El informe preliminar de como se llevó a cabo el contrato entre CEL y Enel fue leído ayer en la comisión especial de la Asamblea Legislativa. En el documento se recomienda al Estado no cumplir con el fallo arbitral emitido a favor de Enel por un Tribunal de Apelaciones de París. Se prevé que el pleno lo conozca hoy.
Si los diputados lo aprueban con 43 votos, el Congreso emitiría un recomendable al Ejecutivo en el sentido que incumpla con el laudo arbitral. ARENA está en contra.
Y es que según las conclusiones plasmadas en el documento preliminar, el contrato de concesión entre CEL y Enel para la explotación de energía geotérmica adolece de varias irregularidades.
Además, cuestiona a los funcionarios de la CEL y a los miembros de su Junta Directiva, así como a LaGeo, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), y el ministerio de Economía, involucrados en el proceso y que ejercieron sus funciones entre 1999 a 2004.
El informe afirma que tanto el expresidente de la República, Francisco Flores, como Miguel Lacayo, exministro de Economía; y Guillermo Sol Bang, expresidente de CEL, “actuaron de manera negligente y excediendo las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República y leyes secundarias”.
La junta directiva que dirigió CEL entre 1999 a 2004 también es cuestionada en el documento haciendo ver que el presidente de la entidad de ese entonces, Sol Bang, “tomó decisiones y acuerdos antiéticos e ilegales que sólo favorecían a una de las partes, es decir, a Enel Green Power”.
Entre los razonamientos del documento se detalla que en el proceso de adjudicación de la geotérmica “se subvaluó a los activos provenientes del Estado para someterlos a un proceso de privatización encubierta”.
En el informe se pide a la Corte de Cuentas de la República que investigue la variación patrimonial de las sociedades Gesal y CEL, durante el periodo en que se llevó a cabo la concesión, y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que investigue durante el mismo lapso de tiempo las variaciones individuales del patrimonio de los exfuncionarios mencionados en el caso.
Sin embargo, la bancada legislativa de ARENA también rindió ayer un informe contrariando los argumentos que en el informe se detallan. (Ver nota en página aparte).
Debate en la comisión
La comisión, con excepción de los diputados de ARENA, acordó hacer algunas modificaciones de forma, incluyendo la que recomienda al Estado no acatar el laudo.
Analizar la posibilidad de cambiar esto último surgió luego de que el diputado de ARENA, Mario Valiente, pidiera a sus colegas de la comisión que recapacitaran sobre las consecuencias que podría traer para el país recomendarle al Estado que no cumpla el fallo internacional.
Ante la decisión de que la Asamblea Legislativa recomiende no cumplir el laudo, sabiendo que el país se sometió al arbitraje voluntariamente, recomendó que se medite y modifique antes de subir el informe final al pleno.
El diputado disidente de ARENA, Sigifrido Ochoa Pérez, quien anteriormente había afirmado estar de acuerdo con la redacción del informe, y tras escuchar el razonamiento de Valiente, reaccionó diciendo que aún se puede acudir a otras instancias para hacer valer los intereses de El Salvador.
“Yo creo que en este caso no hay que ser malinchista, es decir entregarle todo al extranjero; yo creo que El Salvador tiene todo el derecho de buscar una instancia superior donde puede apelar esta decisión de un comité internacional que se ve que es sesgado a favorecer a esta empresa internacional”.
Al final de la reunión, el presidente de la comisión, Jaime Valdez, matizó que lo que se pretende es que se hagan todos los esfuerzos posibles por revertir el fallo.
“Lo que estamos planteando es la necesidad de buscar mecanismos de defender los intereses del Estado y hacer todas las diligencias para ganar el arbitraje internacional a efecto de recuperar la soberanía y los bienes públicos”, aseguró Valdez.