La publicación del polémico decreto transitorio 412 con el que se intenta blindar a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, antes de que el Ejecutivo decida si lo avala, observa o veta, no corresponde al proceso de ley afirma ARENA, mientras que desde el bloque de partidos que respaldaron esa iniciativa, el PDC niega que se viola la ley.
El diputado tricolor Roberto d’Aubuisson calificó de “absurdo” el hecho de que la Asamblea Legislativa haya mandado a publicar en medios de comunicación escritos dicho decreto sin que haya concluido el proceso de ley.
Ese proceso implica que una vez aprobado un decreto por el pleno legislativo, este es enviado en un plazo de 15 días al Presidente de la República para que él lo sancione (apruebe), lo vete u observe.
Si lo aprueba el presidente, ese decreto es enviado al Diario Oficial para su publicación y entra en vigencia ocho días después de publicado.
El decreto aprobado en un madrugón el 27 de junio pasado por las bancadas del FMLN, Gana, PDC, PCN y los cinco disidentes de ARENA, fue enviado el lunes al presidente, confirmó Casa Presidencial.
David Rivas, secretario de comunicaciones de la Presidencia dijo “está en análisis”.
El decreto transitorio prohíbe la propaganda o publicidad y eventos proselitistas que por cualquier medio de comunicación “desprestigien” especialmente a los candidatos.
Arnoldo Marín, diputado del PDC y uno de los promotores del decreto, dijo que publicarlo antes de que pasara por las manos del presidente fue acordado por los partidos a fin de “contribuir” a que haya una campaña limpia y sin difamaciones entre candidatos. Negó que se esté violando el proceso de ley.
“En el dictamen que aprobó la Asamblea se acordó que además de pasar por el proceso de formación de ley se publicara en los periódicos de mayor circulación del país aún cuando no haya terminado el proceso”, dijo Marín.
Pero para d’Aubuisson, esta decisión es “peligrosa” y “confunde a la gente”.
Según Marín, publicar el decreto antes de que el presidente se pronuncie lo estipularon en el dictamen, y que en el caso de que el presidente lo vete, quedará como “un intento de querer contribuir a una campaña limpia”.
Pero d’Aubuisson dice que esa decisión de publicar el decreto sin que lo haya analizado el Ejecutivo y haya tomado una decisión, demuestra una “actitud prepotente” de “los autores” de esa medida, que califica de “ley mordaza”, pues vulnera los derechos fundamentales del ciudadano como la libre expresión y de pensamiento, estipulados en el artículo 6 de la Constitución. Por eso, añade, han pedido al presidente que lo vete.