La coordinación entre las diferentes instituciones del sector Justicia y Seguridad es una de las principales recomendaciones que especialistas del Banco Mundial (BM) hicieron a las autoridades salvadoreñas a partir de los resultados de una investigación realizada entre 2011 y 2012.
La misma sugerencia propusieron, recientemente, representantes del Gobierno de Chile a la comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa.
El estudio del BM arrojó que había grandes brechas institucionales. Esta situación se ha hecho evidente entre la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia.
Sólo en el caso de las extorsiones, el jefe de dicha unidad, Allan Hernández, se quejó de que las anteriores jefaturas negaban información clave a la Fiscalía.
Por ejemplo, aseguró, no informaban a la Fiscalía sobre los penales en los que se había instalado sistemas de bloqueos de señal para telefonía celular.
Tampoco se coordinaban acciones conjuntas para profundizar en algunas tareas antiextorsiones, que de alguna forma han influido para que los chantajes hayan incrementado en el país. Al parecer, estos inconvenientes han sido superados con las nuevas autoridades de Justicia, con quienes el fiscal general, Luis Martínez, ha sostenido reuniones de coordinación.
En cuanto a Chile, las autoridades expusieron que aunque ese país no experimenta el auge delincuencial que hay en El Salvador, sostuvieron que cuando los Carabineros (policía chilena) pertenecía al Ministerio de Defensa aumentaron hechos delictivos como los robos en cajeros automáticos, en bancos y en residencias.
Las autoridades chilenas expusieron en su conferencia que con esa estructura no se compartían las bases de datos de la Policía, la Fiscalía y los Tribunales de Justicia.
Con la nueva orientación al mando del Ministerio del Interior las bases de datos delincuenciales están en línea y son accesibles a las diferentes entidades de seguridad, lo que ha mejorado el combate a la delincuencia.