La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y los candidatos de ARENA, Norman Quijano, y del movimiento Unidad, Tony Saca, criticaron ayer la reforma que impulsa el FMLN encaminada a revelar la información de los contribuyentes que no han cancelado sus obligaciones con el fisco.
La medida, propuesta por el FMLN al Artículo 28 del Código Tributario, busca eliminar la reserva a los datos de los contribuyentes para que los legisladores puedan acceder a dicha información y hacerla pública por cualquier medio si lo consideran conveniente.
De acuerdo con el presidente de la gremial empresarial, Jorge Daboub, la propuesta de reforma viola otros preceptos incluidos en el mismo Código Tributario, los cuales la enmienda pasaría por alto.
Según explicó, se viola el Artículo 23, que habla de las funciones básicas de la administración tributaria para atacar la elusión y evasión fiscales, que según dijo, son las herramientas con las que ya cuenta el Ministerio de Hacienda para cobrar a los que tienen mora con el fisco.
“Si ellos (diputados que apoyan la medida) tienen preocupación, que llamen al ministro de Hacienda (Carlos Cáceres) y que pregunten por qué no cumple el rol que le corresponde”, comentó.
Asimismo, Daboub sostuvo que el Artículo 91 de la misma normativa establece medidas de confidencialidad para que la información de los contribuyentes no sea revelada, y señala que los funcionarios que lo hagan caerán en responsabilidad penal.
Es más, sostuvo que en caso de evasión la ley dicta procedimientos expeditos para remitir a la Fiscalía General de la República (FGR) la información pertinente.
“El ministro de Hacienda tiene las herramientas (para cobrar a contribuyentes), y la pregunta es: ¿quieren seguir instrumentalizando para fines políticos esto?”, manifestó Daboub.
El dirigente empresarial recordó que la legisladora del FMLN, Lorena Peña, reveló en 2011 información de algunas empresas que, según datos de la legisladora, eran evasoras de impuestos, “pero esa información se comprobó que era falsa”, de acuerdo con Daboub.
Por otra parte, el presidente de la ANEP aclaró que la propuesta viola los principios de justicia, igualdad y legalidad contenidos en el Artículo 3 del Código Tributario. “Esto, en términos generales, está dejando al criterio de un diputado exponer las cosas (datos) y vemos que ya se utilizó mal”, acotó Daboub.
El también directivo de la gremial y presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Luis Cardenal, coincidió en que la medida sólo ahuyentaría la inversión en el país y haría que la información, ahora reservada, sea utilizada con intenciones políticas.
“En este caso este tipo de medidas lo que va a hacer es asustar la inversión y a los inversionistas potenciales. Es una información que debería ser manejada con prudencia y reserva, no utilizada para causar perjuicios a la seguridad personal y empresarial de las personas, así como para ser utilizada con fines políticos de desprestigio”, señaló.
Además de la ANEP, distintos economistas consideraron peligroso el proyecto de reforma (leer nota aparte) y además los diputados mostraron ayer dudas sobre la necesidad de estos cambios que pretenden avalar hoy.
Candidatos piden cautela
Por su parte, el candidato a la presidencia por ARENA, Norman Quijano, consideró que la medida “trastoca el derecho a la privacidad”.
“Aquí hay una Ley de Acceso a la Información Pública que establece los canales y caminos adecuados cuando alguien quiere acceder a la información de determinados funcionarios o de determinada persona; no creo que sea la Asamblea Legislativa el ente más idóneo o más apropiado para violentar la privacidad de las personas”, sostuvo el aspirante tricolor.
Asimismo, aseguró que la medida podría dar lugar a “una cacería de brujas y a riesgos para las personas sobre todo en un país que tiene altísimos niveles de criminalidad”.
En ese sentido, el aspirante del movimiento Unidad, Tony Saca, aseguró que la comisión de Hacienda del Congreso debe analizar más a fondo la medida, ya que a su juicio el Ministerio de Hacienda tiene los instrumentos legales para perseguir a los deudores del fisco.
“Sobre dar a conocer los nombres (de los deudores), creo que la comisión en la Asamblea Legislativa tendrá que darle pensamiento a esto. Que no se vaya prácticamente este asunto a deformar y se convierta en algo peligroso”, acotó.
En ese sentido, aseguró que el tema podría prestarse a otros aspectos negativos. “Esto ya se hace en otros países, pero hay que evitar el morbo, hay que tener cuidado con el morbo, porque si las autoridades tienen toda la información de quienes no pagan impuestos, que procedan, la ley le da a Hacienda toda la potestad para proceder”, aseveró Saca.
El miércoles, el diputado Guillermo Gallegos de Gana, uno de los partidos que conforman Unidad, dijo que la medida es oportuna y que su partido la apoyaría.
“Nosotros como funcionarios, para poder participar en la actividad política como candidatos, tenemos que estar al día con nuestras cuentas… Creo muy oportuna, muy necesaria e importante este tipo de reformas para evitar todo este tipo de personas inescrupulosas que deben al fisco”, dijo Gallegos.
No obstante, el jefe de bancada de Gana, Walter Guzmán, afirmó ayer que el tema no ha sido “tocado de manera oficial”, y que hoy darían una postura al respecto.
“Hay puntos de vista que tienen que ver con que entre más se debe al fisco es porque usted tiene mejores ingresos que otra persona, y con los índices delincuenciales puede ser peligroso, y creemos que se le tiene que dar más pensamiento”, sostuvo Guzmán.
Guzmán señaló que la intención de la reforma puede basarse en hacer llegar más fondos al Estado, “sin embargo es de darle un análisis a profundidad para ver los pro y los contra y qué tan conveniente puede ser y si es la única alternativa para mejorar los ingresos”, sostuvo.
Pese a que el PDC había dado el miércoles su apoyo a la medida, el diputado y secretario democristiano, Rodolfo Parker, dijo que después de revisar la propuesta de forma exhaustiva descubrieron que la misma viola la institucionalidad del país.
“Imagínese que los diputados tengan el derecho a tener acceso a información que no tiene calidad de cosa juzgada, con lo cual se rompería el principio de inocencia”, consideró Parker.
A juicio de Parker, si se publican los nombres de las personas que no han pagado al fisco, se considerará que son evasores sin que se agoten las instancias que la leyes otorgan para apelar un cobro que haga Hacienda.
Más allá de las aspiraciones de la medida, Parker aseguró que de fondo hay “malas intenciones”.