El presidente Mauricio Funes declaró en reserva total toda documentación relacionada con sus viajes al exterior y a los que realice su esposa Vanda Pignato, aun cuando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) lo obliga a hacer públicos esos datos.
En la página oficial de la Presidencia de la República se puede ver esta disposición incluida en el índice de información reservada que está vigente desde el 30 de enero pasado y que no será desclasificada sino hasta el 2017.
Lo anterior significa que ningún ciudadano podrá conocer en ese lapso, por ejemplo, lo que gastó el gobernante y su esposa en sus misiones.
De la prohibición de brindar la “documentación de viajes y logística de seguridad y transporte efectuados por el presidente de la República y la primera dama en misiones internacionales” se responsabiliza el secretario jurídico de la Presidencia, Ricardo Guillermo Marroquín Peñate.
El secretario de comunicaciones, David Rivas, dijo que consultaría a Marroquín, que se le llamara por la tarde, pero ya no respondió en su celular.
Desde que entró en vigencia la LAIP, la Presidencia nunca ha rendido cuentas sobre los viajes de la pareja presidencial. El mismo Funes ha protestado porque se le pide informes sobre el punto y recurre a que antes nadie pedía eso a gobiernos anteriores, e incluso se ha escudado en que el exmandatario Francisco Flores ha viajado más que él.
También ha argumentado que por recomendación del Organismo de Inteligencia del Estado no puede revelar detalles de esos movimientos, además de que ya se sabe de antemano a qué países viaja y quiénes lo acompañan.
De hecho, esta medida la sustentan en los literales b) y d) del artículo 19 que se reservará información siempre que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública” y aquella “que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
En el artículo 10, la ley obliga a todos los entes públicos a publicar de manera oficiosa, entre otros datos, el listado de viajes internacionales financiados con fondos públicos. Y de manera más específica los obliga a publicar nombre del viajero, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos y cualquier otro gasto.
Sin sustento legal
Transparencia Internacional Capítulo El Salvador (Alac-El Salvador) y la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) coinciden en que las razones de la Presidencia para blindar información sobre viajes realizados no tiene sustento a la luz de la LAIP.
“Si fueran los viajes que él va a realizar sí, por seguridad física de él o su esposa…, pero viajes realizados deberían transparentarse porque él va en misión oficial a representar los intereses de El Salvador”, opinó Roberto Burgos, coordinador de Alac.
Para Burgos, con esta medida se violenta la ley, es un abuso de poder y se sienta un pésimo precedente.
Recordó incluso la negativa a repetidas peticiones que Alac ha hecho en representación de ciudadanos de información de viajes de más de 40 funcionarios, incluidos Funes y su esposa. La razón última que se les hizo saber es que en enero se había declarado en reserva los viajes de la pareja presidencial, pero alega Burgos que la información solicitada correspondía a viajes ya realizados, no los futuros.
“A mi criterio personal no reúne las características para ser declarada la reserva. No veo por qué, como dice el mismo presidente, los viajes son conocidos, no tener que dar a conocer las razones por las que se han hecho, el tipo de misión y los costos… no le estamos pidiendo el plan de viaje futuro”, dice Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD.
Tanto Villalta como Burgos apuntan que no ser transparentes en estos casos da pie a sospechas de ilícitos. “Esta clase de viajes es la que precisamente, de espacios opacos en la gestión y del gasto, son las que se prestan a sospechas de corrupción”, dice Burgos.
Burgos ejemplificó en que los “señalamientos públicos” a que la comitiva oficial a Cádiz, España, en noviembre de 2012 fue “exageradamente grande e injustificada”.
Para Villalta, no se trata de “estarle contando las costillas al presidente, sino de que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que se está haciendo un buen uso de los recursos públicos. Creo que es una responsabilidad ética, una obligación de transparencia”.
Recordó que la única instancia para determinar si esa reserva está justificada o no es el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), pero este no puede intervenir de oficio, sino a partir de la denuncia de un demandante al que le han negado información.
El comisionado del IAIP, Mauricio Vásquez, confirmó que en este tipo de casos están a “expensas” de que un ciudadano les pida que revisen sobre esa medida, pues el Instituto está capacitado por la ley para conocer este tipo de casos y valorar si esta declaratoria de reserva ha sido hecha de acuerdo con la LAIP.
Añadió que al momento no tienen una petición sobre ese caso específico, aunque sí tienen en estudio 19 expedientes de apelación con información declarada en reserva o denegatorias de información por distintas instituciones públicas, sobre todo alcaldías.