El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla, abrió una investigación administrativa en contra de una magistrada de la Sala de lo Constitucional, que juzga si la elección del funcionario fue legal.
Semanas atrás la magistrada Sonia Dinora de Barillas fue llamada por la Sala de lo Constitucional para que sustituyera a Padilla en el trámite de ese proceso, ya que él no puede fungir como juez y parte.
El proceso fue iniciado después que dos ciudadanos presentaran un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de Padilla como presidente de la Corte y de dicha Sala, en vista de que, según promotores, él ha admitido que tiene nexos con el partido FMLN y esto compromete la imparcialidad que debe tener como juzgador.
“Esta presidencia resuelve: apertúrase informativo (abrir proceso) contra la jueza Dilcia Hernández y los magistrados Sonia Dinora de Barrillas y Alex David Marroquín por la posible inobservancia a sus deberes…”, dice la resolución emitida por la presidencia de la Corte, con fecha 8 de agosto.
De acuerdo con el documento, la presidencia establece que hubo “ineptitud o ineficiencia manifiestas en el desempeño del cargo”, como lo establece el artículo 55 literal B, de la Ley de la Carrera Judicial.
En la resolución la presidencia de la Corte Suprema da un plazo de tres días hábiles a los jueces procesados brinden su respuesta.
El caso que les recrimina se basa en un señalamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) por la entrega de dos niños a su padre, después de que la abuela materna peleara legalmente para quedarse con la tutela de ellos tras la muerte de la madre.
Según el documento de la Corte, los funcionarios no tomaron “precauciones” para evitar un “potencial daño” a los menores ni cerciorarse de si la restitución de ellos podría exponerlos a un peligro. Además señala que el caso merecía “un mayor y más profundo estudio” y que tampoco a los niños se les pidió su opinión.
En seguida, cita que la PDDH estableció que “dichas conductas vulneraron el derecho de los niños a acceder de forma efectiva a la justicia…”.
La Sala de lo Constitucional se encuentra en la etapa final de la revisar la demanda contra Padilla. Ayer recibió la respuesta del Fiscal General de la República, Luis Martínez, según fuentes judiciales.
El artículo 26 de la Ley de la Carrera Judicial establece que “el ejercicio de un cargo de la Carrera es incompatible con la participación en política partidista; esto es, pertenecer a cuadros de dirección o ser representante de partidos políticos o realizar actividad proselitista”.
La apertura de la investigación contra Barillas es el segundo escollo que encuentra la Sala de lo Constitucional mientras estudia el caso de Padilla.
Hace unas semanas, la Sala de lo Contencioso decidió abrir un proceso para determinar si fue legal la elección de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, después que estos habían resuelto darle trámite a dos demandas contra la elección de Padilla.
Este último caso ha causado revuelo en el ambiente jurídico e incluso abogados y académicos, que sólo ven un intento más de descabezar a la Sala del o Constitucional.