívar, de ARENA, también había advertido que la prohibición de ciertos pesticidas ya estaban regulados en dos decretos ejecutivos emitidos uno en 2000 y otro en 2004, en los que se revela que el uso de los mismos ya está regulado y que es un proceso que se ejecutaría paulatinamente.
En ellos se regula el uso por vía aérea de Fosfuro de Aluminio, Paraquat, Metil paratión, Metamidofós, Terbufós, Metomil, Endosulfán, Carbofurán, Etoprofós, Aldicarb, Dimetoato y Forato.
Además, el país es signatario de convenios internacionales que documentan qué tipo de plaguicidas son los prohibidos, pero a su vez dejan a discreción de cada país la forma en como los va eliminando del mercado.
El diputado Francisco Zablah, de Gana, expresó que el país ya tuvo el tiempo suficiente para prohibirlos y no lo hizo. Pese a eso en el dictamen se había establecido que una vez se aprobara las empresas tendrían entre uno y dos años para buscar alternativas “verdes”, dijo.
Organizaciones de productores agrícolas y la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro), también hicieron eco ayer de la posición de ARENA y del PCN, a través de un comunicado. Enfatizaron que si la Asamblea autorizaba prohibir los agroquímicos, esto afectaría a más de 400 mil productores agrícolas.