Los casos más atendidos mediante la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Lepina) corresponden a abuso sexual, exceso del derecho de corrección (maltrato infantil), abandono hospitalario (luego del parto), negligencia en el cuido de los niños y trata de personas.
Con la nueva normativa, estos casos ya no son ventilados solo en los juzgados, sino en las Juntas Departamentales Protección (JDP) que funcionan como tribunales administrativos, pero este sistema administrativo de protección aún no ha sido constituido en su totalidad y tampoco cuenta con los recursos necesarios para atender la demanda, aunque la Lepina entró en vigencia hace ya más de cuatro años.
La Lepina surgió para auxiliar a los menores en condición de abandono, orfandad, mendicidad, adopciones y otras violaciones de derechos de la niñez y la adolescencia.
Para situaciones más complejas han sido creados los tribunales para la Protección de la Niñez y la Adolescencia, pero en la actualidad solo hay tres en todo el país, situados en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.
Más aún: solo hay una cámara sobre esos juzgados.
Según los jueces, para atender la demanda del país los tribunales designados son pocos; lo ideal sería que hubiese al menos un juzgado por departamento.
Desde la aplicación de la Ley, en San Salvador han sido resueltos 75 procesos judiciales generales y 82 abreviados. No obstante, los casos de maltrato infantil suman cerca de cuatro mil en todo el país solo en este año, según el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna).
Los procesos generales demandan más tiempo para poder ser resueltos (cinco meses) y los abreviados, que implican problemas menos graves, únicamente requieren de una audiencia.
Otros 248 casos que estaban en poder del Instituto Salvadoreño para la Protección a la Niñez y Adolescencia (Isna) también han sido resueltos.
A simple vista, las estadísticas dicen poco del trabajo de los tres tribunales de la Niñez y la Adolescencia tras casi dos años y medio de funcionamiento. Sin embargo, el magistrado de la Cámara Especializada de la Niñez Álex David Marroquín justificó que los procesos que estos tribunales ventilan son muy distintos a los ordinarios de adultos, por el nivel de complejidad que presentan.
Para Marroquín, el trámite y resolución de cada caso requiere de un abordaje integral por víctima, el cual consiste en un trabajo de campo en su entorno y una investigación de equipos multidisciplinarios (psicólogo, trabajador social y educador).
A juicio del magistrado, el peor problema de la nueva normativa es que El Salvador no ha cambiado el esquema del pasado, en que toda divergencia social debía conocerse en una sede judicial y no en las instituciones gubernamentales correspondientes.
Con la nueva Ley se estableció una estructura administrativa que atendería las vulneraciones individuales de derechos de los niños, pero, a juicio de Marroquín, dicha política todavía no da frutos.
La directora del Conna, Zaira Navas, explicó que el nuevo sistema de protección demanda dinero que no se tiene, además organización y coordinación de diferentes sectores de la sociedad que no se consiguen de la noche a la mañana.
La Ley establece que el sistema se implementaría progresivamente a partir de 2011.
Los problemas que resuelve la Lepina incluye a varios ministerios como Hacienda, Justicia y Seguridad Pública, Salud, Educación, Trabajo y toda la red de apoyo. Esta última aún no ha sido creada, y ello afecta la solución de los casos.
Donde reconoce que hay dificultades es en la formación de los comités locales de protección, los cuales son de competencias municipales y deberían promover las condiciones adecuadas para el desarrollo de la niñez, sin embargo, apenas hay 42 municipios que han avanzado en el proceso (ver nota aparte).
Por su parte, el Órgano Judicial ha cumplido parcialmente con los compromisos que le demanda la Ley, detalló Marroquín.
El magistrado recalcó que, con el nuevo modelo, los jueces no están para resolver problemas sociales, sino asuntos de relevancia jurídica.
Navas explicó que las JDP funcionan como tribunales administrativos, a los que en primer instancia son llevados los niños, víctimas de violación de sus derechos.
La misión de esas juntas es decretar medidas de protección a favor del niño agredido, mientras los imputados son sometidos en los tribunales ordinarios a un proceso penal por el delito cometido, el cual puede ser abandono, negligencia, descuido o maltrato.
Una medida de protección para un niño que ha sido maltratado físicamente por su padre podría ser que la junta determine entregar al menor con otro familiar que le garantice su tranquilidad.
En condiciones óptimas, las JDP son instancias encargadas de investigar los problemas que afectan al niño y protegerlo, pero cuando esta función escapa de sus posibilidades refieren el caso a un tribunal de Niñez.
“El Salvador, como Estado, no asume de manera plena esa obligación y en 2013 todavía se dice que el sistema se va a ir articulando poco a poco”, cuestionó Marroquín.
Inversión en niñez
Si no hay inversión en niñez y adolescencia tampoco podrán resolverse los problemas que aquejan a los salvadoreños.
Como ejemplo, el funcionario citó el fenómeno de las pandillas, en el que advierten que detrás de estos grupos, hay desintegración familiar, abandono, maltrato, omisión de políticas básicas y que ahora tienen sus consecuencias.
Ante la falta de respuesta a las necesidades de la niñez por parte de la juntas departamentales, las soluciones de los problemas sociales de la niñez se siguen buscando erróneamente en los tribunales, aseveró el magistrado.
Esta realidad ha aumentado el trabajo de los pocos juzgados que existen, de ahí que los procesos que deben durar cinco meses están tardando entre ocho y 12 meses.
Los jueces dicen que las demandas son tantas que al inicio de su vigencia los empleados de estos tribunales debían trabajar más allá del horario normal hasta las 10:00 de la noche y los fines de semana.
Más de seis audiencias de procesos generales se desarrollaban al día, dijo la jueza María de los Ángeles Figueroa. Con el refuerzo de personal esta carga bajó a cuatro diarias.
Según la complejidad de los casos así es la duración de la audiencia. En promedio tardan de 20 a 30 minutos, pero en las diligencias en las que debe dictarse sentencia el promedio es de una hora y media, explicó Figueroa.
Además, hay procesos abreviados que tardan de cuatro a seis horas y que, por lo general, son programadas para la tarde.
Los jueces advierten que, luego de las audiencias hay que redactar las resoluciones, las cuales demandan trabajo de escritorio que también retrasa el proceso.
“El personal de estos juzgados es joven y comprometido, quienes han laborado más allá de los horarios establecidos para sacar a tiempo las resoluciones “, afirmó la jueza Dilcia Ninosca Hernández.
Este sobre esfuerzo, dicen los jueces, ya causó problemas de salud y creó dificultades en la administración de justicia.