Gremiales de empresarios de transporte público de pasajeros aseguraron que los proyectos impulsados por el gobierno y el Viceministerio de Transporte buscan “sacar de la cancha” a los actuales operadores de este servicio.
Fue la opinión generalizada al conocer sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que fue presentada a la Asamblea Legislativa.
La iniciativa fue recibida el 9 de abril por el órgano Legislativo y presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Pero fue hasta el lunes pasado que el diputado Guillermo Olivo, legislador efemelenista, introdujo una propuesta para elaborar un dictamen, que busca que el Viceministerio de Transporte (VMT) tenga las facultades para modificar los contratos de concesión y permisos de buses y microbuses y trasladar a aquellas unidades a zonas donde haya deficiencia en el servicio de transporte.
La propuesta del diputado está basada en la misma iniciativa que llevó el MOP.
El representante legal de la Asociación Cooperativa de Pilotos Automovilistas y Trabajadores del Transporte (Acopatt), que aglutina a las rutas 29 de Soyapango, dijo que el gobierno está “corriendo” para hacerle fácil el camino al VMT con la implementación del Sitramss.
El estudio técnico del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) presentado por el consorcio EM&A en noviembre de 2011, expone que actualmente en el Bulevar del Ejército entran 51 rutas, pero sugiere que se reestructuren a 35 nuevas rutas alimentadoras del Sitramss. Pero en recientes declaraciones el viceministro de Transporte, Nelson García, dijo que sólo habrá 28 nuevas rutas.
Catalino Miranda, empresario de microbuses de la ruta 42, de Acostes, y accionista del Sistema Prepago (Sipago), dijo desconocer la iniciativa de reforma y que se enteró a través de este medio.
No obstante, opinó que es una reforma que pretende darle la “potestad” al VMT de cambiar o sustituir por completo el actual servicio.
El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, dijo ayer que la reforma de Ley no “lleva la iniciativa del Ejecutivo”; no obstante el documento con número de expediente 801-4-2013-1 deja en evidencia que fue el Ejecutivo, a través de esa cartera de Estado, quien la presentó en abril.
Empresarios de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros (ATP) y Acopatt argumentaron que la iniciativa se suma a proyectos anteriores que no fueron consultados ni discutidos con el sector, como la creación del Sistema Prepago (Sipago), la puesta en marcha del Sitramss y la implementación de la tarjeta electrónica del Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes).
Rodrigo Conteras Teos, que no quiso dar su punto de vista como secretario de Sipago, sino como presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (Casit), dijo que no está de acuerdo con la redacción de la reforma.
Aseguró que al artículo 27-C de la Ley le agregaría: “…que siempre y cuando dichos cambios y modificaciones sean discutidos y concertados con las diferentes rutas que han firmado el convenio o contrato”.
Contreras Teos aseguró que el 60 % de empresarios de San Salvador es parte del Sipago, es decir que hay más de dos mil acciones adquiridas. Añadió que en Sipago aún no han discutido el tema. El diputado de ARENA, Carlos Reyes, dijo que no apoyarán una reforma que viola la Ley de Transporte y la misma Constitución.
La iniciativa de Ley, en el artículo 27-D, también busca restarle la autonomía a las municipalidades para obtener los permisos que necesita el VMT para la construcción del nuevo sistema de transporte.